En simultáneo, la senadora Campillai advirtió sobre un drama igual de grave: más de 16.000 licencias médicas fueron rechazadas en solo una semana a pacientes oncológicos, muchos de los cuales estaban en estado terminal. Según ella, Fonasa e isapres han negado cobertura incluso desde la primera instancia. “Es inhumano que enfermos graves sean tratados como casos aislados”.
Por: Equipo El Despertar
La senadora Fabiola Campillai ha clamado por justicia frente a lo que define como un doble escándalo del sistema de licencias médicas: por un lado, el abuso flagrante detectado en las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería; por otro, el rechazo sistemático de miles de diagnósticos médicos legítimos, especialmente de pacientes con cáncer.
Un reciente informe de la Contraloría reveló que entre 2023 y 2024, 2.982 funcionarios públicos de las fuerzas armadas realizaron 9.069 viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica activa. Casi 40 % de estos viajes corresponden a Gendarmería, 35 % a Carabineros y 18 % al Ejército, con antecedentes de personas que viajaron entre 20 y 36 veces durante su reposo.
Campillai sostuvo: “Claramente es inaceptable que se abuse de las licencias médicas… Se deben realizar todos los sumarios y sanciones correspondientes (…) Aquí deben haber sanciones”.
En simultáneo, la senadora Campillai advirtió sobre un drama igual de grave: más de 16.000 licencias médicas fueron rechazadas en solo una semana a pacientes oncológicos, muchos de los cuales estaban en estado terminal. Según ella, Fonasa e isapres han negado cobertura incluso desde la primera instancia. “Es inhumano que enfermos graves sean tratados como casos aislados”.
El contraste evidencia un sistema donde los privilegios se garantizan para quienes no deberían recibirlos, mientras los más vulnerables enfrentan obstáculos sistemáticos, denuncia un modelo que privatiza la salud pública y permite abusos institucionales sin consecuencias visibles; exige sumarios efectivos y control riguroso, no solo sobre el sistema público de licencias, sino también sobre los privilegios acumulados dentro de las fuerzas de seguridad.
La senadora Campillai instó a que la Contraloría y el Ministerio Público actúen de manera ejemplificadora, derivando los casos para responsabilidad penal y administrativa, fortalecer fiscalización en salud pública, eliminando cuellos de botella en la aprobación de licencias médicas; y a desarrollar un sistema de licencias que ponga en el centro la dignidad del enfermo, y no intereses corporativos ni privilegios arrebatados a la ciudadanía.
Este doble escándalo revela más que negligencia administrativa: muestra cómo se sostiene un sistema donde el privilegio se institucionaliza y la justicia médica se vulnera. Las licencias médicas no pueden ser letra muerta ni vaiven de burocracia. Deben ser un derecho inalienable. Y cuando se vulnera, no caben explicaciones: solo exigencias, sanciones y reparación digna.
Campillai enfatiza: quienes viajan con licencia médica sin estar enfermos deben rendir cuentas; pero al mismo tiempo quienes sufren rechazos no pueden seguir aislados ni desprotegidos.