Más allá de la cronología puntual, lo que está en juego es una cuestión política de fondo: la militarización de la “guerra contra las drogas” como pretexto para operaciones de alcance geoestratégico. Bajo la narrativa de combatir carteles, Estados Unidos ha declarado un “conflicto armado directo” contra actores que identifica como terroristas, lo que permite justificar el empleo de fuerza letal en aguas internacionales. Ese marco convierte la política antidrogas en una política exterior punitiva que evade controles y procesos judiciales multilaterales.
Por Equipo El DespertarEn las últimas semanas el Régimen de Donald Trump ha anunciado una serie de ataques navales y aéreos, absolutamente ilegales, en aguas del Caribe y del Pacífico. Según Washington, tenían como objetivo embarcaciones que transportaban estupefacientes hacia Estados Unidos. El saldo oficial es de 17 embarcaciones hundidas y 66 personas muertas, sin acusaciones, sin investigaciones y sin pruebas. Los hechos, difundidos por responsables del Pentágono, han desatado una ola de denuncias por parte de gobiernos latinoamericanos, ONG de derechos humanos y organizaciones internacionales que apuntan a violaciones del derecho internacional, ejecuciones extrajudiciales y una peligrosa escalada militar en la región.
El recorrido de los ataques, tal como lo documentan las sucesivas declaraciones oficiales, muestra una progresión rápida: a partir de septiembre se registraron operaciones en el Caribe, con Venezuela en la mira, que luego se extendieron al Pacífico y aguas cercanas a Colombia. Washington publicó videos y comunicados atribuyendo vínculos de cada embarcación con redes criminales no acompañó esas acusaciones con pruebas judiciales públicas, y las familias y gobiernos locales cuestionaron la versión oficial. Organismos como Amnistía Internacional y varios gobiernos hablaron de posibles ejecuciones extrajudiciales y de violaciones al principio de jurisdicción y al debido proceso.
Más allá de la cronología puntual, lo que está en juego es una cuestión política de fondo: la militarización de la “guerra contra las drogas” como pretexto para operaciones de alcance geoestratégico. Bajo la narrativa de combatir carteles, Estados Unidos ha declarado un “conflicto armado directo” contra actores que identifica como terroristas, lo que permite justificar el empleo de fuerza letal en aguas internacionales. Ese marco convierte la política antidrogas en una política exterior punitiva que evade controles y procesos judiciales multilaterales.
Desde una lectura crítica, política y de clase, estas operaciones obedecen a decisiones estratégicas de un poder hegemónico que privilegia medios militares sobre soluciones estructurales: intervención, control de rutas y despliegue coercitivo en lugar de cooperación regional, políticas de salud pública y abordajes que ataquen las causas materiales del narcotráfico (desigualdad, demanda, economías ilícitas). Además, la selectividad: objetivos en regiones donde gobiernos soberanos han cuestionado intereses estadounidenses (Venezuela, Colombia en momentos de fricción) expone una lógica de presión y castigo que trasciende la lucha contra el delito.
Las demandas que ya circulan en la región son claras y urgentes:
• Transparencia y pruebas públicas: Estados Unidos debe presentar evidencias verificables sobre la relación de las embarcaciones atacadas con redes criminales y facilitar investigación independiente.
• Investigación internacional e imparcial: organismos de la ONU y comisiones independientes deben investigar si hubo violaciones al derecho internacional humanitario y si se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
• Cooperación regional soberana: la lucha contra el narcotráfico exige marcos multilaterales —no operaciones unilaterales— que respeten la jurisdicción de los Estados ribereños y prioricen medidas sociales y económicas.
• Responsabilidad política: la militarización como política debe ser debatida democráticamente en la región, evaluando sus efectos sobre la soberanía, la vida civil y la estabilidad.
En suma: la cronología de ataques no puede leerse como una sucesión de “victorias tácticas” contra el crimen; es, más bien, la expresión de una política exterior que recurre a la fuerza para resolver problemas que son, en esencia, políticos y sociales. Si la región no impone límites democráticos y jurídicos, la “guerra contra las drogas” correrá el riesgo de convertirse en un permanente teatro de operativos que dejan muertos, desplazamiento y violación de derechos —todo ello bajo la cobertura retórica de la seguridad nacional.