Un informe del sistema financiero reveló que la morosidad en el pago de deudas estudiantiles ha aumentado significativamente en los últimos 12 meses, afectando especialmente al Crédito con Aval del Estado (CAE) y otros mecanismos de financiamiento privado para la educación superior. Lejos de sorprender, los datos confirman lo que la realidad grita hace años: estudiar en Chile es endeudarse para vivir empobrecido.
Según cifras entregadas por fuentes del mercado y recogidas por Emol, más del 45% de los deudores del CAE presenta atrasos de más de 90 días, y el número va en alza. ¿La causa? Una combinación tóxica entre precariedad laboral, bajos sueldos profesionales, inflación y un sistema educativo privatizado que lucra sin rendir cuentas.
El fracaso estructural del CAE y la trampa de la “oportunidad”
Creado en 2005 bajo el segundo gobierno de Lagos, el Crédito con Aval del Estado fue presentado como una solución de acceso a la educación superior. Pero dos décadas después, ha generado una generación completa de profesionales endeudados, sin garantías de trabajo digno ni sueldos justos.
Miles de estudiantes, especialmente de sectores populares, accedieron a universidades privadas de dudosa calidad, que cobraban aranceles millonarios gracias a un sistema de financiamiento que premiaba la matrícula masiva y no la excelencia académica. Resultado: jóvenes con títulos y deudas, pero sin empleos ni ingresos que permitan pagarlas.
“Esto no es morosidad, es insolvencia estructural. El sistema financiero está colapsando porque fue diseñado para que ganaran los bancos, no los estudiantes”, señala un vocero de la Coordinadora de Deudores Educacionales.
Responsabilidad compartida: Estado, banca y mercado educativo
El informe advierte que el deterioro de pago pone presión sobre el Estado, que actúa como aval de la deuda, y también sobre el sistema financiero, que ha bursatilizado los créditos. Pero lo que no dice es que fue el propio Estado quien entregó millones al negocio educativo privado, y ahora pretende que jóvenes sin ingresos reales paguen una deuda ilegítima.
La banca ganó miles de millones de pesos con el CAE. Las universidades privadas se expandieron con aranceles inflados. El Estado pagó intereses y respaldó el riesgo. Y ahora, cuando llega la crisis, los únicos que deben “asumir la responsabilidad” son los deudores.
La única salida es la condonación total y la educación gratuita
Desde hace más de una década, los movimientos estudiantiles han exigido la condonación universal e inmediata de la deuda educativa, y el reemplazo de este sistema por una educación pública, gratuita y de calidad. No se trata de “premiar la morosidad”, como gritan los gremios empresariales, sino de reparar un daño estructural causado por la mercantilización del derecho a estudiar.
“La morosidad es el síntoma. El cáncer es un modelo que convierte a cada estudiante en una fuente de deuda para el capital financiero”, denuncian desde la Asamblea Nacional de Estudiantes Endeudados.
¿Qué hará el gobierno?
Hasta ahora, el Ejecutivo ha propuesto condonaciones parciales, segmentadas y sujetas a evaluación de ingresos, lo que ha sido rechazado por las organizaciones estudiantiles por considerarlo insuficiente y burocrático.
La pregunta sigue en el aire:
¿Quién pagará la factura del desastre del CAE? ¿El estudiante precarizado o los bancos que se enriquecieron?
Conclusión: estudiar no puede ser una condena
La educación es un derecho, no un negocio. Y ningún joven debe comenzar su vida laboral arrastrando una deuda que lo empobrece por estudiar.
Si la morosidad crece, no es por irresponsabilidad:
es porque el pueblo ya no puede sostener un sistema que solo enriqueció a la banca.