Análisis marxista del Informe de la Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza, marzo de 2026, en el contexto de la inflación, el alza de los combustibles y el ajuste fiscal
Por Daniel Jadue
El número y la mentira que contiene
El Ministerio de Desarrollo Social publicó en marzo de 2026 su informe mensual sobre la Canasta Básica de Alimentos y las líneas de pobreza oficiales de Chile.[1] El número que encabeza el informe es $90.261: el valor mensual de la canasta básica de alimentos por persona. Es el número que el Estado chileno utiliza como base para calcular quién es pobre y quién no lo es. Es, también, uno de los números más políticamente cargados de ideología que produce la burocracia estatal, porque define los límites de la miseria que el sistema está dispuesto a reconocer.
Noventa mil pesos. Tres mil pesos al día. Cien pesos por hora, más o menos, si uno trabaja las veinticuatro horas. Eso es lo que el Estado chileno considera el mínimo para comer. No para vivir: para comer. Sin transporte. Sin medicamentos. Sin útiles escolares. Sin pañales. Sin cuenta de luz ni de agua. Sin el dato del arriendo, que para los hogares que pagan arriendo eleva la línea de pobreza a $369.035 por persona equivalente, casi cuatro veces la canasta básica de alimentos. Ese es el umbral de la pobreza oficial para una familia arrendataria de cuatro personas: $973.890 al mes. Casi un millón de pesos. Para no ser pobre. No para vivir bien: para no ser oficialmente pobre.
Lo que el informe registra y al mismo tiempo encubre con lenguaje económico y precisión técnica, el marxismo lo traduce a su lenguaje real: el valor de la fuerza de trabajo. Marx explicó que el salario no es el precio de la persona ni de su tiempo: es el precio de su fuerza de trabajo, determinado por el costo mínimo de su reproducción. Cuando ese costo sube, cuando sube la canasta básica, cuando sube el arriendo, cuando suben los combustibles, y los salarios no siguen ese ritmo, el resultado es una transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital. Es plusvalía adicional extraída en silencio, sin que nadie firme un decreto, sin que nadie salga a la televisión a anunciarlo. [2]
La inflación como mecanismo de redistribución hacia arriba
El Índice general de Precios al Consumidor acumula una variación de 2,8% en los últimos doce meses. Un número que, leído en abstracto, parece moderado. Pero la inflación no afecta a todos por igual, y esa es precisamente la operación ideológica que esconde el indicador agregado. La inflación de los bienes que consumen los hogares de menores ingresos, alimentos, transporte, servicios básicos, es sistemáticamente más alta que la inflación de los bienes que consumen los hogares ricos. La canasta básica de alimentos subió 4,1% en doce meses, casi el doble de la inflación general. Para una familia que destina el 40% o el 50% de su ingreso a la alimentación, eso no es un 4,1% abstracto: es el arriendo de una semana, es el pasaje de un mes, es el medicamento que no se compra y un tratamiento que se abandona, para poder comer.
A esto hay que sumarle el alza de los combustibles. Durante el primer trimestre de 2026, el precio de la bencina superó los $1.100 por litro, acumulando un incremento superior al 8% en doce meses. El costo de los combustibles no aparece directamente en la canasta básica de alimentos, pero aparece en todo lo demás: en el precio del transporte público, en el costo del transporte de mercancías que se traslada al precio de los alimentos en las góndolas, en el gasto directo de los millones de trabajadores que usan vehículo propio o colectivo para desplazarse a sus lugares de trabajo porque el transporte público no cubre sus rutas o no funciona en sus horarios.
El alza de los combustibles es, además, un impuesto regresivo en su forma más pura: afecta proporcionalmente más a quienes tienen menos, porque los hogares de menores ingresos destinan una fracción mayor de su gasto total al transporte y a los bienes cuyo precio incorpora costos de transporte. Cuando el gobierno anuncia que el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de combustibles, absorbe parte del alza, lo que no dice es que ese mecanismo tiene capacidad limitada, que el tipo de cambio erosiona su efectividad y que la carga final recae sobre los que menos pueden soportarla.
