Frente a las protestas y críticas desatadas tras la incorporación de Chile al dispositivo militar norteamericano, la retórica del gobierno de Kast —que cataloga el pacto de “cooperación informal”— se estrella contra la evidencia de una nueva embestida imperialista destinada a tutelar a la burguesía local y resguardar el patio trasero del capital transnacional.
Por Equipo El Despertar
Las crecientes reacciones adversas generadas por la oficialización de la adhesión de Chile al denominado “Escudo de las Américas” —alianza militarizada impulsada por la administración de Donald Trump— han quebrado el blindaje mediático del régimen. Mientras el presidente José Antonio Kast y su gabinete intentan matizar el alineamiento sosteniendo aceleradamente que “no se trata de un tratado” ni de un menoscabo a la soberanía, amplios sectores políticos, sociales y sindicales han calificado la medida como un sometimiento incondicional a los intereses geopolíticos de Washington. Las narrativas hegemónicas de la prensa corporativa, abocadas a reducir el debate a una discrepancia administrativa o un “exceso de celo diplomático”, quedan al descubierto como un velo ideológico que pretende encubrir la subordinación estructural del Estado dependiente a la tutela del capital imperialista.
El rechazo desencadenado no es un hecho fortuito ni una mera querella de trinchera parlamentaria. Las denuncias que acusan la gestación de una suerte de “Operación Cóndor 2.0” o la entrega directa de la autonomía nacional al Mando Sur estadounidense grafican la agudización de la contradicción entre la soberanía popular y los pactos de la clase dominante. La burguesía comprador chilena —representada en el Ejecutivo y en los grupos monopolistas— necesita de esta cobertura de seguridad militarizada para blindar la extracción de bienes comunes y disciplinar el territorio nacional ante eventuales desbordes sociales. En ese sentido, la instrumentalización de la “lucha contra el crimen organizado” no es más que la actualización de la Doctrina de la Seguridad Nacional, orientada esta vez a resguardar las cadenas de valorización y las rutas extractivas del imperio en un escenario de disputa interimperialista por los recursos del Sur Global.
Desde el análisis materialista de la política internacional, pretender que este tipo de dispositivos transnacionales son “mecanismos técnicos neutrales” de intercambio de información equivale a ignorar la naturaleza de clase del aparato estatal. Como lo señalara agudamente Vladimir Lenin en sus escritos sobre el imperialismo: “Las alianzas pacíficas preparan las guerras y, a su vez, surgen de las guerras, condicionándose recíprocamente y determinando una misma base de desarrollo imperialista de la economía mundial”. La inclusión de Chile en este “escudo” persigue el disciplinamiento militar y logístico del país para someter su política exterior a las necesidades de hegemonía de la metrópoli estadounidense, utilizando el pretexto de las bandas transnacionales para desembarcar la inteligencia norteamericana en la infraestructura crítica de la nación.
El descontento social generado por esta maniobra de espaldas al pueblo pone de manifiesto que las ilusiones en la “diplomacia soberana” de la burguesía se han agotado. La resistencia a la militarización imperialista y a la subordinación geopolítica no puede limitarse a la petición de resguardos constitucionales en un Parlamento que ha validado el modelo extractivista. La única respuesta efectiva frente al avance del capital extranjero y sus tutelas castrenses pasa por la organización independiente de las trabajadoras y trabajadores, denunciando que bajo la promesa hegemónica de “seguridad” solo se esconde el blindaje de la dominación de clase y el despojo de los pueblos de Nuestra América.