La demanda se produce en medio de la suspensión total de operaciones en El Teniente, la mayor mina subterránea de cobre del mundo, lo que ya genera un impacto en la producción y en miles de empleos. Los sindicatos recordaron que las advertencias sobre riesgos geotécnicos y sobrecarga laboral habían sido planteadas reiteradamente a la administración, sin que se tomaran medidas efectivas.
Por Equipo El Despertar
La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y sindicatos de la División El Teniente exigieron este lunes la renuncia inmediata de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, a quien responsabilizan políticamente por el derrumbe del 1 de agosto que costó la vida a seis trabajadores subcontratados.
En declaraciones públicas, los dirigentes acusaron que la tragedia fue consecuencia de “fallas estructurales en la gestión de seguridad” y de una política corporativa que privilegia el cumplimiento de metas productivas sobre la protección de la vida. “No es un accidente inevitable, es el resultado de una negligencia empresarial y estatal que viene de años”, señalaron.
La demanda se produce en medio de la suspensión total de operaciones en El Teniente, la mayor mina subterránea de cobre del mundo, lo que ya genera un impacto en la producción y en miles de empleos. Los sindicatos recordaron que las advertencias sobre riesgos geotécnicos y sobrecarga laboral habían sido planteadas reiteradamente a la administración, sin que se tomaran medidas efectivas.
Para la FTC, la permanencia de Pacheco en el cargo es incompatible con el compromiso de garantizar seguridad laboral real, especialmente cuando la mayoría de las víctimas pertenecen a empresas contratistas, un sector históricamente más expuesto a precariedad y sin la misma cobertura de derechos que los trabajadores de planta.
El llamado a su salida marca un quiebre en la relación entre la administración central de Codelco y sus sindicatos, en un contexto donde la estatal enfrenta presiones financieras, retrasos en proyectos y crecientes cuestionamientos por su política de subcontratación. La tragedia y sus consecuencias han reabierto el debate sobre quién paga el costo humano del cobre que sostiene la economía chilena.