Los informes son demoledores. El forense Luis Ravanal, junto a la Dra. Carmen Cerda, demostró que no había signos vitales en los tejidos del cuello: Macarena fue colgada después de muerta. El experto británico John Clark, con trayectoria en la Corte Penal Internacional, fue aún más tajante: la causa real fue estrangulamiento homicida, con posterior montaje para simular un suicidio. A eso se sumó el peritaje psicológico de Valeria Moscoso, quien describió a Valdés como una mujer enérgica, optimista y con convicciones firmes, descartando cualquier hipótesis de depresión o conducta autodestructiva.
Por Equipo El Despertar
El 22 de agosto de 2016 la activista mapuche y defensora ambiental Macarena Valdés apareció muerta en su casa en Tranguil. La justicia chilena, con una rapidez sospechosa, cerró el caso como “suicidio”. Nueve años después, lo que se acumula no es justicia sino pruebas forenses, peritajes internacionales y testimonios que apuntan a un homicidio por estrangulamiento, todo sistemáticamente ignorado por el Estado. El nombre de Macarena ya no es solo el de una mujer asesinada, sino el de una herida abierta que desnuda cómo la institucionalidad protege negocios hidroeléctricos y castiga a quienes los enfrentan.
Los informes son demoledores. El forense Luis Ravanal, junto a la Dra. Carmen Cerda, demostró que no había signos vitales en los tejidos del cuello: Macarena fue colgada después de muerta. El experto británico John Clark, con trayectoria en la Corte Penal Internacional, fue aún más tajante: la causa real fue estrangulamiento homicida, con posterior montaje para simular un suicidio. A eso se sumó el peritaje psicológico de Valeria Moscoso, quien describió a Valdés como una mujer enérgica, optimista y con convicciones firmes, descartando cualquier hipótesis de depresión o conducta autodestructiva.
¿Y la justicia chilena? Cerró los ojos. Fiscalía y tribunales se negaron a recalificar el caso, manteniendo la figura de “muerte por hallazgo de cadáver”, una categoría que sirve para diluir responsabilidades y garantizar impunidad. Marx ya lo decía en La lucha de clases en Francia: el Estado es la fuerza organizada de la clase dominante. Aquí no protege a una mujer mapuche asesinada por oponerse a un megaproyecto hidroeléctrico: protege a la empresa, protege al capital, protege la continuidad del modelo extractivista.
La cadena de omisiones institucionales configura más que negligencia: es complicidad. Carabineros, PDI, fiscales y jueces omitieron pruebas, ignoraron amenazas previas y minimizaron el hostigamiento sistemático que Macarena y su familia sufrían por resistir a RP Global. Incluso el día anterior a su muerte, trabajadores vinculados a SAESA advirtieron que “algo grave” ocurriría. Alguien cumplió esa amenaza, y el Estado se encargó de borrar las huellas.
La impunidad, en este caso, cumple un doble papel: elimina físicamente a una dirigente que se interponía en el avance hidroeléctrico y envía un mensaje de terror al resto de los defensores ambientales y comunidades mapuche. Como en tantas otras muertes “no aclaradas” en Wallmapu, la estrategia es clara: matar y luego negar. Negar la verdad forense, negar el contexto político, negar la historia de violencia contra el pueblo mapuche.
Nueve años después, lo que se reclama no es solo justicia para Macarena Valdés, sino verdad para un país donde el extractivismo se impone con sangre y las instituciones operan como brazo jurídico del despojo. La impunidad no es un error: es el engranaje que mantiene funcionando el modelo. Y mientras no se rompa esa maquinaria, seguirán cayendo más Macarenas.