Valencia trato de deslindar responsabilidad, tratando de blindar a los responsables, enumeró hipótesis que el Ministerio Público debe despejar: delito, pérdida de humedad (cuando se trata de plantas), extravío o incluso sustitución de droga. Y fijó el objetivo: establecer las causas y evitar que la mercancía incautada “vuelva al mercado ilícito por la vía de que esta fue robada”. Traducido: si el Estado tarda en destruir, aumenta el riesgo de desvíos o adulteraciones en la cadena de custodia. El tiempo, en este caso, no es neutro.
Por Equipo El Despertar
La contralora Dorothy Pérez encendió una alarma que no es menor: en Chile, la destrucción de droga incautada está sufriendo demoras que superan el año. El fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió que los hallazgos de la Contraloría derivan en oficios que llegan al Ministerio Público para investigar y “esclarecer los hechos”. El punto más sensible lo dijo sin rodeos: “Es posible que una investigación administrativa determine que hay diferencias en el pesaje entre lo que se pesó en un inicio y lo que se pesó después”.
Valencia trato de deslindar responsabilidad, tratando de blindar a los responsables, enumeró hipótesis que el Ministerio Público debe despejar: delito, pérdida de humedad (cuando se trata de plantas), extravío o incluso sustitución de droga. Y fijó el objetivo: establecer las causas y evitar que la mercancía incautada “vuelva al mercado ilícito por la vía de que esta fue robada”. Traducido: si el Estado tarda en destruir, aumenta el riesgo de desvíos o adulteraciones en la cadena de custodia. El tiempo, en este caso, no es neutro.
El problema no es solo de laboratorio o bodega; es estructural. Una cadena de custodia que permite meses (o más) de permanencia en depósitos, con múltiples manipulaciones, pesajes repetidos y logística fragmentada, es una invitación a la pérdida de control. En el mercado prohibicionista, donde el valor de la droga confiscada puede ser astronómico, cada eslabón débil se convierte en incentivo para que lo incautado termine reinsertándose en el circuito que se pretendía cortar.
La transparencia no se resuelve con una conferencia. Se resuelve con tiempos perentorios y trazabilidad: destrucción rápida y verificable, peritajes que secan y estabilizan peso bajo protocolo (para que la “humedad” no sea coartada), cierre al vacío y precintos electrónicos, filmación continua de manipulación y transporte, doble custodia y auditorías aleatorias (Contraloría y fiscalías regionales) con publicación de actas y kilos. Si el ciudadano no puede verificar, el sistema invita a la sospecha.
Hay, además, una dimensión política. El Estado invierte recursos enormes en incautar para luego guardar montañas de evidencia sin una capacidad de destrucción acorde al volumen. Eso no solo erosiona confianza pública; alimenta el mismo ecosistema que se declara combatir. Como lo sugiere Valencia, “hay un aporte relevante para que haya una persecución más eficaz”; ese aporte no llegará si el circuito sigue diseñado para que la droga pase más tiempo en custodia que en horno.
La coordinación interinstitucional no puede ser excusa. La Contraloría ya puso el dedo: hay demora y diferencias de peso. Al Ministerio Público le toca investigar causales, pero al Ejecutivo y a los tribunales les toca reformar el procedimiento: plazos máximos de pericia y destrucción; capacidad instalada (hornos, protocolos y personal) suficiente; separación de funciones entre quienes peritan y quienes guardan; y sanciones reales cuando falle la cadena. No se trata de “Dorothymania” ni de cruzadas personales: se trata de cerrar la puerta por la que se nos escapan kilos y credibilidad.
Que el fiscal nacional reconozca el problema y enumere hipótesis es un punto de partida. Lo que falta es lo esencial: tiempo, método y responsables. Cada día que una tonelada incautada espera en bodega es un día en que el riesgo de retorno al mercado crece. Y cada kilo que “pierde” peso sin explicación le descuenta peso al Estado de Derecho.