Esta derrota revela las contradicciones internas del bloque burgués argentino, dividido entre sectores que exigen un ajuste rápido y brutal y otros que temen sus consecuencias políticas y sociales. Al mismo tiempo, expresa la persistencia de una resistencia popular que, aunque fragmentada, ha logrado obstaculizar parcialmente la ofensiva neoliberal, como lo demuestran las huelgas, movilizaciones sindicales y la presión de gobernadores e intendentes.
Por Equipo El Despertar
El presidente argentino Javier Milei sufrió un nuevo revés legislativo tras el rechazo del Senado a partes clave de su agenda de ajuste. La denominada “Ley Ómnibus II”, que buscaba profundizar la privatización de empresas públicas, precarizar derechos laborales y otorgar más poder discrecional al Ejecutivo, fue frenada por sectores opositores y disputas internas en la propia derecha parlamentaria.
El fracaso de la iniciativa, eje central del proyecto ultraliberal de Milei, marca un límite material a su retórica de “motosierra” contra el Estado y los derechos sociales. A pesar de contar con el respaldo de los grandes medios, sectores del capital concentrado y el aval implícito del FMI, el presidente no logra traducir su programa de shock en gobernabilidad efectiva, lo que pone en entredicho su capacidad para imponer reformas estructurales por vía institucional.
Esta derrota revela las contradicciones internas del bloque burgués argentino, dividido entre sectores que exigen un ajuste rápido y brutal y otros que temen sus consecuencias políticas y sociales. Al mismo tiempo, expresa la persistencia de una resistencia popular que, aunque fragmentada, ha logrado obstaculizar parcialmente la ofensiva neoliberal, como lo demuestran las huelgas, movilizaciones sindicales y la presión de gobernadores e intendentes.
Milei representa el intento de llevar la lógica del capital a su expresión más cruda, desmantelando el Estado como mediador parcial de las tensiones de clase, y poniéndolo al servicio directo del capital financiero. Su “fracaso” legislativo no es un triunfo de la democracia burguesa, sino un reflejo de que el capital no puede gobernar sin cierta hegemonía política y sin al menos un mínimo de consenso entre sus propias fracciones.
Esta crisis en el parlamento no significa el fin de su proyecto, sino un reacomodo táctico: si el capital no puede avanzar por el Congreso, lo intentará por decreto, por el poder judicial o por represión directa. La tarea de las fuerzas populares es clara: no confiar en la legalidad institucional, sino construir poder desde abajo, mediante organización obrera, acción directa y articulación territorial que apunte a desmontar el régimen de dominación capitalista, y no solo a resistir sus reformas más brutales.