Más allá del intercambio de culpas, el hecho político es serio: presupuestar es gobernar. Convertir el erario en trinchera electoral es someter al país a un chantaje fiscal donde los costos recaen sobre programas sociales, inversión y servicios que no esperan calendarios de campaña. La oposición tiene derecho a exigir reorientaciones y mayor control; lo que no tiene sentido es la barra brava de “rechazar todo” sin una contrapropuesta integral y costeada.
Por Equipo El Despertar
La comisión mixta le asestó un golpe inédito a Hacienda: rechazó prácticamente todas las partidas del Presupuesto 2026. El ministro Nicolás Grau lo resumió sin vueltas en T13 Radio: “En rigor la oposición rechazó todo, absolutamente todo”. El resultado deja al Gobierno y a la oposición obligados a un acuerdo exprés en Cámara y Senado, en plena campaña presidencial, para evitar que el erario entre en tierra de nadie.
Grau puso el foco en el Partido Republicano y acusó que Chile Vamos se ha “mimetizado” con la derecha radical. “Espero que post elecciones prime más la visión de Chile Vamos y no la de republicanos”, dijo, abriendo la puerta a un entendimiento después del 16 de noviembre. Al mismo tiempo, calificó de “irreflexiva” la estrategia de “rechazarlo todo” y planteó una contradicción evidente: “La oposición dice que necesitamos un gasto más chico, y luego hace una larga lista de cosas en las que hay que aumentar el gasto”.
El único opositor “claro”, según el ministro, fue Agustín Romero (Republicano), quien propuso un recorte de US$ 2.000 millones. Para Grau, esa tijera significa menos gasto social y no representa “el acuerdo que el país quiere”. Cuando preguntó si Romero era la voz de toda la oposición, “hubo silencio”, apuntó, sugiriendo que RN y UDI están entre diferenciarse o mimetizarse. “El Partido Republicano lleva años haciéndole bullying a la derecha tradicional… y lo que han hecho es mimetizarse”, remató.
Más allá del intercambio de culpas, el hecho político es serio: presupuestar es gobernar. Convertir el erario en trinchera electoral es someter al país a un chantaje fiscal donde los costos recaen sobre programas sociales, inversión y servicios que no esperan calendarios de campaña. La oposición tiene derecho a exigir reorientaciones y mayor control; lo que no tiene sentido es la barra brava de “rechazar todo” sin una contrapropuesta integral y costeada.
En el trasfondo hay dos proyectos que no se dicen por su nombre. Uno empuja austeridad con recortes horizontales —la receta de “menos Estado” que siempre termina cobrando abajo—; el otro intenta sostener pisos sociales y empuje contracíclico en un contexto de crecimiento frágil. Kalecki lo advirtió: el gran capital prefiere la disciplina del desempleo a la expansión que empodera al trabajo. Traducido a chileno: si el presupuesto se vuelve rehén, ganan los que viven de rentas, pierden los que viven de su salario.
El Gobierno también arrastra cuentas pendientes: más transparencia en devengos y ejecución, mejor gestión probatoria del impacto de programas, y una hoja de gastos e ingresos que anticipe el debate en vez de administrarlo. Pero esa exigencia no justifica dinamitar el erario. Si la oposición quiere gobernabilidad, el camino es enmendar y acordar, no vaciar.
Lo razonable ahora es un pacto de mínimos: resguardar salud, educación, cuidados, seguridad con enfoque civil, inversión pública que mueva empleo y una regla de gasto creíble; instalar un mecanismo de seguimiento en comisión mixta y fijar metas trimestrales de ejecución con datos abiertos. Quien crea que el país va a premiar el juego del gallito con su presupuesto, no está leyendo el clima social.
Si, como dijo el ministro, después del 16 de noviembre “prime la visión de Chile Vamos”, se verá en el hemiciclo. Hasta entonces, hay una línea roja que nadie debiera cruzar: no usar el Presupuesto como barricada. Porque cuando el Excel se transforma en arma, no sufre un comando; sufre el país.