En jerga corporativa esto se llama autoprotección por umbral: con reglas que exigen mayoría del total y no de los presentes, un empate equivale a continuidad. No es absolución ni exculpación; es inmovilismo con toga. Marx y Engels lo describieron con precisión clínica: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Aquí, la voluntad fue no remover.
Por Equipop El Despertar
El Pleno de la Corte Suprema no alcanzó el quórum para remover al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Mauricio Ulloa Márquez, vinculado al caso Hermosilla (Caso Audio). La vocera del tribunal, María Soledad Melo, informó un empate de 7–7 en la votación, por lo que, conforme al artículo 80 de la Constitución, que exige mayoría del total de 21 integrantes (11 votos), no procede la remoción.
El cuaderno de remoción se abrió por cuatro cargos: i) violación del deber de reserva, al entregar a Luis Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones antes de hacerse públicas; ii) vulneración del deber de imparcialidad, al expresar falta de neutralidad en causas bajo su conocimiento; iii) falta de probidad al intervenir en concursos de nombramientos sin inhabilitarse en asuntos con cercanos; y iv) conducta impropia al usar su vínculo con Hermosilla en designaciones. El empate no despeja esos hechos; solo impide la sanción máxima.
En jerga corporativa esto se llama autoprotección por umbral: con reglas que exigen mayoría del total y no de los presentes, un empate equivale a continuidad. No es absolución ni exculpación; es inmovilismo con toga. Marx y Engels lo describieron con precisión clínica: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Aquí, la voluntad fue no remover.
El contraste con otros fallos recientes es inevitable. En octubre de 2024, la Suprema removió a Ángela Vivanco por mal comportamiento vinculado también a comunicaciones con Hermosilla; y hace días, la ministra Verónica Sabaj fue destituida tras revelarse chats con el mismo abogado. En un caso hay quorum y “cirugía”; en otro, empate y continuidad. La línea roja no es jurídica: es como en todo el sistema judicial, profundamente política y de resguardo interno.
Para la legitimidad del sistema, el mensaje es tóxico: el Poder Judicial reconoce un problema sistémico de filtraciones, influencias y cercanías con un lobista imputado, pero administra el daño con resultados dispares. Se sacrifican piezas para “salvar la fachada” y se preservan otras cuando dicha pieza puede hacer estallar el sistema. En ese caso no hay once manos levantadas. Gramsci lo llamaría gestión de hegemonía: se exhibe corrección ética a la carta, sin tocar el andamiaje.
Jurídicamente, el resultado deja a Ulloa no removido; las notas públicas no informan otras sanciones. Políticamente, reabre el debate sobre probidad, imparcialidad y reserva en el interior de los tribunales y de qué sirve un estándar que permite que la sospecha fundada no tenga consecuencia cuando el pleno se parte en dos. Si el “caso Hermosilla” estaba destinado a clarificar la frontera entre justicia y lobby, hoy sabemos que la frontera sigue trazada con lápiz mina.
La conclusión es sobria: la Suprema evitó fijar doctrina y prefirió el empate administrativo. El problema no desaparece; se posterga. Hasta que no haya reglas más exigentes de transparencia, inhabilitaciones estrictas y rendición pública de contactos y agendas, cada nuevo chat filtrado volverá a recordarnos que la justicia no se contamina por accidente: se mezcla con el poder cuando puede.