El plan de José Antonio Kast moviliza US$1.350 millones no para transformar las relaciones de producción, sino para subsidiar la contratación privada y acelerar obras públicas al servicio de la acumulación, mientras la CUT denuncia un eventual recorte a los gobiernos regionales.
Por Equipo El Despertar
El presidente José Antonio Kast presentó este lunes el plan “Chile Despega, con más pega”, una iniciativa que movilizará aproximadamente US$1.350 millones entre 2026 y 2027 con el objetivo declarado de generar más de 100.000 puestos de trabajo. El anuncio llega en un contexto de crisis laboral que el propio Ejecutivo reconoce: 43 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%, alcanzando un 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, la cifra más alta en cinco años. Lo que el Gobierno presenta como una respuesta de emergencia es, desde una lectura materialista, una operación de rescate estatal a las condiciones de rentabilidad del capital, no una transformación de las relaciones sociales que producen el desempleo.
El plan se estructura en cuatro ejes: aceleración de la inversión pública en infraestructura, vivienda y obras comunales; ampliación de subsidios a la contratación con una inyección de $91.000 millones concentrada en mujeres y jóvenes; recuperación de liquidez para empresas mediante pagos a proveedores del sistema de salud y garantías FOGAPE; y despliegue territorial con seguimiento centralizado. Kast lo enmarcó explícitamente en la necesidad de “recuperar el empleo de manera sostenible”, lo que en su lenguaje significa restablecer las condiciones para que el capital privado vuelva a contratar: “Recuperar el empleo de manera sostenible exige que Chile vuelva a crecer, invertir y generar oportunidades”.
Los subsidios como socialización de costos
El corazón del plan —los subsidios a la contratación— no es una política redistributiva hacia los trabajadores, sino una transferencia de recursos públicos al capital para abaratar el costo de la fuerza de trabajo. El Estado destina $91.000 millones a que las empresas privadas contraten, sin condicionar esa contratación a estándares de calidad, estabilidad o participación sindical. Como señala el propio Gobierno, se busca “combinar los cupos de Modo Empleo con nuevos recursos presupuestarios y criterios de focalización territorial y laboral”. En términos marxistas, el Estado asume parte del costo de reproducción de la fuerza de trabajo que correspondería al capital, elevando la tasa de plusvalía relativa al reducir el desembolso salarial empresarial.
El economista Benjamín Villena, integrante de la Mesa de Reactivación Laboral que asesora al Gobierno, reconoció los límites estructurales del plan: “En cualquier economía moderna, el motor principal de la generación de empleo es el sector privado”. Villena admitió que “solo con este plan no es posible” alcanzar la meta oficial de reducir el desempleo al 7,2% en 2027, y estimó que una caída de un punto porcentual —hasta el 8,5%— sería “un número más o menos realista”. La confesión es reveladora: el plan no controla las variables que determinan el empleo porque esas variables —la inversión privada, la tasa de ganancia, la competencia intercapitalista— permanecen intocadas.
La CUT y la izquierda institucional: críticas dentro del marco
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó la estrategia gubernamental y advirtió sobre un eventual recorte de recursos para los gobiernos regionales, señalando que la aceleración de la inversión pública podría ejecutarse a costa del financiamiento territorial. Sin embargo, la crítica de la CUT opera dentro de los márgenes de la economía capitalista: no cuestiona la propiedad privada de los medios de producción ni la lógica de acumulación que produce el desempleo estructural, sino la distribución territorial de los recursos fiscales.
El senador Gastón Saavedra (PS) ofreció una crítica más aguda desde la izquierda institucional: “La crisis del empleo es de largo tiempo, por tanto, es de carácter estructural. No tenemos el diagnóstico cierto de dónde está el origen, cuál es la causal principal, pero evidentemente la apuesta por el crecimiento no nos sirve, porque esa es en el largo plazo”. Saavedra identificó correctamente el problema —el desempleo como fenómeno estructural, no coyuntural— pero no nombró su causa: un modo de producción que expulsa fuerza de trabajo como condición de su propia eficiencia. La “apuesta por el crecimiento” no es simplemente insuficiente por su horizonte temporal; es estructuralmente incapaz de resolver el desempleo porque el crecimiento capitalista, bajo el actual régimen tecnológico y de competencia, genera cada vez menos puestos de trabajo por unidad de inversión.
Inversión pública para la rentabilidad privada
El primer eje del plan —acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución— incluye 241 contratos del Ministerio de Obras Públicas por US$389 millones, con una proyección de aproximadamente 23.000 empleos directos. La lógica es keynesiana en su forma pero marxista en su contenido: el Estado crea infraestructura y demanda agregada para que el capital privado pueda valorizar su inversión en mejores condiciones. Los ministerios de Obras Públicas y Vivienda deben “completar el 100% de la ejecución de inversión vigente” entre septiembre y diciembre de 2026, según instruyó Kast. La aceleración no responde a necesidades sociales priorizadas democráticamente, sino a la urgencia de inyectar circulación monetaria en un circuito de acumulación que se ha estancado.
El académico Villena precisó que “no todos los proyectos de inversión producen el mismo efecto sobre la contratación de trabajadores, especialmente aquellos que requieren grandes desembolsos en infraestructura, maquinaria o equipamiento”. Es decir, la inversión pública puede elevar el PIB sin elevar proporcionalmente el empleo, porque el capital constante desplaza al capital variable. Esta es una contradicción inherente al modo de producción capitalista que ningún plan de reactivación puede resolver sin alterar la composición orgánica del capital, es decir, sin socializar los medios de producción y planificar la economía conforme a las necesidades sociales y no a la tasa de ganancia.
Lo que el plan no dice
El plan no menciona la nacionalización de sectores estratégicos, la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, el control obrero de las empresas que reciben subsidios públicos, ni la reversión de las privatizaciones que han precarizado el empleo en salud, educación y pensiones. No menciona porque su horizonte es la reproducción del capital, no su superación. Los gremios empresariales —CChC, CPC, SNA y CCS— valoraron las medidas, aunque pidieron “complementarlas con cambios en inversión, capacitación y contratación”. Traducido: más condiciones favorables para la acumulación.
La crisis del empleo en Chile no se resolverá con US$1.350 millones ni con 100.000 puestos de trabajo prometidos. Se resolverá —si acaso— cuando la clase trabajadora conquiste el poder político para reorganizar la producción conforme a sus intereses: jornada reducida, salario digno, empleo estable y control democrático de la inversión. Mientras tanto, “Chile Despega” es un intento más de que el capital despegue, aunque los trabajadores sigan en tierra.