El ICAL calcula que el plan del gobierno de Kast creará entre 15 y 20 mil empleos adicionales, no los más de 100 mil anunciados, y plantea una alternativa basada en gasto público intensivo en trabajo, defensa de los salarios y reglas automáticas ligadas al desempleo.
Por Equipo El Despertar
El mismo día en que La Moneda presentó su Agenda Pro Empleo, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) respondió con un documento que examina cifra por cifra la propuesta del Ejecutivo y llega a una conclusión incómoda para el gobierno. Según el análisis, fechado el 28 de septiembre, el plan “acierta en usar la inversión pública para generar actividad, pero su impulso real es demasiado pequeño y tardío para el problema que enfrenta Chile”. Su efecto sobre la desocupación sería de apenas 0,15 a 0,2 puntos, en un país con una tasa de 9,5% y casi un millón de personas sin trabajo.
El punto de partida del informe es el deterioro del mercado laboral, que el ICAL lee como algo más profundo que una mala racha del ciclo. Entre mayo y julio de 2026 los asalariados formales cayeron 2,4% mientras el trabajo por cuenta propia creció 5,5% y la informalidad subió a 26,5%. El ajuste, advierte el texto, combina pérdida de empleo con precarización, porque se destruye empleo protegido y se multiplica el trabajo vulnerable. Tampoco se trata de trabajadores desalentados, ya que la fuerza de trabajo siguió creciendo, sino de personas que buscan empleo y no lo encuentran. La gravedad es tal que el propio sistema de protección activó en septiembre pagos adicionales del Fondo de Cesantía Solidario por primera vez desde 2021.
Un anuncio inflado
El documento desarma el titular oficial de los “más de 100 mil puestos”. De los $1,3 billones anunciados, el pago de deudas a proveedores de salud y la capitalización del FOGAPE no constituyen gasto nuevo, de modo que el impulso real a la demanda es de unos $890 mil millones, cerca del 0,3% del PIB, y $635 mil millones de esa cifra llegarán recién en 2027. La cifra de los cien mil empleos, explica el ICAL, solo se alcanza sumando el empleo asociado a $1,78 billones de obras que ya estaban presupuestadas y que el gobierno simplemente pide ejecutar. Aplicando los coeficientes de la propia Dirección de Presupuestos, para crear cien mil empleos nuevos habría que gastar entre $0,8 y $1,1 billones adicionales en un solo trimestre; el dinero fresco del plan para este trimestre es de $155 mil millones, entre cinco y siete veces menos.
La apuesta de mediano plazo tampoco garantiza trabajo. El gobierno confía en una cartera de proyectos aprobados por US$35.824 millones, mayoritariamente mineros y energéticos, pero el informe recuerda que en el último año la producción minera creció 6% mientras su empleo cayó 6,6%. Es la expresión concreta de un crecimiento cada vez más intensivo en capital, en el que la riqueza extraída aumenta y la fuerza de trabajo ocupada disminuye.
Lo que la OIT pide y el plan omite
Contrastada con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, la agenda cubre uno solo de los tres pilares recomendados ante una crisis de empleo, el estímulo a la demanda, y lo hace a escala reducida. Deja fuera la protección del ingreso de los desocupados y la defensa de los salarios, y no incorpora metas verificables, cláusulas de calidad del empleo, medidas para mujeres y jóvenes ni diálogo social. Los trabajadores, anota el documento, “asistieron al lanzamiento, pero no participaron en el diseño ni en el seguimiento”. Un tercio del plan son liquidez y crédito para empresas, instrumentos que según el ICAL “abaratan costos o dan liquidez, pero no crean clientes”.
El salario no es el problema
La parte más política del análisis apunta contra el relato que responsabiliza a los “costos laborales” del desempleo, una tesis que el Banco Central y los gremios han instalado como sentido común. Con los propios Informes de Política Monetaria, el ICAL muestra que el consumo de los hogares se ha explicado en los últimos años por la masa salarial real. En 2024 y 2025 las alzas de remuneraciones, incluido el salario mínimo, compensaron la debilidad del empleo; en 2026 esa compensación se agotó porque el empleo empezó a caer. “El problema actual de la demanda interna viene del empleo, no de salarios demasiado altos”, concluye el texto.
Sobre el salario mínimo, que subió cerca de 16% real entre 2023 y 2025, el informe contrapone las estimaciones del Banco Central con los registros de la Dirección del Trabajo, que no encontró pérdidas netas de empleo formal, y con los datos del INE, que en 2025 mostraban crecimiento de asalariados formales y de cotizantes. Incluso con los números del instituto emisor, agrega, la masa salarial de los trabajadores de menores ingresos aumentó.
El documento rescata aquí una advertencia de Michał Kalecki, formulada en 1943, según la cual el pleno empleo sostenido genera resistencia en el capital porque los trabajadores con empleo seguro negocian mejor, y por eso los gobiernos tienden a recortar el gasto antes de alcanzarlo. Es la vieja función del ejército industrial de reserva descrita por Marx, en la que la desocupación opera como disciplinador del salario, una lógica que el ICAL ya había identificado en la decisión del Banco Central de mantener la tasa en 4,5% en plena recesión técnica.
Una alternativa ordenada por la demanda
Frente a ello, Fernando Carmona, Director del Instituto, propone invertir el orden de prioridades del gobierno. “La pregunta central de una política de empleo no es cómo reducir costos, sino quién gasta y cuánto”, sostiene. El primer eje es la inversión pública intensiva en trabajo. Reorientar los $800 mil millones de obras nuevas desde la vialidad hacia vivienda, pavimentos y obras barriales permitiría pasar de 11 a 15 mil empleos promedio a entre 41 y 55 mil con el mismo gasto. A ello se suman una cartera permanente de obras listas para ejecutar, la aceleración de la vivienda social, empleo público en salas cuna y cuidados para enfrentar una subutilización femenina de 19,9%, programas de emergencia con contrato formal y salario mínimo, y cláusulas laborales en toda obra financiada con recursos públicos.
El segundo eje protege el ingreso de los hogares, con un seguro de cesantía contracíclico automático, un mecanismo permanente de reducción de jornada en lugar de despidos, capacitación con ingreso, reajustes graduales del salario mínimo con consulta tripartita y negociación colectiva ramal. El apoyo a las empresas queda como complemento, condicionado a crear empleo formal neto y a no despedir durante doce meses.
Todo el paquete se activaría con el mismo gatillo que hoy dispara los pagos extra del seguro de cesantía, para que, en palabras del documento, “el gasto se activa y se retira según el desempleo, no según la voluntad del gobierno de turno”. El financiamiento vendría de una regla fiscal con cláusula de empleo, impuestos a las utilidades y al patrimonio y no al consumo, y parte de las rentas del cobre y el litio, justamente el sector que se expande sin contratar. El ICAL propone además metas verificables a diciembre de 2027, entre ellas bajar la desocupación a cerca de 8,5% y la subutilización femenina bajo 18%, con seguimiento semestral en una mesa tripartita.
El informe no esquiva las objeciones que vendrán del gobierno y los gremios sobre el espacio fiscal y la credibilidad. Responde que, con desempleo alto, el gasto público usa trabajadores y capacidad ociosa y genera sus propios ingresos, mientras recortar en recesión termina reduciendo la recaudación. Y cierra con un gesto que el Ejecutivo no ha tenido, al aceptar que su propia propuesta debe someterse a la misma evaluación de resultados que exige al plan oficial.