Un sicario vinculado a una red de crimen organizado en el barrio comercial de Meiggs fue liberado de prisión mediante una orden judicial falsa, según reveló una investigación en curso del Ministerio Público. El reo, identificado como Carlos Fernández, tenía nexos con una red controlada por el conocido “Rey de Meiggs”, y su liberación se logró con documentos judiciales adulterados, presuntamente emitidos por funcionarios públicos o con apoyo interno en el sistema penitenciario.
El caso ha desatado alarma mediática y política, no por su rareza, sino por la profundidad del colapso institucional que pone en evidencia: una estructura estatal lo suficientemente permeable como para que un sicario condenado recupere su libertad como si se tratara de un trámite administrativo.
Pero desde una perspectiva marxista, el problema no es solo de “corrupción”. Es una señal avanzada de descomposición del Estado burgués en condiciones de reproducción capitalista salvaje y dual: legal para unos, criminal para otros.
Crimen organizado y Estado neoliberal: vasos comunicantes, no opuestos
En Chile —como en otras economías capitalistas periféricas— el crimen organizado no es un poder externo al sistema, sino parte funcional de su economía informal y paralela. La frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve porosa cuando ambos sectores buscan lo mismo: rentabilidad y control territorial.
La falsificación de una orden judicial para liberar a un sicario no representa la excepción, sino la adaptación del capital criminal a los circuitos institucionales del Estado. Como decía Marx:
“El Estado moderno no es más que el consejo de administración de los negocios comunes de la burguesía.”
(Manifiesto Comunista, 1848)
Hoy, esos negocios incluyen el comercio informal, la seguridad privada armada, el lavado de dinero y la captura de aparatos estatales.
El “Rey de Meiggs”: microcosmos de un orden mafioso legalizado
El caso del “Rey de Meiggs” no es nuevo. Durante años, se ha denunciado su rol en el control territorial de uno de los centros comerciales más grandes de Santiago, con redes de extorsión, cobro de piso, contrabando, sicariato y financiamiento político. Pero el aparato del Estado no lo combatió: lo toleró, lo reguló, y en muchos casos, lo protegió.
Lo que hoy se investiga no es solo la liberación de un sicario. Es la forma en que el crimen organizado ha capturado zonas enteras del Estado para operar con impunidad.
La justicia burguesa: eficiente para pobres, ciega ante el poder real
Mientras jóvenes de poblaciones son encarcelados por portar una planta de marihuana o robar en un supermercado, los verdaderos operadores del crimen —con acceso a jueces, abogados, notarios, carabineros y funcionarios— transitan por los pasillos del Estado sin ser tocados.
La liberación de este sicario es un espejo: muestra cómo el poder real no opera desde la legalidad abstracta, sino desde la red de contactos, sobornos y pactos de clase.
Conclusión: no es un error judicial. Es el Estado burgués funcionando con todas sus partes
La falsificación de una orden judicial para liberar a un criminal de alta peligrosidad no es un “hecho aislado”. Es la expresión concreta de un modelo en el que el capital —legal o ilegal— captura al Estado para sus propios fines.
Lo que se llama corrupción no es la enfermedad del sistema: es su forma avanzada de funcionamiento bajo condiciones de crisis.
Solo un poder popular organizado, con control territorial, justicia comunitaria y ruptura radical con el orden burgués, podrá disputar estos espacios capturados por el capital mafioso.