El Banco Central confirmó este lunes que la economía chilena se contrajo un 0,3% en el primer trimestre del año, la primera baja desde mediados de 2023, con una caída del 0,1% en marzo que sorprendió a los analistas. El FMI rebajó su proyección de crecimiento para 2026 (del 2,4% al 2,2%), puso en duda la megareforma del gobierno de Kast y advirtió que la inflación superará temporalmente la meta durante este año y comienzos de 2027, todo ello en un escenario de elevada incertidumbre. La combinación de estancamiento económico, inflación persistente y desempleo que ya supera el 8,9% ha encendido todas las alarmas sobre un peligroso síndrome de estanflación que esta administración de ultraderecha, empeñada en regalar impuestos a los empresarios mientras recorta derechos a los trabajadores, no sabe ni quiere enfrentar.
Santiago de Chile. Los datos del Banco Central no dejan lugar a una interpretación amable. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 0,1% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, un desempeño que estuvo por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban un alza de hasta 0,7%. No fue un tropiezo aislado: enero ya había registrado una baja de 0,5% y febrero de 0,3%. Con estos resultados, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre del 2026 se contrajo un 0,3%, siendo la primera caída trimestral desde el segundo trimestre de 2023. Lo más grave es que el desplome provino del corazón productivo del país. La producción de bienes cayó un brutal 5,2%, con la minería hundiéndose un 6,5% por una menor extracción de cobre, acompañada por el sector agropecuario-silvícola y la pesca extractiva. Incluso la industria manufacturera retrocedió un 2,6%.
La única contención vino del sector servicios (creció un magro 2,1%) y del comercio, impulsado por el consumo de salud y ciertas ventas al por mayor. Pero este leve respiro no alcanza para esconder la fotografía general: el país está entrando en una fase de estancamiento que amenaza con enquistarse.
El FMI aprieta las tuercas y enciende la alerta
Lejos de las proyecciones optimistas que el gobierno intentó instalar hace apenas semanas, el Fondo Monetario Internacional corrigió drásticamente su diagnóstico. En su nueva declaración tras la misión del Artículo IV para Chile, el organismo rebajó su proyección de crecimiento para 2026 del 2,4% al 2,2%, y advirtió que la economía chilena enfrenta un período de “elevada incertidumbre”. Los técnicos del Fondo fueron explícitos: el alza del petróleo —producto del conflicto bélico en Medio Oriente que el propio gobierno de Kast ha apoyado sin ambages y cuyas alzas fueron traspasadas sin amortiguadores a los bolsillos de los consumidores chilenos— y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales golpearán a Chile a través de una “menor renta disponible, perturbaciones a la producción y condiciones financieras más restrictivas”.
En materia inflacionaria, el pronóstico es demoledor. El FMI anticipó que la inflación “superará temporalmente la meta durante 2026 y comienzos de 2027”, precisamente por el efecto del petróleo. Es decir, estamos ante la tormenta perfecta del capitalismo en su fase de crisis: el producto no crece, los precios suben y las perspectivas de empleo se deterioran. La tasa de desempleo ya alcanzó el 8,9% en el trimestre enero-marzo, superando los dos dígitos entre las mujeres. Tal como ocurrió en la crisis de los años setenta, el fantasma de la estanflación, esa combinación letal de estancamiento productivo e inflación persistente, empieza a materializarse.
El “plan de ajuste” que favorece a los de siempre
La reacción del gobierno de José Antonio Kast frente a este deterioro no ha sido, como exige la lógica de un estado preocupado por su pueblo, un plan de reactivación con inyección de recursos a la pequeña y mediana empresa, estabilización de precios de la canasta básica o fortalecimiento del empleo público. Por el contrario, el Ejecutivo ha redoblado las recetas que han caracterizado históricamente a la derecha chilena: ajuste fiscal vía recorte del gasto social y una megareforma orientada a reducir impuestos a los grandes capitales.
El FMI fue implacable al analizar esta iniciativa. Aunque reconoció que algunas medidas, como la reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23% y el millonario crédito tributario al empleo de 1.400 millones de dólares, podrían apoyar el crecimiento de mediano plazo, advirtió que “algunas ganancias proyectadas podrían ser algo optimistas” y que las medidas no vinculadas directamente al crecimiento “merecen reconsideración para limitar las presiones fiscales”. El organismo fue contundente: “La brecha fiscal adicional generada por el nuevo proyecto de ley deberá compensarse con medidas equivalentes de gasto y/o ingresos”. ¿A qué se traduce esta elegante expresión técnica? A que si Kast sigue adelante con sus rebajas, el Estado chileno tendrá que recortar aún más sus arcas o profundizar el endeudamiento.
