“El contraste es evidente. Mientras que Trump y la DEA sostienen, sin pruebas independientes, que Venezuela es un “centro de narcotráfico”, los informes multilaterales y expertos de trayectoria internacional desmienten categóricamente esa tesis. Desde la mirada de Friedman —paradójicamente un neoliberal de derecha cuya lógica sirve para este análisis—, Venezuela no participa ni en la producción, ni en las rutas principales del tránsito, ni en la distribución en mercados finales. El 80% de la cocaína que se consume en Estados Unidos y Europa proviene de Colombia y viaja en redes controladas por carteles mexicanos y mafias transnacionales.”

Por: Nicolás Romero Reeves

El término “narcoestado” aplicado a Venezuela ha sido una construcción política de Washington y sus aliados, repetida hasta la saciedad por Donald Trump y senadores como Marco Rubio, para justificar sanciones y operaciones de lawfare contra Caracas. En marzo de 2020, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno bolivariano acusándolos de “conspirar con las FARC para inundar de cocaína a Estados Unidos”. El entonces secretario de Justicia William Barr aseguró que Venezuela “exportaba entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína cada año a través de su territorio”. Estas afirmaciones fueron replicadas por medios como The New York Times y El País, sin contrastar fuentes ni evidencia independiente.

Frente a este relato, es útil rescatar una idea planteada por el economista neoliberal y de derecha Milton Friedman: que el narcotráfico debe analizarse como cualquier otro mercado, con sus fases de producción, tránsito, distribución y consumo. Friedman, aunque defensor de políticas de mercado extremo, sostenía que “la ilegalidad de las drogas aumenta su precio y alimenta la existencia de un negocio global que debe entenderse como una empresa más”. 

La producción de cocaína se concentra en Colombia, Perú y Bolivia. El último World Drug Report de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023) es categórico: “Colombia continuó siendo el país que más cocaína produce en el mundo, responsable de más del 60% de la producción global, seguido por Perú y Bolivia”. En esos informes no aparece Venezuela como país productor, precisamente porque carece de las condiciones geográficas y agrícolas para serlo.

En cuanto al tránsito internacional, la UNODC ha señalado que “los principales corredores de tráfico hacia Norteamérica se concentran en el Pacífico oriental y Centroamérica, mientras que hacia Europa predomina la ruta atlántica que conecta directamente a Colombia y Brasil con la península ibérica” (World Drug Report, 2019). Venezuela, aunque puede ser utilizada ocasionalmente como punto de paso, no figura como ruta principal. De hecho, la propia ONU ha reconocido las operaciones antidrogas de Caracas: “Venezuela ha desarrollado una política de interdicción aérea contra vuelos ilícitos provenientes de Colombia, con decenas de aeronaves interceptadas y neutralizadas en los últimos años” (UNODC, 2020).

El exsubsecretario de la ONU contra el crimen organizado, Pino Arlacchi, desmonta con claridad la narrativa construida desde Washington. En su columna publicada en El Universal de Venezuela, señala: “He trabajado 40 años en este campo y nunca he encontrado a Venezuela en la lista de países productores o exportadores de drogas. Es un invento de la propaganda estadounidense”. Y añade: “Quienes insisten en hablar de ‘narcoestado’ no sólo mienten, sino que colaboran en la expansión del crimen organizado al desviar la atención de los verdaderos centros de producción y distribución: Colombia, México y Estados Unidos como mayor mercado consumidor”.

El contraste es evidente. Mientras que Trump y la DEA sostienen, sin pruebas independientes, que Venezuela es un “centro de narcotráfico”, los informes multilaterales y expertos de trayectoria internacional desmienten categóricamente esa tesis. Desde la mirada de Friedman —paradójicamente un neoliberal de derecha cuya lógica sirve para este análisis—, Venezuela no participa ni en la producción, ni en las rutas principales del tránsito, ni en la distribución en mercados finales. El 80% de la cocaína que se consume en Estados Unidos y Europa proviene de Colombia y viaja en redes controladas por carteles mexicanos y mafias transnacionales.

En conclusión, lo que existe es una narrativa construida para criminalizar políticamente a un país que no se pliega a los dictados de Washington. El “narcoestado venezolano” no es una categoría empírica ni un dato verificable: es un dispositivo de propaganda imperial, sostenido por testimonios judiciales manipulados, informes unilaterales del Departamento de Justicia y amplificado por grandes medios. La evidencia disponible, incluida la de Naciones Unidas, demuestra que Venezuela no cumple ninguno de los criterios que el propio Friedman sugería para entender al narcotráfico como mercado.