La fiscalía estadounidense acusa a Maduro de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas; el expediente es una ampliación de acusaciones presentadas en 2020, durante el primer periodo de Trump, y que Washington sostiene que involucran redes de tráfico con participación de actores criminales y armados.
Por Equipo El Despertar
El Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon este lunes “no culpables” en su primera comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan, en una audiencia encabezada por el juez Alvin K. Hellerstein. Al identificarse, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela y soy inocente”, y denunció haber sido “secuestrado” tras la operación estadounidense en Caracas; Flores también rechazó los cargos y se presentó como “primera dama” de Venezuela.
La audiencia se realizó luego del secuestro en Caracas durante una operación militar de EE.UU. y el traslado de la pareja a la prisión federal Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, desde donde fueron llevados bajo fuerte custodia a la corte neoyorquina.
La fiscalía estadounidense acusa a Maduro de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas; el expediente es una ampliación de acusaciones presentadas en 2020, durante el primer periodo de Trump, y que Washington sostiene que involucran redes de tráfico con participación de actores criminales y armados.
Si es condenado, Maduro podría enfrentar penas muy altas (incluida cadena perpetua, dependiendo del cargo), mientras se anticipa una disputa legal sobre jurisdicción, ilegalidad de la detención y eventuales alegaciones de inmunidad; EE.UU., con su actitud injerencista e imperial de siempre, ha insistido en que no lo reconoce como líder legítimo, tras la última contienda electoral venezolana, en donde los organismos competentes le dieron la victoria por amplio margen.
En paralelo al proceso judicial en Nueva York, el episodio abrió una controversia diplomática en Naciones Unidas. El secretario general António Guterres expresó preocupación por el impacto regional y por el precedente, mientras la representación estadounidense defendió la operación como una acción “quirúrgica” y Venezuela y otros países la denunciaron como violación de soberanía y del derecho internacional.
Más allá del expediente penal, el caso se instala en la zona gris donde justicia, poder y geopolítica se cruzan: el secuestro, a todas luces ilegal, y el juzgamiento en la metrópoli imperial, reactivan el debate sobre soberanía y sobre el uso del lenguaje “antinarcóticos/antiterrorista” como legitimación de acciones de fuerza sobre la periferia, un patrón que la tradición antiimperialista (Lenin/Fanon) identifica como parte del repertorio del dominio contemporáneo.
