Este jueves 7 de mayo, Chile entró en sobregiro ecológico diez días antes que en 2025. El país lidera en Latinoamérica por séptimo año consecutivo y se ubica por debajo solo de Canadá y Estados Unidos en toda América. La Red Global de la Huella Ecológica (GFN) advierte que si toda la humanidad consumiera como los chilenos, se necesitarían 2,9 planetas Tierra para sostener ese nivel de vida. La demanda de recursos supera la capacidad de regeneración de los ecosistemas, en un escenario donde el modelo productivo sigue girando en torno a la minería a gran escala y la agroindustria de exportación. La noticia ambiental más relevante del día, sin embargo, se ha visto acallada por el ruido político de un gobierno que sigue mirando al bolsillo de los inversionistas mientras la clase trabajadora se prepara para sufrir las consecuencias de un clima cada vez más hostil.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Los cálculos de la GFN fueron claros: entre el 1 de enero y la mañana de este jueves, la demanda de recursos naturales por parte de la población chilena —alimentos, fibras, madera, energía y la superficie necesaria para absorber los desechos de carbono— ya ha superado la biocapacidad que los ecosistemas pueden regenerar en todo el año. Esto significa, en otras palabras, que desde el 7 de mayo el país comenzó a consumir a crédito los recursos del planeta y los propios. El día del déficit nacional —la fecha en que la huella ecológica interna supera la biocapacidad del propio territorio— será el próximo 27 de septiembre. Hasta fin de año, el agotamiento de los recursos propios se cubrirá con importaciones provenientes de otros países: alimentos, materiales y energía.
Al conocerse la medición, Bosshard fue categórico: “Chile lleva años sobregirándose antes de llegar a la mitad del año, lo que no es un simple detalle estadístico, sino una señal de alerta que debe movilizar a la sociedad en su conjunto”. El dato más alarmante de este año es que el sobregiro se adelantó en diez días respecto a 2025, lo que evidencia una presión creciente sobre los ecosistemas nacionales. La semana comenzó con esta noticia, pero el debate público se ha concentrado en otra parte. Mientras los gremios empresariales discuten sobre la inviolabilidad de los tratados de libre comercio y la ministra del Interior sale a defender los proyectos de extracción de litio como “motores del desarrollo”, la discusión sobre los límites ambientales se relega a las páginas de los diarios de circulación especializada.
El costo de vivir como un país rico
El sobregiro ecológico no mide únicamente la contaminación. Mide la relación entre la huella ecológica y la capacidad de regeneración del planeta. Cuando la primera supera a la segunda, se entra en déficit ambiental. En el caso chileno, este fenómeno refleja un modelo de desarrollo que ejerce alta presión sobre recursos como el agua, los bosques y los ecosistemas marinos, impulsado por sectores productivos intensivos como la minería, la agroindustria de exportación y las forestales.
La clase trabajadora chilena no es la principal responsable de su propia huella ecológica: el diseño de la producción y el consumo en Chile está orientado desde sus estructuras básicas por los intereses del capital trasnacional y las grandes empresas locales. Es la elite la que decide mantener una matriz energética basada en combustibles fósiles; son los grandes grupos económicos los que imponen el modelo agroexportador que drena los acuíferos del norte chico y la zona central; son las forestales las responsables del monocultivo de pino y eucalipto que reemplaza bosques nativos y desertifica el sur. Las consecuencias de ese saqueo se distribuyen de manera desigual: las comunas pobres sufren la contaminación industrial, los campesinos pierden sus tierras para dar paso a los monocultivos, las comunidades indígenas ven cómo las mineras destruyen sus territorios ancestrales.
El silencio cómplice del sistema político
La prensa chilena ha cubierto el dato, pero lo ha despachado en las secciones de “ciencia y tecnología”, como si se tratara de una curiosidad meteorológica y no de una advertencia para el porvenir inmediato. El Presidente José Antonio Kast no se refirió al tema durante su última cadena nacional, y el ministro de Medio Ambiente, aún en funciones, se limitó a recordar que Chile tiene una Ley de Cambio Climático que compromete la carbono neutralidad al año 2050. Es decir, una meta que, de cumplirse, llegaría con décadas de retraso. Expertos consultados por distintas plataformas sostienen que la crisis no se resuelve con promesas a treinta años vista, sino con acciones drásticas e inmediatas: frenar los proyectos extractivos en zonas de sacrificio, redirigir el presupuesto nacional hacia la recuperación de cuencas hídricas y dejar de pensar el territorio como una concesión minera.
A las puertas de un nuevo aniversario del 21 de mayo, el oficialismo no ha mostrado ningún interés por instalar la discusión ambiental entre las prioridades legislativas. El gobierno prefiere hablar de orden y seguridad, de recortes al gasto social, de las bondades del libre mercado. Lo demás es ruido. Pero quienes viven en zonas de sacrificio —Quintero, Puchuncaví, Coronel, la cuenca del Loa— no pueden darse el lujo de ignorar la contaminación. Ellos saben lo que significa respirar el aire envenenado por las chimeneas, ver enfermar a sus hijos con enfermedades respiratorias crónicas y saber que los tribunales fallarán siempre a favor de la empresa y en contra de su derecho a un ambiente sano.
2,9 planetas de injusticia
Si toda la población mundial consumiera como la chilena, serían necesarios 2,9 planetas Tierra para sostener ese estilo de vida. La frase de la GFN se repite en cada artículo, pero pocos artículos se detienen en su significado real: el consumo exacerbado de los sectores altos y medios altos de la población justifica la depredación que sufren los sectores populares y las comunidades rurales. Es un sistema en el que la riqueza de unos pocos se basa en la miseria y la enfermedad de los más pobres y en el expolio de los bienes comunes de la naturaleza. En ese esquema, las clases populares no solo son las que menos contaminan, sino las primeras en sufrir las consecuencias de esa contaminación. Los barrios altos de Santiago pueden respirar un poco mejor solo porque las comunas pobres del poniente han recibido a pulmón abierto los residuos de la capital.
La sostenibilidad contra el capital
En el comunicado de WWF, Bosshard planteó que “para Chile, avanzar en restauración de ecosistemas, manejo sostenible de pesquerías, descarbonización de la economía, soluciones basadas en la naturaleza y conservación efectiva de las áreas protegidas no es solo una responsabilidad ambiental, sino también una condición para la seguridad y resiliencia del país en el largo plazo”. El diagnóstico es compartido por diversas organizaciones ambientalistas y científicas, que llevan años denunciando la insostenibilidad del modelo. Pero la clase política ha preferido escuchar a la Sociedad de Fomento Fabril y a las grandes mineras.
La contradicción se profundiza cuando el propio gobierno firma acuerdos para expandir la extracción de litio en el Salar de Atacama, en nombre de la “transición energética global”, mientras las comunidades lickanantay denuncian el agotamiento de los acuíferos. El discurso ecológico de la elite nunca toca las bases del sistema que la produce, sino que se limita a maquillar sus consecuencias. Mientras tanto, los plazos de la crisis se adelantan año tras año. La clase trabajadora debe despertar: el planeta no espera, pero los dueños del capital tampoco piensan ceder ni una hectárea de sus ganancias. Organizarse, resistir y construir un modelo que ponga la vida y la naturaleza en el centro sigue siendo la única respuesta posible.