En un momento crítico para la economía nacional, donde la imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos sobre el cobre amenaza con un impacto de 1.500 millones de dólares en las arcas fiscales, la derecha chilena, a través de la candidata presidencial Evelyn Matthei, ha buscado posicionarse en el debate, generando una polémica que, para el oficialismo y sectores progresistas, desvía la atención de la urgencia nacional hacia la arena electoral.
La propuesta de la alcaldesa Matthei de “poner sus equipos a disposición” del Gobierno para enfrentar el desafío del cobre, lejos de ser vista como un gesto de unidad, ha sido interpretada por fuerzas de izquierda como una maniobra política para capitalizar mediáticamente una crisis de Estado. La insistencia de la UDI, a través del senador Juan Antonio Coloma y el jefe de bancada Guillermo Ramírez, en calificar la actitud del Presidente Gabriel Boric como “mezquina” por no aceptar la “ayuda”, revela una prioridad por el rédito político-partidista en vez de una genuina preocupación por el bienestar colectivo.
Desde la izquierda, se enfatiza que la defensa de un recurso estratégico como el cobre, vital para la soberanía económica del país y para la financiación de políticas sociales, debe ser una tarea de Estado y no un espacio para la competencia electoral. La respuesta del Presidente Boric, convocando a un Consejo de Alto Nivel de expertos, es vista como una señal de responsabilidad y seriedad institucional, que busca soluciones técnicas y de Estado, sin ceder a la lógica de la “generosidad” política condicionada.
La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, fue clara al sugerir a Matthei “concentrarse en su campaña”, señalando implícitamente que la gestión de una crisis de esta magnitud no puede ser terreno para el proselitismo. Aunque desde Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, calificara estas palabras de “pequeñez”, la perspectiva de izquierda sostiene que en momentos de amenaza a los intereses nacionales, los recursos estratégicos como el cobre deben ser protegidos con unidad política y técnica, y no instrumentalizados para fines electorales o para validar la experiencia de equipos económicos históricamente vinculados a modelos que han profundizado las desigualdades.
La coyuntura de los aranceles al cobre no solo es un desafío económico, sino que también expone las diferentes concepciones sobre el rol del Estado, la colaboración política y la gestión de los recursos naturales. Para la izquierda, la prioridad es la defensa de la riqueza generada por el pueblo chileno y su distribución equitativa, lejos de cualquier intento de privatización encubierta o de disputa por el liderazgo en la gestión de la crisis que no ponga al bienestar social en el centro.