En medio de crecientes presiones por parte de la Comisión Europea y los mercados financieros, el gobierno francés anunció este lunes un ambicioso y controvertido plan de austeridad fiscal, que contempla recortes en el sistema de pensiones, la eliminación de feriados y la reducción del empleo público, en un esfuerzo por controlar el déficit estructural del país.
El anuncio fue calificado por diversos medios y analistas como la “activación de la motosierra” por parte del Ejecutivo, debido a la profundidad y el alcance de las medidas, que buscan recortar el gasto público en más de 20.000 millones de euros antes de 2027.
El proyecto presentado por el Ministerio de Economía incluye:
- Aumento de la edad de jubilación efectiva, a través de incentivos y endurecimiento de condiciones para acceder a la pensión completa.
- Revisión del calendario laboral, con la eventual eliminación de al menos dos feriados oficiales.
- Despidos o no renovación de contrataciones en el sector público, especialmente en áreas administrativas.
- Reducción del gasto en subsidios y beneficios sociales, bajo el argumento de “eficiencia fiscal”.
El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, afirmó que “el país debe corregir su rumbo antes de que lo haga el mercado”, y que las medidas buscan “asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin comprometer el crecimiento”.
Reacciones: sindicatos llaman a movilizaciones
La respuesta desde el mundo sindical fue inmediata. La Confederación General del Trabajo (CGT) calificó el anuncio como una “declaración de guerra a los derechos sociales” y convocó a una jornada nacional de huelga y movilización para la próxima semana, sumando a sectores del transporte, salud, educación y administración pública.
“Quieren que trabajemos más, por menos, en un país con millones de personas empobrecidas por la inflación y los recortes anteriores”, declaró Sophie Binet, dirigente de la CGT.
Organizaciones de jubilados, trabajadores estatales y estudiantes también anunciaron su adhesión a las protestas.
Tensión en la Asamblea y críticas desde la izquierda
En el plano político, la medida ha profundizado la división en la Asamblea Nacional. Mientras el bloque oficialista de Emmanuel Macron respalda la iniciativa como “responsable y realista”, desde la coalición Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) advirtieron que se trata de un retroceso de décadas en derechos conquistados.
Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, denunció que el plan responde a una agenda dictada por Bruselas y los grupos financieros, y acusó al gobierno de doblar la rodilla frente al capital, castigando al pueblo trabajador.
Un escenario de tensión social y riesgos políticos
El anuncio del plan se da en un contexto de desaceleración económica, aumento de la desigualdad y descontento ciudadano, con encuestas que muestran una caída en la aprobación del presidente Macron y un ascenso sostenido de las opciones de ultraderecha.
Analistas advierten que una nueva ola de movilizaciones masivas podría reconfigurar el mapa político francés, como ocurrió con el movimiento de los chalecos amarillos en 2018.
Próximos pasos
El gobierno anunció que presentará el paquete legislativo de reformas en septiembre, tras el receso de verano. Entretanto, los sindicatos preparan una ofensiva social que podría paralizar sectores clave del país, mientras se reabre el debate sobre quién debe pagar los costos de la crisis económica: los trabajadores o los capitales.