El mecanismo, acreditado por la Fiscalía, era sistemático: el subcomisario Eduardo Villablanca, ya fallecido, retiraba los gastos reservados, entregaba el dinero a Espinosa y, bajo su orden, una parte se depositaba en cuentas personales del exdirector y de su cónyuge. “Estos depósitos se repitieron en al menos 18 ocasiones”, detalló el fiscal Miguel Ángel Orellana.
Por Equipo El Despertar
El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Su esposa, María Magdalena Neira, fue condenada por lavado culposo, tras recibir en sus cuentas los fondos desviados.
El fallo estableció que entre 2015 y 2019, Espinosa sustrajo al menos $146 millones en gastos reservados destinados a la PDI. Según el tribunal, el exdirector “sustrajo parte de esos fondos para sí mismo”, presentando rendiciones falsas. “El hecho de que la rendición de gastos fuese secreta y genérica por ley no le exime de la obligación de decir la verdad”, señaló el juez, quien también acogió la demanda civil del Fisco por el monto defraudado.
El mecanismo, acreditado por la Fiscalía, era sistemático: el subcomisario Eduardo Villablanca, ya fallecido, retiraba los gastos reservados, entregaba el dinero a Espinosa y, bajo su orden, una parte se depositaba en cuentas personales del exdirector y de su cónyuge. “Estos depósitos se repitieron en al menos 18 ocasiones”, detalló el fiscal Miguel Ángel Orellana.
La Fiscalía solicita 20 años de prisión para Espinosa, 10 por malversación, 5 por falsificación y 5 por lavado, y 5 años para Neira. La audiencia de determinación de la pena quedó fijada para el 1 de diciembre.
Más allá del caso judicial, el fallo abre un debate profundo sobre la estructura de los gastos reservados y el control político sobre los altos mandos policiales. Estos recursos, amparados en la confidencialidad, han operado durante décadas con escasa fiscalización y sin rendición pública. El resultado, como revela este caso, es la posibilidad de enriquecimiento personal bajo el manto del secreto de Estado.
La condena de Espinosa es una de las más graves dictadas contra un jefe policial desde el retorno a la democracia y golpea el discurso institucional de la PDI como cuerpo profesional y “libre de corrupción”. También reaviva preguntas sobre el uso de fondos reservados en Carabineros y Fuerzas Armadas, donde investigaciones previas ya han demostrado desvíos sistemáticos.
En un país donde el poder coercitivo del Estado ha sido usado históricamente contra la protesta social y el mundo popular, el desfalco cometido desde la cúpula de la institución encargada de investigar delitos representa la inversión completa de la lógica pública: quienes debían garantizar la ley y perseguir la corrupción se beneficiaron del dinero del propio pueblo.
El caso Espinosa no es un episodio aislado, sino un síntoma del vacío de control civil y democrático sobre las policías. Su condena, aunque importante, solo tendrá sentido si abre paso a una transformación real: el fin de los gastos reservados sin supervisión, la auditoría permanente de los recursos policiales y la subordinación efectiva de las fuerzas de seguridad a la transparencia republicana. Sin eso, la corrupción seguirá escondida bajo el mismo pretexto con que se cubre la impunidad: la “seguridad nacional”.