Las declaraciones responden a una semana de tensión entre parlamentarios oficialistas. Durante la votación de la acusación constitucional, Manouchehri llamó “corrupto” al senador Fidel Espinoza (PS), provocando un incidente que obligó a suspender la sesión. Espinoza respondió anunciando una querella por injurias y calumnias, y acusó al diputado de “usar el Congreso para sacar ventaja política” en la competencia senatorial por Atacama.
Por Equipo El Despertar
La senadora Yasna Provoste (DC), en una evidente vuelta de mano, escaló el conflicto con el diputado Daniel Manouchehri (PS), acusándolo de utilizar la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa para hacer campaña en favor de su pareja, la diputada y candidata al Senado Daniella Cicardini (PS), hija del alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, actualmente investigado por presuntas irregularidades en su municipio.
“Yo lamento que el diputado haya usado esa instancia para hacer campaña por su pareja, cuando lo que correspondía era debatir sobre los fundamentos de una acusación constitucional”, señaló Provoste. Luego fue más lejos: “Le recuerdo sus palabras, cuando dijo que quien calla ante la corrupción se hace cómplice. Entonces le pregunto por qué ha guardado silencio frente a lo que ocurre en el municipio de Copiapó. El municipio ha sido allanado dos veces, y no lo están allanando por lindo”, enfatizó.
Las declaraciones responden a una semana de tensión entre parlamentarios oficialistas. Durante la votación de la acusación constitucional, Manouchehri llamó “corrupto” al senador Fidel Espinoza (PS), provocando un incidente que obligó a suspender la sesión. Espinoza respondió anunciando una querella por injurias y calumnias, y acusó al diputado de “usar el Congreso para sacar ventaja política” en la competencia senatorial por Atacama.
El trasfondo del conflicto no es solo personal ni disciplinario: refleja la fragmentación de la coalición de gobierno en plena recta final de las campañas parlamentarias. Las acusaciones cruzadas por corrupción, intervencionismo y uso electoral de instancias legislativas evidencian un clima de descomposición política dentro del bloque oficialista, donde las alianzas regionales y familiares se entremezclan con los intereses electorales nacionales.
Las denuncias sobre la gestión del municipio de Copiapó —allanado dos veces y con sumarios abiertos en la Contraloría— podrían tener consecuencias más amplias. Si bien Manouchehri ha evitado referirse al tema, la ofensiva de Provoste apunta directamente a la coherencia moral de los discursos anticorrupción dentro del propio oficialismo: “No se puede levantar la bandera de la probidad para atacar a los adversarios y callar cuando la irregularidad ocurre entre los propios”, señaló la senadora.
El episodio deja al descubierto cómo la disputa por los escaños senatoriales en Atacama ha derivado en una guerra interna entre fuerzas aliadas, donde la ética pública, la lealtad partidaria y la competencia electoral se confunden en un mismo escenario. Mientras tanto, los casos de presunto fraude y corrupción municipal siguen avanzando lentamente en la justicia, arrastrando a buena parte de la política regional al descrédito.