La inflación diferenciada por tramos de ingreso es una de las formas más eficaces y menos discutidas de redistribución regresiva, es decir de redistribución desde los pobres hacia los ricos. No requiere una ley. No requiere un decreto. Funciona sola, dentro de las reglas normales del mercado. Rosa Luxemburgo ya lo anticipaba hace más de 100 años y nadie jamás ha podido desmentirla: el capital no necesita despojar violentamente a los pobres de lo poco que tienen para reproducirse; le basta con administrar los precios de los bienes que necesitan para sobrevivir.
El arriendo: la bomba de extracción que el mercado llama libertad
Uno de los cambios más relevantes de la nueva metodología 2024 es la introducción de dos líneas de pobreza diferenciadas: una para hogares no arrendatarios y otra para arrendatarios. La diferencia entre ambas es brutalmente elocuente: para un hogar unipersonal, la línea de pobreza salta de $248.736 a $369.035 dependiendo de si paga arriendo o no. Es decir, el solo hecho de pagar arriendo agrega $120.299 mensuales al umbral de la pobreza por persona. Para una familia de cuatro personas, la diferencia entre las dos líneas es de $317.471 mensuales. Eso es la radiografía de lo que le cuesta a los más pobres no tener una vivienda propia en un mercado que nunca fue diseñado para ellos y en donde el arriendo a precio justo es un beneficio que solo llega a unos pocos en todo Chile, a través de experiencias como la Inmobiliaria popular de Recoleta.
El mercado del arriendo en Chile es uno de los mecanismos más directos de extracción de valor desde los hogares trabajadores hacia los propietarios de capital inmobiliario. En las últimas dos décadas, los precios del arriendo en las zonas urbanas crecieron a un ritmo que duplica el crecimiento de los salarios. Ese diferencial es el resultado lógico de un mercado desregulado, de la ausencia de arriendo social público de carácter masivo, de los beneficios tributarios que el Estado chileno ha otorgado históricamente a los inversores inmobiliarios y de la política de suelo que concentró la propiedad en pocas manos.
Para las decenas de miles de familias que pagan el 40%, el 50% o incluso el 60% de su ingreso en arriendo, la situación es aún más grave. El crédito hipotecario, que en teoría les permitiría salir de esa trampa, está fuera de su alcance: las tasas superan ampliamente el 5% anual en UF, es decir, sobre la variación del índice de precios al consumidor, y el pie exigido equivale a varios años de un ahorro que los salarios mínimos simplemente no pueden juntar; y las instituciones financieras no les prestan porque sus ingresos no son suficientes para servir la deuda. Quedan atrapados en el arriendo, transfiriendo mes a mes una porción creciente de su fuerza de trabajo al propietario, sin acumular patrimonio, sin seguridad, con el miedo permanente al aviso de desahucio.
El ajuste fiscal: quién paga la austeridad
En este contexto de inflación sostenida, alza de combustibles y arriendo que devora los salarios, el gobierno ha comprometido un ajuste fiscal que recorta el gasto público real en las áreas que más necesitan los hogares de menores ingresos. La eliminación de la franquicia SENCE, $200 mil millones anuales en capacitación laboral, priva a trabajadores y trabajadoras del principal instrumento disponible para mejorar su empleabilidad y acceder a mejores salarios. La reducción de dotación de funcionarios públicos en 4.000 personas, daña de manera irreparable a un número similar de familias que pierden su capacidad para reproducir su existencia, mientras deteriora la calidad y cobertura de los servicios del Estado precisamente en las regiones y comunas donde la alternativa privada no existe o no es accesible.
