Lo más repulsivo es la contradicción moral que esto desnuda. Mientras el discurso castrense proclama honor, patria y sacrificio, en la práctica operan como un holding inmobiliario. Gabriel Salazar tiene razón al recordar que las Fuerzas Armadas siempre han sido administradoras de privilegios elitistas, no protectores del pueblo. Sergio Grez completa la idea: la historia social de Chile no es más que una cadena de expropiaciones a los pobres en beneficio de las élites. El caso de Alto Molle es continuidad pura: expulsar a miles de familias de un terreno, porque en la balanza del capital pesa más la escritura que la vida.
Por Equipo El Despertar
Lo revelado en torno al multimillonario escándalo inmobiliario del Ejército de Chile es una radiografía perfecta de lo que Marx llamaría la “naturaleza mercenaria del Estado burgués”. Lejos de ser guardianes de la soberanía, los militares se han comportado como simples especuladores de suelo: rematando terrenos fiscales a privados, mientras 120 mil familias sobreviven en campamentos. En Alto Hospicio, el Ejército vendió nueve predios por más de 9.300 millones de pesos, incluyendo el terreno donde se levanta la toma Alto Molle, el mayor asentamiento precario del país. Y después, la Corte Suprema ordenó el desalojo. He ahí la ecuación completa: la patria se vende, el pueblo se expulsa.
La operación, disfrazada de legalidad, esconde un saqueo de manual. Según la ley, los terrenos fiscales administrados por las Fuerzas Armadas deben devolverse al Ministerio de Bienes Nacionales cuando pierden utilidad militar. Pero el Ejército, apelando a la trampa de los “recursos propios” provenientes de la Ley Reservada del Cobre, se arrogó la facultad de vender lo que no le pertenecía. Contraloría ya lo había advertido en reiteradas ocasiones durante la década del 2010: estaban vendiendo tierras fiscales como si fueran suyas. En lenguaje llano: estafa institucionalizada.
Lo más repulsivo es la contradicción moral que esto desnuda. Mientras el discurso castrense proclama honor, patria y sacrificio, en la práctica operan como un holding inmobiliario. Gabriel Salazar tiene razón al recordar que las Fuerzas Armadas siempre han sido administradoras de privilegios elitistas, no protectores del pueblo. Sergio Grez completa la idea: la historia social de Chile no es más que una cadena de expropiaciones a los pobres en beneficio de las élites. El caso de Alto Molle es continuidad pura: expulsar a miles de familias de un terreno, porque en la balanza del capital pesa más la escritura que la vida.
Aquí aparece nítidamente la verdad marxista sobre el Estado: lejos de ser árbitro neutral, es una maquinaria de dominación de clase. El Ejército, presentado como “paladín de la soberanía”, demuestra que su lealtad no es con la nación ni con los trabajadores, sino con la propiedad privada y el negocio de quienes puedan pagar. Como bien dijo Marx en El Capital: “El Estado es la forma en que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época”. La “patria” que venden los militares no es la del pueblo, sino la de los dueños de siempre.
Lo ocurrido en Alto Molle debería ser recordado como una lección política: mientras al pobre se le criminaliza por levantar un rancho, al Ejército se le aplaude por rematar tierras fiscales a inmobiliarias. La “legalidad” se vuelve excusa cuando conviene a los poderosos, y garrote cuando se trata de desalojar a los débiles. Esa es la lógica burguesa de la patria, una palabra prostituida hasta el cansancio para encubrir negocios sucios.
Si el pueblo quiere soberanía real, debe comprender que la defensa de la tierra y la vivienda no vendrá de la mano de los uniformados, sino de su propia organización. Porque mientras los militares hagan caja con terrenos fiscales, la verdadera patria seguirá siendo un campamento.