En el caso más extremo, un solo funcionario acumuló 11 contratos a honorarios y un sueldo equivalente a más de 50 salarios mínimos. Todo legal bajo las reglas del Estado capitalista.
Por Equipo El Despertar
Un informe del Consejo para la Transparencia destapó que más de 81 000 funcionarios públicos, la mayoría en municipios y el sector educación, acumulan dos, tres o hasta once contratos simultáneos, sumando en algunos casos más de 16 millones de pesos mensuales. No se trata de la trabajadora precarizada que combina empleos para sobrevivir, tampoco de los cientos de miles trabajadores y trabajadoras de estado que realizan sus labores con dedicación y profesionalismo, sino de una élite enquistada en la burocracia estatal, beneficiándose de nuestros impuestos mientras los hospitales, las escuelas y los servicios básicos están en crisis.
Entre marzo y diciembre de 2024, el CPLT revisó 787 instituciones públicas. El resultado: 80 % de los casos con doble contrato, 20 % con tres o más contratos, y contratos combinando honorarios, contrata y planta, sin control real de horas ni funciones.
En el caso más extremo, un solo funcionario acumuló 11 contratos a honorarios y un sueldo equivalente a más de 50 salarios mínimos. Todo legal bajo las reglas del Estado capitalista.
Mientras el Gobierno repite que “no hay recursos” para reajustar salarios, que se debe “recortar gasto” en salud y educación, y que la austeridad es inevitable, la realidad es otra: Se precariza a miles de trabajadores a honorarios, sin derechos ni estabilidad, se despide a personal en hospitales y escuelas; y se multiplican los sueldos obscenos para una minoría que vive del aparato estatal.
Esta es la cara verdadera del Estado burgués: un administrador de privilegios para una élite política y técnica, mientras el pueblo trabajador paga la cuenta y a los profesores que protestan por la falta de compromiso con la educación les descuentas las horas de paro, aunque las recuperen.
Esta realidad trae obliga a pensar en acciones concretas y revolucionarias como el fin inmediato de los sobresueldos y contratos múltiples en el sector público; el pase a planta de todos los trabajadores a honorarios, con estabilidad y derechos; el establecimiento de un tope salarial de 5 sueldos mínimos para todo funcionario público; auditorías populares permanentes con control popular y sanciones ejemplares; y finalmente, reorientar el presupuesto hacia salud, educación y vivienda, no hacia la burocracia parasitaria.
No es un problema de “mala gestión”, existen miles de trabajadoras y trabajadores del Estado que hacen su trabajo con dedicación y profesionalismo, como verdaderos servidores públicos, pero evidencia la naturaleza del Estado de derecho capitalista, que siempre servirá a una minoría privilegiada mientras se explota y se oprime al pueblo trabajador. La solución no es parchar, es transformar: un Estado socialista, bajo control obrero y popular, que ponga los recursos al servicio de la mayoría.