El ajuste fiscal no es neutral, como tampoco lo es el Estado. Nunca lo es. La pregunta correcta no es si el Estado debe ajustar su gasto, en algún momento y de alguna manera, todas las instituciones deben calibrar sus recursos, sino quién carga con ese ajuste. En Chile, la respuesta es invariable: cargan los de abajo. El mismo proyecto de ley que recorta el SENCE y congela la expansión de la gratuidad universitaria rebaja el impuesto a las grandes empresas, elimina el impuesto a las ganancias de capital y ofrece amnistías tributarias a quienes tienen capitales no declarados en el exterior. El ajuste no es para todos: es para los que no tienen otra opción que aceptarlo.
Para los hogares que están justo encima de la línea de pobreza oficial, los que tienen un ingreso de $270.000 o $300.000 por persona equivalente y se consideran “no pobres”, el ajuste fiscal tiene consecuencias concretas e inmediatas. Cada recorte en los subsidios de transporte encarece su desplazamiento al trabajo. Cada deterioro en la atención primaria de salud significa una consulta particular que no pueden costear. Cada alza en las tarifas de servicios básicos que no es compensada por subsidios estatales es un recorte real en su capacidad de consumo. Son los invisibles de las estadísticas: demasiado ricos para aparecer en los números de la pobreza, demasiado pobres para sobrevivir sin el Estado, el mismo Estado que el gobierno de Kast pretende llevar al mínimo histórico para aumentar las ganancias de la clase dominante.
El salario mínimo y la brecha que nadie quiere nombrar
En este contexto, el salario mínimo vigente en Chile al primer trimestre de 2026 es de $510.000 brutos, equivalente a aproximadamente $430.000 líquidos para un trabajador sin cargas de familia. Una familia arrendataria de cuatro personas necesita $973.890 para no caer en la pobreza oficial. La brecha entre el ingreso líquido de un trabajador a salario mínimo y el umbral de la pobreza para una familia arrendataria tipo supera los $540.000 mensuales. Dicho de otra manera: un trabajador que gana el salario mínimo, que paga arriendo y que tiene una familia de cuatro personas está, por definición, en situación de pobreza oficial, aunque trabaje jornada completa, aunque no falte un solo día, aunque haga todo lo que el sistema le pide que haga.
Esto es el funcionamiento normal de un sistema injusto, estructuralmente violento, pero que repite todos los días que se debe condenar la violencia, venga de donde vega… menos la del sistema que organiza la vida de manera violenta. Marx lo describió en su análisis de la ley general de la acumulación capitalista: el ejército industrial de reserva, los desocupados, los informales, los que buscan trabajo, disciplina a los ocupados, que viven siempre con miedo a perder el trabajo y ser reemplazados por aquellos que esperan su oportunidad de ser explotados. Así mantiene el sistema los salarios en el nivel mínimo de reproducción de la fuerza de trabajo. Los 860.000 desempleados y los más de 2 millones de trabajadores informales que el propio gobierno cita como justificación de su proyecto de ley no son un problema que el capitalismo chileno quiera resolver: son la condición que le permite pagar salarios que no alcanzan para vivir sin que los trabajadores tengan poder de negociación para exigir más.
Lo que la canasta no mide: la violencia de los números limpios
La canasta básica de alimentos mide exactamente lo que su nombre dice: alimentos. 2.000 calorías diarias por persona, en una composición que incluye arroz, harina, pan, pollo, algunas verduras, leche y otros productos básicos. No incluye transporte. No incluye comunicaciones, tampoco el celular que en 2026 es condición de acceso al mercado laboral, a los servicios públicos, a la educación. No incluye medicamentos. No incluye útiles escolares. No incluye los gastos de higiene básica. No incluye absolutamente nada que no sea la ingesta calórica mínima para que un cuerpo funcione.
Esa es, en toda su crudeza, la definición oficial del umbral entre la pobreza extrema y la miseria absoluta. Y sin embargo, incluso ese umbral minimalista, $90.261 al mes, ha subido 4,1% en doce meses, cuando los salarios de los trabajadores de menores ingresos crecieron menos que eso. Cada décima de punto en que la canasta crece por encima del salario es tiempo de trabajo no pagado, es valor extraído sin que nadie lo llame por su nombre.
