El gobierno argentino encabezado por Javier Milei, siguiendo su programa de demolición del Estado, anunció formalmente el inicio del proceso de privatización de AySA, una de las pocas empresas públicas estratégicas que aún quedaban bajo control estatal.
Este intento de convertir el agua en mercancía es parte del plan sistemático de recolonización económica y disciplinamiento social, que el régimen libertariano lleva adelante con una violencia institucional sin precedentes desde diciembre de 2023.
¿Qué es AySA y por qué importa?
AySA es la empresa estatal encargada de distribuir agua potable y servicios de cloacas en la región metropolitana, abasteciendo a más de 14 millones de personas. Fue reestatizada en 2006, tras el fracaso y la corrupción de la concesión privada en los 90, donde Aguas Argentinas (controlada por Suez, Vivendi y otros capitales transnacionales) degradó la calidad del servicio, aumentó tarifas, y no invirtió ni un peso en expansión o mantenimiento.
Hoy, el gobierno de Milei intenta reinstaurar el modelo privatista, con los mismos argumentos de siempre: eficiencia, inversión, “libertad de elegir”. En realidad, se trata de entregar un bien vital al capital extranjero, en un negocio garantizado por el Estado y pagado por los usuarios a tarifas impagables.
Privatizar el agua es privatizar la vida misma.
Agua para el capital, sed para el pueblo
Desde la perspectiva marxista, este proceso forma parte de lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión:
👉 La transferencia de bienes públicos, comunes o colectivos al control privado, generalmente transnacional, en un proceso violento de reapropiación capitalista.
No es una política aislada, es una fase de la restauración neoliberal:
- Se destruyen los derechos sociales,
- Se reprimen las protestas,
- Se eliminan subsidios,
- Y se venden activos públicos como botín de guerra del capital financiero.
¿Qué pasará si privatizan AySA?
Los antecedentes son claros:
- Tarifas impagables (como ya ocurrió con Edenor y Edesur en los 90),
- Cortes y fallas en zonas populares no rentables,
- Mantenimiento mínimo, inversión nula,
- Expulsión del servicio de miles de familias que viven en villas, asentamientos o periferias no “rentables”.
Privatizar el agua es condenar a millones a la exclusión hídrica, justo en un país con más de 10 millones de pobres y donde el cambio climático agrava la escasez.
¿Y qué dice el pueblo? Organizar la resistencia
Organizaciones sociales, sindicatos del sector público, asambleas barriales y agrupaciones ambientalistas han comenzado a rechazar públicamente la privatización, convocando a movilizaciones en defensa del agua como derecho humano.
Desde la izquierda clasista, la tarea no es solo resistir la privatización, sino denunciar el carácter estructural de este saqueo, que no será detenido por argumentos técnicos sino por la lucha popular organizada.
El agua no es un recurso. Es un derecho. Y ningún derecho se negocia: se defiende.
Conclusión: Milei no privatiza, Milei entrega
Javier Milei no es un gestor de la eficiencia: es el gerente de liquidación de la Argentina, puesto por el capital financiero global para convertir los bienes públicos en activos privados.
La venta de AySA no es un ajuste: es una transferencia de soberanía, un acto criminal contra la clase trabajadora y contra las futuras generaciones.
Porque donde el agua es mercancía, el pueblo es desecho.