La investigación apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los convenios firmados entre el GOREM y la Fundación ProCultura. De los fondos entregados, al menos $1.000 millones no habrían sido rendidos ni restituidos, generando un flanco judicial y político que ha complicado seriamente la gestión del gobernador, en medio de críticas crecientes desde el consejo regional.
Por Equipo El Despertar
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, confirmó este viernes la solicitud de desafuero contra el actual gobernador metropolitano de Santiago, Claudio Orrego Larraín, en el marco de la investigación por el denominado Caso Convenios. La arista en cuestión involucra a la Fundación ProCultura, entidad que recibió más de $1.800 millones del Gobierno Regional Metropolitano (GOREM) para ejecutar proyectos culturales y sociales.
Según informó el persecutor, la solicitud será revisada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en una audiencia programada para el lunes 6 de octubre. En caso de apelaciones, el proceso podría escalar hasta la Corte Suprema. La acción se suma al requerimiento presentado por consejeros regionales de oposición ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que busca la destitución de Orrego por presunto incumplimiento de deberes como autoridad regional.
La investigación apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los convenios firmados entre el GOREM y la Fundación ProCultura. De los fondos entregados, al menos $1.000 millones no habrían sido rendidos ni restituidos, generando un flanco judicial y político que ha complicado seriamente la gestión del gobernador, en medio de críticas crecientes desde el consejo regional.
El caso se agravó tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República, que detectó serias irregularidades en el uso de recursos públicos entre enero y septiembre de 2024. El documento menciona gastos que podrían estar vinculados a actividades proselitistas y a la campaña de reelección de Orrego, incluyendo pagos por más de $31 millones en asesorías y $51 millones en compras por trato directo sin respaldo legal.
La situación ha desatado un fuerte conflicto institucional en el gobierno regional, mientras se aguarda la decisión del tribunal de alzada sobre el eventual desafuero. En paralelo, se mantiene en curso el proceso ante el Tricel, que podría derivar en la destitución del gobernador, dependiendo del resultado de ambas instancias.