El presidente Gustavo Petro, quien ya había retirado al embajador colombiano en Tel Aviv y reconocido abiertamente el genocidio palestino, profundiza así una política exterior antiimperialista en formación, que rompe con décadas de subordinación a Washington y Tel Aviv.
Por Equipo El Despertar
El gobierno colombiano anunció este fin de semana la suspensión oficial de las exportaciones de carbón térmico a Israel, en respuesta a las sistemáticas violaciones del derecho internacional cometidas por el Estado sionista en su ofensiva genocida sobre Gaza.
Se trata de una medida de impacto económico directo, ya que Colombia es uno de los principales proveedores de carbón para la matriz energética israelí. Según datos oficiales, cerca del 60% del carbón que importa Israel proviene de Colombia, que representa más del 10% de su matriz energética total.
El presidente Gustavo Petro, quien ya había retirado al embajador colombiano en Tel Aviv y reconocido abiertamente el genocidio palestino, profundiza así una política exterior antiimperialista en formación, que rompe con décadas de subordinación a Washington y Tel Aviv.
Esta suspensión no es retórica ni simbólica. Afecta directamente a la producción eléctrica de Israel, que depende del carbón colombiano para alimentar parte de su infraestructura básica. Afecta también el comercio bilateral, que queda formalmente interrumpido en uno de sus rubros clave; y la red de logística global que garantiza al Estado sionista energía barata para sostener su maquinaria de guerra y ocupación.
Al cortar el suministro, Colombia no solo condena el genocidio con palabras, sino que, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, actúa para debilitar materialmente el proyecto colonial sionista. Y lo hace desde la periferia del sistema mundial, mostrando que la ruptura es posible incluso desde un Estado capitalista dependiente.
Israel no sobrevive solo con armas estadounidenses. Su economía se nutre de recursos energéticos, tecnológicos y financieros extraídos de los pueblos del sur global, a través de relaciones comerciales “normales” que ocultan su carácter criminal. Chile le vende litio, Colombia le vendía carbón, Brasil le compra armas y tecnología represiva, y Europa le garantiza créditos. Romper estos vínculos es atacar el corazón logístico del apartheid israelí.
Por eso esta medida no es menor ni aislada. Es parte de un movimiento mundial que, como el Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), busca desmantelar el poder económico del régimen israelí como único camino real hacia la justicia.
La decisión del gobierno colombiano no cae del cielo. Es producto de una presión social creciente en América Latina por una postura clara frente al genocidio. Y aunque el gobierno de Petro no es revolucionario, y mantiene contradicciones evidentes en su política interna, esta acción lo separa de la política exterior del bloque reaccionario latinoamericano (Milei, Noboa, Boluarte); lLo alinea, al menos parcialmente, con los intereses históricos del movimiento antiimperialista regional; y abre una disputa real dentro del aparato estatal colombiano entre el internacionalismo emergente y el atlantismo tradicional.
La suspensión del suministro de carbón es más que un gesto. Es un golpe logístico y simbólico al corazón de un Estado criminal. Demuestra que los pueblos del sur no están condenados a ser sólo víctimas del sistema mundial, sino que pueden ser agentes de su interrupción.
Y plantea una tarea clara: Si Colombia puede cortar el carbón, Chile puede cortar el litio. Argentina puede cortar los convenios militares. Brasil puede cortar los contratos tecnológicos. Y los pueblos pueden empujar a sus gobiernos a dejar de alimentar la ocupación.
Porque la solidaridad real no se declama. Se construye con actos materiales.