Conviene nombrar lo estructural: en el sur chileno, seguridad pública y negocio forestal se encuentran demasiado seguido en la misma mesa. Marx y Engels lo dijeron sin perfume: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Fanon completó la escena: el colonialismo organiza el espacio por la violencia. Cuando una dirigenta mapuche desaparece y la respuesta estatal son retenciones en furgones, GOPE en la puerta y filtraciones en sistema, no estamos ante “excesos aislados”: es un método que criminaliza a la comunidad y protege intereses de tierra.
Por Equipo El Despertar
Una vez más la Fiscalía Nacional tambalea. La Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, se declaró inhábil en la causa por la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil (vista por última vez el 8 de noviembre de 2024), luego de que la familia la denunciara por apremios ilegítimos. El amparo presentado por los hijos de Chuñil, ya admitido a trámite por la Corte de Valdivia, acusa que, en enero, durante un operativo, la fiscal y policías retuvieron por más de tres horas a Jeannette Troncoso Chuñil dentro de vehículos fiscales, presionándola para que se inculpara. En un oficio del 21 de mayo, Esquivel negó los hechos, pero reconoció que “la sola existencia de estas denuncias compromete la percepción de imparcialidad”, motivo por el que pidió apartarse ella y su equipo.
El operativo de enero involucró a GOPE, Labocar y SIP. De acuerdo con el amparo, un funcionario puso la mano sobre su arma y exigió a Jeannette “confesar” que ella y su exesposo habían hecho desaparecer a su madre (“hoy sacaremos a su mamá de acá”, se lee en el escrito). La trasladaron a una tenencia de Máfil, donde habría permanecido dentro de vehículos recibiendo preguntas durante horas. Su abogada Carmen Caifil denunció además impedimentos al derecho a defensa. La fiscal Esquivel sostiene que todo se hizo con autorización judicial y que el relato “no se ajusta a la realidad”.
Con la inhabilitación sobre la mesa, el consejo de fiscales regionales debe decidir si la acepta y quién asumirá la causa y, en paralelo, quién investigará las denuncias contra la propia Esquivel. La normativa del Ministerio Público exige que a un fiscal regional solo lo investigue un persecutor de igual rango. La Fiscalía Regional, justificó la medida como forma de resguardar objetividad y legitimidad.
En paralelo, otro flanco golpea la credibilidad institucional: una escucha telefónica autorizada que habría captado a un sospechoso diciendo “la quemaron”, en alusión a Julia Chuñil, fue subida por error a la plataforma Fiscalía en Línea y luego retirada, según reveló la abogada Karina Riquelme. El “error” alertó a los investigados de que tenían los teléfonos pinchados y comprometió una de las diligencias más sensibles del caso. El Ministerio Público sostiene que el audio tiene contexto y que no prueba culpabilidad; prueba con seguridad, sí, desprolijidad.
Las hipótesis han oscilado entre la posible participación de terceros ligados a conflictos de tierra y la incriminación de la familia. El empresario forestal Juan Carlos Morstadt, querellado por amenazas previas y citado a declarar en enero, guardó silencio. En febrero, prensa reportó que Labocar halló sangre en la casa de Jeannette que coincidiría con el ADN de Julia; la familia lo calificó de “montaje”. La causa está reservada; la cadena de custodia y las pericias deben hablar, no las filtraciones.
Conviene nombrar lo estructural: en el sur chileno, seguridad pública y negocio forestal se encuentran demasiado seguido en la misma mesa. Marx y Engels lo dijeron sin perfume: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Fanon completó la escena: el colonialismo organiza el espacio por la violencia. Cuando una dirigenta mapuche desaparece y la respuesta estatal son retenciones en furgones, GOPE en la puerta y filtraciones en sistema, no estamos ante “excesos aislados”: es un método que criminaliza a la comunidad y protege intereses de tierra.
La salida no es cosmética. Hace falta: fiscal regional externo y garantías a la familia como víctima, no como sospechosa por defecto; prohibición efectiva de interrogatorios fuera de recintos y protocolos contra apremios con sanción real; auditoría independiente de la cadena de custodia (pericias de sangre, escuchas, hallazgos); reserva seria de las diligencias para no dinamitar el caso; y acompañamiento psicosocial a los hijos de Julia. Angela Davis lo resume: la respuesta punitiva sin derechos no resuelve nada; solo desaparece personas detrás de carpetas.
Mariátegui nos dejó la brújula: los problemas de tierra —y de quienes la defienden— no son “técnicos”, son políticos. Si esta investigación se construye sobre apremios y filtraciones, no habrá verdad ni justicia: habrá impunidad para el más fuerte y estigma para el más débil. La pregunta que importa es sencilla y enorme: ¿dónde está Julia Chuñil? Todo lo que no acerque a esa respuesta —con garantías plenas— es ruido.