Si de salida hablamos, el calendario no alcanza. Hace falta programa mínimo inmediato: alto total a la represión y desmilitarización de territorios; libertad y amnistía para perseguidos por protestas; plazos perentorios y vinculantes para elecciones 2026 con observación internacional; comisión independiente para la masacre de 2022–2023; protección a prensa y defensores; y bloqueo constitucional a la vacancia como método de gobierno. Y, sí, abrir el debate sobre nuevo pacto social (Constituyente) para salir del loop de presidentes descartables. Y algo que no se puede olvidar, poner termino a la persecucion judicial contra el Presidente Constitucional Pedro Castillo y restituir su libertad.
Por Equipo El Despertar
La traición siempre se paga con traición. Perú acaba de romper otro récord de inestabilidad: con 122 votos, el Congreso vacó por “incapacidad moral permanente” a la golpista y corrupta Dina Boluarte y José Jerí, titular del Legislativo, juró como presidente interino con la promesa de conducir elecciones en 2026. Es el séptimo mandatario en nueve años. La “corrección institucional” luce impecable en el papel; en la calle es la misma rotativa de élites que llaman “democracia”. Gramsci hubiera hablado de crisis orgánica: cuando la clase dirigente ya no puede mandar como antes, cambia de rostro para que nada cambie.
La vacancia por “incapacidad moral” se ha vuelto en Perú una cláusula de excepción parlamentaria. No es una rendición de cuentas; es poder de veto de un Congreso sin legitimidad social que funciona como comité de negocios de la oligarquía. Marx y Engels lo escribieron sin perfume: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía.” Aquí ese comité destituye, designa, posterga elecciones y reparte garantías al mercado mientras el país pide pan, trabajo y justicia.
Jerí abrió con un doble mensaje: “reconciliación” y “guerra a la delincuencia: el enemigo está afuera, en las calles”. Manual de securitización para administrar la crisis: se declara “guerra” al síntoma, se evita nombrar a los responsables estructurales de la extorsión, el contrabando y el despojo. Loïc Wacquant lo llamó Estado penal: se substituye política social con tolete y procesamientos selectivos. El resultado siempre es el mismo: mano dura abajo, manos suaves arriba.
Mientras la élite se reorganiza, las familias de las 67 víctimas de la represión (diciembre 2022–marzo 2023), esa que abrazo el Presidente hileno, Gabriel Boric y su gobierno, recordaron lo obvio: la vacancia no es justicia. Exigen cárcel para Boluarte y mandos responsables. La Fiscalía pidió impedimento de salida por casos EsSalud y Los dinámicos del centro, y el Poder Judicial programó audiencia. Bien, pero incompleto: sin verdad, reparación y garantías de no repetición, se reciclará la impunidad. Angela Davis lo advirtió mil veces: castigar selectivamente no resuelve la violencia de Estado; la disimula.
El nuevo presidente llega con su propio equipaje, según el minuto a minuto compartido: señalamientos de sobornos en gestión parlamentaria, y una denuncia de violación archivada; ingredientes perfectos para otra temporada de desgaste. Los mercados ya hablaron: el dólar se disparó, es su forma de votar, y el Banco Central promete “técnica”. A los que trabajan les tocará “adaptarse”. Kalecki lo explicó con frialdad: la clase empresarial detesta el pleno empleo y prefiere la incertidumbre disciplinaria.
Si de salida hablamos, el calendario no alcanza. Hace falta programa mínimo inmediato: alto total a la represión y desmilitarización de territorios; libertad y amnistía para perseguidos por protestas; plazos perentorios y vinculantes para elecciones 2026 con observación internacional; comisión independiente para la masacre de 2022–2023; protección a prensa y defensores; y bloqueo constitucional a la vacancia como método de gobierno. Y, sí, abrir el debate sobre nuevo pacto social (Constituyente) para salir del loop de presidentes descartables. Y algo que no se puede olvidar, poner termino a la persecucion judicial contra el Presidente Constitucional Pedro Castillo y restituir su libertad.
En la región, las fichas se mueven. Petro clavó la frase: “la traición se la pagaron con traición”. Más allá del dardo, la constante es otra: el parlamentarismo de excepción como forma de gobierno en un país sin representación real. Mariátegui lo dijo para siempre: “No queremos calcos ni copias, sino creación heroica.” En Perú, la creación heroica significa poder popular que no dependa de la buena voluntad de un Legislativo eternizado en su propia supervivencia.
Vacaron a Boluarte; nombraron a Jerí. La música sigue. O el país reconstituye la política desde abajo —con sindicatos, comunidades, juventudes, regiones— y obliga a un proceso constituyente con garantías, o la rotativa seguirá: vacancia–juramentación–represión–devaluación. Rosa Luxemburg dejó la brújula: reforma o barbarie. En Perú ya sabemos cómo suena la barbarie: sirenas de madrugada, comunicados de mercado al mediodía, y funerales al atardecer.