El choque no es solo contable: revela la disputa de fondo sobre quién carga el costo de la educación. El esquema anterior, con el CAE como emblema, trasladó a familias y estudiantes el financiamiento mediante crédito bancario con garantía estatal, socializando el riesgo para el fisco y privatizando las ganancias. El FES busca reemplazar esa lógica con un instrumento público; la Contraloría, por su parte, exige consistencia fiscal en cómo se registran los flujos.
Por Equipo El Despertar
La ministra vocera, Camila Vallejo, abordó el dictamen de la Contraloría General que cuestiona el tratamiento fiscal propuesto por el Gobierno para el Financiamiento de la Educación Superior (FES), actualmente en segundo trámite en el Senado. El órgano contralor observó que los recursos destinados a pagar carreras vía FES no pueden registrarse como activos (retornos “bajo la línea”), pues al momento del otorgamiento no existe un derecho adquirido que asegure su recuperación.
Vallejo desdramatizó el informe y afirmó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) presentará reposiciones para “explicar y defender” el diseño del proyecto. Subrayó que el foco del Ejecutivo es que el financiamiento estudiantil deje de estar amarrado a la banca privada: “Vamos a defender una política pública que desbancarice de una vez por todas la deuda estudiantil y la haga más justa”, dijo en Tele13 Radio.
El choque no es solo contable: revela la disputa de fondo sobre quién carga el costo de la educación. El esquema anterior —con el CAE como emblema— trasladó a familias y estudiantes el financiamiento mediante crédito bancario con garantía estatal, socializando el riesgo para el fisco y privatizando las ganancias. El FES busca reemplazar esa lógica con un instrumento público; la Contraloría, por su parte, exige consistencia fiscal en cómo se registran los flujos.
Mientras el Ejecutivo empuja la “desbancarización”, el desafío político es doble: aliviar la mochila de deuda (condonaciones parciales o totales para deudores críticos) y, a la vez, cerrar la puerta a la re-financiarización del sistema por otra vía. Sin control de aranceles, de la oferta privada y de los mecanismos de cobro, cualquier cambio puede terminar como un traspaso de recursos públicos sin alterar la matriz que produjo endeudamiento masivo.
La discusión que viene no se resolverá solo con ajustes de glosa: si el FES pretende ser un giro real, deberá garantizar financiamiento público estable, reglas claras de elegibilidad y mecanismos de justicia social (progresividad según ingresos, moratorias automáticas por desempleo, prohibición de embargos de indemnizaciones y devoluciones) y, sobre todo, sacar definitivamente a la banca del corazón del sistema. De lo contrario, la promesa de “financiamiento justo” quedará atrapada entre tecnicismos y la misma lógica que hizo de la educación una deuda de por vida.