Aunque el juez no ordenó la retirada inmediata de los efectivos, fijó plazo hasta este viernes para que el fallo entre en vigor, la decisión constituye un precedente contundente: Trump utilizó a los militares como brazo político para disciplinar a migrantes y manifestantes, quebrando uno de los pilares jurídicos que limita el poder presidencial en Estados Unidos.
Por Equipo El Despertar
El expresidente Donald Trump vuelve a quedar expuesto como transgresor de la legalidad que dice defender. Este martes, el juez federal Charles Breyer, en San Francisco, determinó que el despliegue de la Guardia Nacional en California durante el verano pasado fue ilegal y violó la Ley Posse Comitatus, que desde 1878 prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno.
El fallo responde a la demanda presentada por el gobierno de California, que denunció el envío de tropas a Los Ángeles para intervenir en operativos migratorios y en protestas sociales. Para el tribunal, aquello constituyó un uso indebido de fuerza militar contra la población civil, evocando prácticas autoritarias más propias de regímenes represivos que de una democracia.
Aunque el juez no ordenó la retirada inmediata de los efectivos, fijó plazo hasta este viernes para que el fallo entre en vigor, la decisión constituye un precedente contundente: Trump utilizó a los militares como brazo político para disciplinar a migrantes y manifestantes, quebrando uno de los pilares jurídicos que limita el poder presidencial en Estados Unidos.
Los abogados de la administración republicana intentaron justificar la medida alegando que los soldados solo “protegían a agentes federales”, pero el tribunal desechó esa versión. Lo cierto es que el propio Trump ya había insinuado extender este tipo de despliegues a ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Baltimore y Nueva York, con un claro tinte de persecución política y racial.
Este fallo se suma al historial de actuaciones ilegales y autoritarias del magnate republicano, quien no dudó en militarizar Washington D.C. ni en alentar la represión contra quienes protestaron durante su mandato. Queda demostrado, una vez más, que la “mano dura” que promueve Trump no es más que gobierno por la fuerza, fuera de la ley y contra el pueblo.
La sentencia de Breyer envía un mensaje claro: ni siquiera en Estados Unidos el poder presidencial es absoluto. Sin embargo, la amenaza persiste, pues Trump insiste en normalizar el uso de los militares contra la ciudadanía, erosionando la frontera entre democracia y autoritarismo.