El abogado Benjamín Salas Kantor, exasesor de política exterior del expresidente Sebastián Piñera (2018–2021) y actual jefe de gabinete del presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuestionó la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, señalando que la gravedad de un régimen no habilita a otros Estados a violar las normas en respuesta.
Su postura fue expuesta en una carta enviada a El Mercurio, citada por The Clinic, en la que plantea que defender el Derecho Internacional exige aceptar una premisa “incómoda”: la supuesta ilegalidad de un actor no convierte en legal la ilegalidad del otro. En su advertencia, Salas sostiene que si la legalidad dependiera de la simpatía por una causa, las normas dejarían de ser límite y pasarían a ser “instrumento político”.
En la carta, Salas afirma que nada autoriza, conforme a la Carta de la ONU, una intervención militar extranjera destinada a tomar control de un territorio —incluyendo recursos naturales— y forzar un cambio de régimen.
A la vez, distingue entre respuestas unilaterales permitidas y el uso de la fuerza: afirma que el Derecho Internacional sí contempla medidas como sanciones (con todas sus limitaciones), mientras que la intervención militar “cruza una línea distinta” porque “no corrige” la ilegalidad, sino que la reproduce.
Otro eje del texto apunta al precedente. Salas advierte que abrir la puerta a cambios de régimen impuestos por la fuerza expone a todos los Estados a que mañana se invoquen argumentos similares contra ellos. En ese marco, sostiene que para países como Chile, cuya seguridad depende de reglas compartidas y no del poder militar, el precedente sería “devastador”, rematando que defender el Derecho Internacional “no es tibieza”, sino “responsabilidad”.
Las declaraciones se insertan en un debate político y académico en Chile abierto tras la operación extraterritorial estadounidense en Caracas, donde se han cruzado posturas sobre dos planos: la evaluación del régimen venezolano y la evaluación del método (uso de la fuerza e impacto sobre el Derecho Internacional). En esa discusión, diversas voces han recalcado que condenar una intervención no equivale a validar a Maduro, sino a discutir el precedente y la legalidad.
En clave materialista, el argumento de Salas muestra una tensión característica del orden mundial: incluso defensores del “orden liberal de posguerra” (reglas, soberanía formal, prohibición del uso de la fuerza) alertan cuando el centro imperial actúa sin límites, porque esa práctica erosiona las mismas normas que estabilizan la dominación y vuelven más insegura a la periferia. En otras palabras: la disputa por “legalidad” no flota en el aire; se vuelve crucial cuando la coerción abre la posibilidad de administrar territorios, gobiernos y recursos estratégicos por la vía de la fuerza.