Con una adhesión superior al 90% en su primer día, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal paralizó la atención primaria para exigir un per cápita que no se congele mientras el Ejecutivo prepara un recorte del 3% al sector salud. La respuesta estatal no fue la mesa de diálogo, sino Carabineros.
Por Equipo El Despertar
El primer día del paro nacional de 48 horas convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) cerró con una adhesión que la propia dirigencia calificó como histórica: más del 90% de los trabajadores de la atención primaria en todo el país. Las cifras, que la presidenta del gremio, Gabriela Flores, destacó como “un apoyo importante tanto de los usuarios, alcaldes y de nuestra propia gente”, no son un dato anecdótico. Son la medida material de una contradicción que el Gobierno del presidente José Antonio Kast intenta administrar con dos instrumentos: el congelamiento del financiamiento y la represión policial.
Lo que se disputa: el per cápita como forma de la plusvalía sanitaria
La demanda central de la Confusam no es un capricho corporativo. El per cápita basal —la unidad de financiamiento que reciben los municipios por cada usuario inscrito en el sistema de atención primaria— se sitúa hoy en $11.932 mensuales, cuando debió ajustarse a $12.259 considerando los reajustes de 2026. El gremio exige un incremento de al menos $1.000 por usuario para el Presupuesto 2027, pero la propuesta del Gobierno asciende a solo $604, una cifra que la propia dirigencia califica de insuficiente. A esto se suma una deuda acumulada de más de $37 mil millones en transferencias pendientes a los municipios entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, y un recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Salud que, en la práctica, desmantela programas de reforzamiento de la atención primaria.
En términos marxistas, el per cápita no es una simple cifra técnica. Es la forma concreta que adopta la contradicción entre el capital y el trabajo en el ámbito sanitario. El Estado fija un monto por paciente que debe cubrir salarios, insumos y funcionamiento de los consultorios. Cuando ese monto se congela —como ocurrió durante dos años consecutivos—, la deducción no recae sobre la ganancia de ningún capitalista individual, sino sobre las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo que atiende a la clase trabajadora. La salud pública, convertida en una partida presupuestaria ajustable, revela su carácter de mercancía bajo el capitalismo: se administra según la lógica de la austeridad fiscal, no según las necesidades humanas.
La jornada del 29 de septiembre: calles llenas y consultorios con turnos éticos
La paralización se sintió en todo el territorio. En Concepción, cientos de funcionarios marcharon desde la Plaza Perú hasta la Delegación Presidencial, obstaculizando el tránsito vehicular en las principales arterias penquistas. El Directorio Nacional en pleno se desplazó a Valparaíso para marchar hacia el Congreso Nacional, donde se discute el Presupuesto 2027, escenificando que la disputa no es solo administrativa sino política. Los centros de salud municipal funcionaron bajo el esquema de turnos éticos para atender urgencias, entrega de medicamentos críticos y partos prioritarios, una modalidad que el gremio ha sostenido en cada una de sus movilizaciones previas.
La presidenta Flores fue explícita sobre lo que está en juego: “Seguimos en estado de alerta con la discusión del presupuesto año 2027”. No es una advertencia retórica. Es la constatación de que la lucha por el financiamiento de la atención primaria se libra en el terreno donde el Estado capitalista define qué vidas merecen ser cuidadas y cuáles pueden esperar.
La respuesta del Gobierno: ni diálogo ni presupuesto, gas pimienta
El Gobierno no ofreció una mesa de negociación. Ofreció Carabineros. En movilizaciones previas del mismo gremio, la respuesta estatal ha sido sistemáticamente represiva. En julio de 2026, dirigentes de la Confusam fueron desalojados de las cercanías de La Moneda “mediante un actuar desproporcionado que derivó en agresiones, golpes y la detención de diversos dirigentes y dirigentas del sector”. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas dirigentes nacionales y una dirigente de la Octava Región, tras lo que la dirigente Makarena Albornoz denunció como “gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera”.
La contradicción no puede ser más nítida: un gremio que representa a los trabajadores peor remunerados de toda la red asistencial —aquellos que “dejaron atrás ofertas con mejores sueldos y mayor reconocimiento porque decidieron apostar por lo público y con rol comunitario”— es tratado por el Estado como una amenaza al orden. La periodista y los autores de la columna en CIPER lo formularon sin ambages: “La represión en la Alameda no puede ser leída como un hecho aislado. Nos sitúa ante la urgencia de confrontar el verdadero legado que este gobierno pretende construir: uno donde se precarizan los derechos fundamentales a través del bolsillo y se acalla la disidencia con gas pimienta”.
Lo que la huelga revela
La adhesión superior al 90% no es solo un dato de fuerza sindical. Es la evidencia de que la clase trabajadora de la salud ha comprendido que su enemigo no es la falta de recursos, sino la lógica que decide dónde se asignan. El Estado chileno no carece de fondos para la atención primaria; los desvía hacia el pago de la deuda, los subsidios a la inversión privada y el gasto militar. La austeridad no es una fatalidad económica: es una elección política que prioriza la rentabilidad sobre la vida.
La Confusam ha anunciado que continuará atenta a la discusión presupuestaria y que radicalizará sus acciones si el Gobierno no convoca al diálogo. La pregunta que queda abierta no es si el gremio tiene razón en sus demandas —los números lo demuestran— sino hasta dónde está dispuesta la clase trabajadora de la salud a sostener una pelea que, en el fondo, no es por un reajuste, sino por el derecho a decidir colectivamente cómo se organiza el cuidado de la vida. Mientras el per cápita siga siendo una variable de ajuste fiscal y no un derecho garantizado, cada paro será una huelga contra la mercantilización de la salud. Y cada respuesta con gas pimienta será la confirmación de que el Gobierno sabe exactamente de qué lado de la barricada está.