En un nuevo capítulo de la tragicomedia institucional chilena, la justicia ha decidido dejar impune al exfiscal Jorge Mena, investigado por obstrucción a la justicia en un caso de narcotráfico que involucra nada menos que a su exjefe de unidad, el fiscal Patricio Rosas. El tribunal consideró que no había “delito penal”. La Fiscalía, que parece haberse sorprendido (¡pobres ilusos!), ha anunciado que apelará.
Pero vayamos al fondo, no al teatro jurídico.
Lo que está en juego aquí no es un fiscal más, sino la estructura misma del aparato judicial burgués, atrapado entre su función represiva y su profunda descomposición interna. Porque mientras fiscales y jueces reprimen a jóvenes mapuche, pobladores, estudiantes y vendedores ambulantes con una eficiencia criminal milimétrica, cuando se trata de uno de los suyos —y peor aún, de un exfiscal especializado en drogas— el sistema saca a relucir todo su formalismo garantista… para garantizar la impunidad.
“La ley es siempre el derecho de la clase dominante elevado a norma”, decía Marx. Y aquí lo vemos en acción: cuando los guardianes del capital cometen delitos, el Estado los absuelve, los protege o los jubila con honores.
La elite jurídica: funcionarios del orden, no de la justicia
El caso de Jorge Mena ilustra a la perfección el carácter de clase del Ministerio Público y de la judicatura chilena. Este no es un error aislado. Es una práctica sistémica. Recordemos:
- Mena fue jefe de la Unidad de Drogas en la Fiscalía Nacional.
- Fue acusado de obstruir una investigación por tráfico de drogas que comprometía a altos funcionarios.
- El caso fue archivado “por falta de antecedentes suficientes”.
- Hoy, el tribunal lo sobresee definitivamente. Y el mensaje es claro: la podredumbre institucional será protegida desde dentro.
A ningún obrero lo sobreseen por “falta de pruebas” si lo pillan robando en un supermercado. Pero a un fiscal implicado en tapar redes de narcotráfico… se le da el beneficio de la duda, se le presume buena fe, y se lo limpia con elegancia.
La Fiscalía anunció que apelará. Bien. Pero no nos hagamos ilusiones. Esto no es un problema de procedimiento. Es una enfermedad estructural. El Estado burgués necesita de estos operadores para mantener el orden. Y cuando se ensucian las manos, los limpian con toallas de seda institucional.
Obstrucción, narcotráfico y silencio institucional: ¿por qué todos callan?
El silencio ensordecedor de los medios masivos, del gobierno, de las “autoridades pertinentes”, es parte del problema. Porque cuando se trata de narcos en las poblaciones, ahí están las portadas, las redadas, los drones, los carabineros con pasamontañas. Pero cuando es un fiscal, un jefe de unidad, un operador del sistema, se le sobresee en voz baja, sin escándalo ni vergüenza.
La justicia de clase no necesita gritar. Opera en silencio, por los pasillos de Tribunales, entre códigos, recursos, tecnicismos y sonrisas de complicidad. Lo mismo que pasa con carabineros torturadores, militares narcotraficantes o políticos corruptos: todos caen parados.
Conclusión: el narco no está en la periferia, está en el corazón del aparato estatal
Este caso no es sobre un fiscal corrupto. Es sobre la lógica de reproducción del poder en el Estado capitalista chileno. El narco necesita institucionalidad para operar. Y el Estado burgués, cada vez más descompuesto, le ofrece cobertura, recursos y funcionarios dispuestos a hacer el trabajo sucio.
Mena fue solo uno más. Y si no es condenado, es porque el sistema sabe que caer él sería abrir la compuerta de algo más grande. Es preferible el sobreseimiento silencioso a un juicio que ponga en entredicho la credibilidad del Ministerio Público.
El poder judicial no está “fallando”. Está funcionando exactamente como debe: garantizando la impunidad de la clase dominante.