Mientras en los tribunales se condena con rapidez a los pobres, mapuche, migrantes o jóvenes de la revuelta, una red de operadores políticos, abogados influyentes, jueces corruptos y financistas fantasmas teje su propio sistema de impunidad al margen de toda ley.
El caso Hermosilla —ahora ramificado en su “arista bielorrusa”— ha revelado que, como era previsible, el sistema judicial chileno no solo está al servicio del capital: es parte integral de su engranaje de reproducción y defensa.
La Fiscalía Metropolitana Sur pidió al Banco Central los movimientos financieros internacionales de una red encabezada por el abogado Luis Hermosilla, la exministra de la Corte de Apelaciones María Inés Vivanco, su esposo Eduardo Jara —exfuncionario judicial— y otros ocho personajes ligados al mundo judicial, empresarial y financiero.
El foco: posibles flujos de dinero desde cuentas extranjeras (incluidas en Bielorrusia) que podrían estar asociados a coimas, sobornos y operaciones destinadas a influir en causas judiciales en Chile.
Según reveló CIPER, el Ministerio Público investiga la existencia de cuentas offshore y movimientos de dinero no declarados, a través de intermediarios y con uso de estructuras financieras opacas. Es decir: una red paralela de tráfico de influencias, en la que se negocia justicia a puertas cerradas.
Mientras el ciudadano común espera años por un juicio laboral o por una pensión de alimentos, estos señores negocian decisiones judiciales como si fueran licitaciones de obras públicas.
Y no estamos hablando de un abogado cualquiera. Hermosilla es el rostro más conocido de la conexión entre los tribunales, la política y los grandes grupos económicos. Ha sido asesor de empresarios, políticos de derecha y centroderecha, y aparece mencionado en varias investigaciones por corrupción.
Este caso demuestra, una vez más, que el Poder Judicial chileno no es imparcial, no es técnico y mucho menos es neutral. Es una estructura funcional al bloque en el poder, que administra justicia en función de los intereses de clase.
Los escándalos no son la excepción, sino el funcionamiento normal del sistema en las capas altas. Allí donde el dinero compra sentencias, donde las redes de poder impiden investigaciones profundas, y donde el tráfico de influencias no es delito: es norma.
Que el Ministerio Público haya detectado posibles conexiones con cuentas bancarias en Bielorrusia (país con bajo nivel de transparencia financiera internacional) no es casual. El capital, cuando opera en la ilegalidad, busca territorios opacos, sin regulaciones, sin tratados, sin fiscales molestos.
Allí se esconden las ganancias de las coimas, los favores pagados en dólares, las mordidas disfrazadas de asesorías. Es el capitalismo financiero en su forma más criminal, blindado por la legalidad burguesa.
La pregunta es retórica. En Chile, la justicia solo alcanza al que no puede pagarla. A la fecha, ninguno de los implicados está formalizado. No hay prisión preventiva. No hay detenciones. Solo investigaciones, oficios, declaraciones y… el eterno suspenso institucional cuando se trata de ricos y poderosos.
Y mientras tanto, las cárceles siguen llenas de pobres.
La “arista bielorrusa” no es una mancha en el Poder Judicial. Es el retrato de su esencia clasista, corrupta y funcional al modelo. Ninguna reforma cosmética servirá mientras el pueblo no tome en sus manos la tarea de democratizar radicalmente el aparato judicial, hacerlo transparente, popular y al servicio de las mayorías.
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