El Poder Judicial concentra la mayor anomalía: 98 jueces (ministros con sueldos sobre $7–9 millones más asignaciones de zona) pagan $120–$150 mil por casas fiscales; 24 de ellos llevan más de 10 años en el beneficio, pese a que el reglamento fija 5 años prorrogables. Hay seis inmuebles fiscales en Vitacura; uno fue ocupado por el ministro Antonio Ulloa (Corte de Apelaciones de Santiago), hoy cuestionado por sus vínculos con Luis Hermosilla, pagando $480 mil por un departamento cuyo arriendo de mercado bordea los $2 millones. Esta no es política de vivienda: es un subsidio en especie a la cúspide remuneracional del Estado.
Por Equipo El Despertar
Según un estudio de Cristian Ascencio, publicado por “El Mostrador”, más de 200 funcionarios públicos con sueldos sobre $4 millones ocupan casas fiscales en todo Chile pagando arriendos que, en la práctica, son simbólicos: entre $70 mil y $150 mil al mes, muy por debajo del precio de mercado. El mecanismo es simple y legalista: se descuenta un 10% del sueldo base (o 15% en el Poder Judicial), que suele ser sólo una fracción del salario real. El resultado es obsceno: vivienda de alto estándar en zonas céntricas o de alta plusvalía para quienes menos necesitan ayuda habitacional, a costa del patrimonio público.
El caso paradigmático es el del delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Illanes (FA): con un sueldo que supera los $7 millones (y sobre $10 millones con bonos), paga $70 mil por una casa fiscal en Copiapó. La Delegación defiende el beneficio por “disponibilidad y cercanía” (art. 91 de la Ley 18.834). Pero la excepción se volvió regla: no hay límites de ocupación en la mayoría de los servicios y hay funcionarios instalados hace más de una década. En O’Higgins, dos altos cargos del GORE ocupan viviendas desde 1995 y 2005; recién ahora fueron notificados para devolverlas. En Concepción, frente a la U. de Concepción, un abogado del GORE paga $82 mil por un departamento que ocupa desde hace 10 años.
El Poder Judicial concentra la mayor anomalía: 98 jueces (ministros con sueldos sobre $7–9 millones más asignaciones de zona) pagan $120–$150 mil por casas fiscales; 24 de ellos llevan más de 10 años en el beneficio, pese a que el reglamento fija 5 años prorrogables. Hay seis inmuebles fiscales en Vitacura; uno fue ocupado por el ministro Antonio Ulloa (Corte de Apelaciones de Santiago), hoy cuestionado por sus vínculos con Luis Hermosilla, pagando $480 mil por un departamento cuyo arriendo de mercado bordea los $2 millones. Esta no es política de vivienda: es un subsidio en especie a la cúspide remuneracional del Estado.
También figuran contralores regionales con sueldos sobre $7 millones (hasta $12 millones con bonos) pagando $85 mil; directivos de MOP (Vialidad, DOH, Obras Portuarias), Corfo, Mineduc, SAG y Bienes Nacionales. Parte de los organismos se negó a entregar nóminas completas. El secreto estadístico como cortina ética: cuando el Estado protege la identidad de beneficiarios poderosos, no protege datos personales; protege privilegios. Marx y Engels lo dirían sin perfume: el Estado moderno es el comité que administra los negocios comunes de la burguesía; en su variante criolla, también administra comodidades para su alto funcionariado.
La justificación típica, “retención de talento, alta disponibilidad, zonas extremas”, se cae por su propio peso si no hay criterios, plazos, topes y transparencia. Si el beneficio lo usa quien menos lo necesita y se perpetúa por décadas, deja de ser herramienta de gestión y se convierte en renta. Peor aún cuando se asigna en barrios premium (Vitacura) o en franjas centrales (Concepción), empujando la gentrificación y privando al Estado de ingresos por arriendo de mercado o de la posibilidad de destinar esos inmuebles a fines sociales.
La corrección no requiere poesía, sino reglas: 1) Publicidad activa de todos los inmuebles, ocupantes y cánones; 2) Topes de 24–36 meses improrrogables (con causales estrictas), rotación obligatoria y prohibición para altos salarios (p. ej., sobre $4 millones) salvo destinos de zona extrema y funciones críticas; 3) Canon referenciado a arriendo de mercado con piso mínimo (p. ej., 40–60% del valor comercial), no a un 10–15% del sueldo base; 4) Prioridad para funcionarios de bajos y medianos ingresos y asimilación familiar (carga, traslado, turnos); 5) Auditoría de Contraloría y Bienes Nacionales con clawback (cobro retroactivo) y multas por ocupaciones indebidas o excesivas; 6) Prohibición de asignar viviendas fiscales en barrios de mayor plusvalía; **7) Plan de restitución y licitación pública de arriendos para fines sociales donde corresponda (hogares de protección, residencias tuteladas, albergues, refugios).
Si de verdad la casa fiscal “mejora la disponibilidad” de autoridades, que el canon refleje el costo de oportunidad real del inmueble y que la razón de Estado se pruebe con turnos, métricas y tiempos. Lo demás es la naturalización de una isapre habitacional para la élite pública. Rosa Luxemburg lo resumiría con su filo: o reformamos las reglas para que el patrimonio común sirva a la mayoría, o seguimos administrando barbarie elegante: sueldos altos, casas baratas y un Estado que predica austeridad con vistas al parque.