La estadística de pobreza tiene una función política que va más allá de la medición técnica: define el límite de lo que el sistema reconoce como intolerable. Todo lo que está por encima de ese límite se convierte, por definición, en algo aceptable. Una familia que gana $260.000 por persona equivalente y paga el 50% de su ingreso en arriendo, que no puede llevar a sus hijos al médico sin pedir prestado, que come lo que puede y no lo que necesita, esa familia no es pobre según las estadísticas oficiales. El número no la protege, protege asl sistema que la explota. El número la hace invisible. Y la invisibilidad es, como escribió Fanon, la forma más eficaz de la violencia estructural: la que no deja marcas porque nunca reconoce que golpea.
La organización como única respuesta
Frente a todo esto, la inflación que come los salarios, el arriendo que devora el ingreso, los combustibles que encarecen todo lo demás, el ajuste fiscal que recorta los derechos mientras regala beneficios tributarios al capital, la respuesta que el sistema ofrece es siempre la misma: paciencia, responsabilidad fiscal, confianza en que el crecimiento económico eventualmente gotee hacia abajo. Llevamos cuarenta años esperando ese goteo. La canasta básica sigue subiendo. Los salarios no alcanzan. La brecha no se cierra.
La única respuesta que la historia ha demostrado eficaz frente a la extracción sistemática de valor desde el trabajo hacia el capital no es individual: es colectiva. Es la negociación colectiva que obliga a que los salarios crezcan junto con la productividad y el costo de vida. Es la organización territorial que exige transporte público de calidad, salud primaria universal y accesible y arriendo social regulado o a precio justo. Es la acción política que transforma la indignación difusa de los que llegan al día 20 sin dinero en demandas concretas, en organización solidaria y consciente, en fuerza electoral, en presión sostenida sobre las instituciones.
Los números de este informe son la descripción cifrada de millones de vidas que el sistema considera prescindibles siempre que no crucen el umbral de los $90.261. La tarea de la izquierda no es administrar esos números con eficiencia técnica: es transformar las condiciones que los producen. Eso no se hace desde un escritorio ni desde un informe mensual. Se hace desde los territorios, desde las organizaciones, desde la acumulación paciente de poder popular que no pide permiso para existir.
Mientras sigamos midiendo la dignidad en calorías y la pobreza en pesos corrientes sin preguntarnos quién decide esos umbrales y a quién le conviene que sean tan bajos, seguiremos produciendo estadísticas limpias sobre una realidad sucia. Y eso, más que ignorancia técnica, es una decisión política.
Bibliografía y fuentes
Banco Central de Chile. Informe de Política Monetaria (IPoM), primer trimestre de 2026. Santiago: Banco Central, 2026.
Dirección de Presupuestos (DIPRES). Informe de Ejecución Presupuestaria, primer trimestre de 2026. Santiago: DIPRES, 2026.
Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2019.
Harvey, David. El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Madrid: Ediciones Akal, 2012.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2024. Santiago: INE, 2025.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índice de Precios al Consumidor, marzo de 2026. Santiago: INE, 2026.
Luxemburgo, Rosa. La acumulación del capital. La Plata: Terramar Ediciones, 2007.
Marx, Karl. El Capital. Crítica de la Economía Política, vol. I. Madrid: Siglo XXI Editores, 2017.
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Valor de la Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza. Informe mensual, marzo de 2026. Santiago: MDSF, 2026.
Orwell, George. 1984. Barcelona: Destino, 2013.
[1] Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Valor de la Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza. Informe mensual, marzo de 2026 (Santiago: MDSF, 2026).
[2] Karl Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política, vol. I (Madrid: Siglo XXI, 2017), cap. VI: “La compra y venta de la fuerza de trabajo.”