Mientras tanto, la evidencia macroeconómica muestra que el primer trimestre ya registró una contracción, la peor desde 2023, y que el Banco Central se vio forzado a reducir su propia previsión de crecimiento para el año, de una horquilla del 2%-3% a un rango más pesimista del 1,5%-2,5%, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo. Los efectos de segunda vuelta pueden ser devastadores: si la inflación se dispara, el Banco Central deberá endurecer su postura, subiendo las tasas de interés y hundiendo aún más la inversión y el empleo.
Las cenizas del modelo
Las cifras del Banco Central y el diagnóstico del FMI no son otra cosa que la certificación técnica del fracaso de un modelo político que prometió “mano dura” y “orden”, pero que ha entregado recesión, pérdida de poder adquisitivo de los salarios y un escenario de alto riesgo de estanflación. La baja del Imacec en sectores tan sensibles como la minería, la agroindustria y la pesca no son un “accidente climático” o una “situación de mercado”. Son la consecuencia directa de la desidia de un gobierno que prioriza la discusión ideológica sobre el litio y la entrega de concesiones a las multinacionales antes que defender las 1.600 pequeñas y medianas empresas mineras, o proteger a los pescadores artesanales frente a los abusos de las grandes flotas industriales.
La clase trabajadora chilena ya comienza a sentir el rigor de estos números sobre sus espaldas. Cuando el Imacec cae, los puestos de trabajo se destruyen. Cuando la inflación repunta, el pan, la bencina y las cuentas básicas se encarecen, y los sueldos estancados compran cada vez menos. El comité técnico del FMI advirtió que una prolongación de las hostilidades en Medio Oriente golpeará a Chile a través de “una menor renta disponible”. Con el fin de la gratuidad universitaria publicitado por el gobierno, el plan de no contratación de nuevos funcionarios públicos y el ahogo presupuestario proclamado por la ministra de Hacienda, la pregunta es inevitable: ante esta tormenta ¿quién terminará pagando los platos rotos?
La respuesta es la de siempre: los mismos que vieron aumentar la bencina sin compensación, los que enfrentan un costo de la vida más alto sin que sus ingresos se reajusten, los que miran con impotencia cómo las listas de espera en salud se alargan mientras los recursos se desvían hacia exenciones tributarias para los grupos económicos. La recesión no será pareja. Será una nueva vuelta de tuerca en la maquinaria de la desigualdad, y la responsabilidad es atribuible a un gobierno que, pudiendo haber aliviado el impacto del alza del crudo, prefirió no hacerlo para “no agrandar el déficit fiscal”, mientras simultáneamente abre la puerta a un megapaquete de beneficios tributarios para los más ricos.
El costo de una ilusión
El gobierno de Kast, que llegó con la bandera de la “emergencia” y la “severidad fiscal”, ha conseguido lo contrario de lo pregonado: hundir las expectativas, con una economía que comenzó el año en caída y promete un 2026 de bajo crecimiento, y un FMI que no solo baja las proyecciones, sino que pone en duda las bondades de la megareforma oficialista, declarando que “algunas ganancias proyectadas podrían ser algo optimistas” y que los esfuerzos fiscales necesarios para cumplir los objetivos de deuda deberán ser mucho más profundos que lo anunciado.
La ilusión de que el mercado iba a resolver los problemas productivos chocó de frente con la realidad multisectorial: la minería, el agro y la pesca, pilares de la economía nacional, mostraron resultados en rojo. Y mientras los sectores concentrados lloran por la caída del precio del cobre, los pequeños empresarios y los trabajadores ya están llorando por el cierre de fuentes laborales. La supuesta “mano dura” contra la delincuencia no parece aplicarse a los mercados financieros especulativos, y la “emergencia” que tanto prometió el candidato se desvanece cuando se trata de proteger el salario mínimo y las condiciones de vida del pueblo chileno. La perspectiva de la estanflación —combustible más caro, sueldos quietos, actividad paralizada— debería encender todas las alarmas, pero el gobierno parece creer que con discursos triunfalistas y nuevas rebajas para los de arriba la economía va a despegar. La clase trabajadora está advertida.