Conviene no leer este episodio de manera aislada. Apenas tres meses antes, en junio de 1987, la CNI había ejecutado la llamada Operación Albania, una emboscada que terminó con la vida de doce militantes del Frente Patriótico. Lo de Quintay no fue un hecho excepcional dentro de una represión que ya declinaba, fue la continuación de una misma campaña sistemática contra una organización específica, sostenida durante todo ese año con recursos del Estado y bajo mando coordinado de distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
Daniel Jadue
Hay fechas que la historia oficial prefiere tratar como capítulos cerrados y lugares que cuya geografía se transforma en memoria, y Quintay en septiembre de 1987 es una de ellas. Cuando se habla de la represión de la dictadura chilena, la tendencia es a situarla en los primeros años posteriores al golpe, como si el terror de Estado hubiera sido un episodio fundacional y no una política sostenida durante diecisiete años. El caso de José Julián Peña Maltés, Julio Orlando Muñoz Otárola, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete desmiente esa cronología cómoda. Estamos hablando de un año en que faltaba apenas doce meses para el plebiscito que terminaría con el régimen, y la maquinaria de exterminio seguía operando con la misma frialdad burocrática que en 1974.
Los cinco eran jóvenes militantes del Partido Comunista y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Un ingeniero, un técnico, un tornero mecánico, un técnico automotriz, un mueblista. Trabajadores, en el sentido más literal de la palabra, antes que combatientes de la propaganda oficial que buscó siempre reducirlos a esa única dimensión. Entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987 fueron detenidos, sin orden judicial, por agentes de la Central Nacional de Informaciones, el Batallón de Inteligencia del Ejército y el Comando de Aviación del Ejército, en un operativo planificado y coordinado desde antes, que la investigación judicial posterior reconstruyó con precisión. El pretexto fue el secuestro, días antes, del coronel de Ejército Carlos Carreño, ejecutado por el Frente Patriótico. Los cinco fueron elegidos de los propios archivos de inteligencia del régimen para servir, eventualmente, como moneda de canje.
El canje nunca se concretó. El coronel Carreño fue liberado en Brasil sin que mediara ningún intercambio, y en ese momento los organismos de seguridad decidieron, como reconstruyó después la investigación judicial, la eliminación lisa y llana de los detenidos. Los cinco fueron interrogados y mantenidos ocultos en el Cuartel Borgoño de la CNI, sin ninguna intención de ponerlos jamás a disposición de un tribunal. Después fueron trasladados hasta la costa de Quintay, donde sus cuerpos fueron arrojados al mar. Ese detalle, el de la eliminación decidida fríamente una vez que el objetivo original ya no tenía sentido, es quizás el que mejor retrata la lógica de un aparato represivo que no buscaba solamente reprimir un hecho puntual, sino borrar personas enteras del registro de lo existente.
Conviene no leer este episodio de manera aislada. Apenas tres meses antes, en junio de 1987, la CNI había ejecutado la llamada Operación Albania, una emboscada que terminó con la vida de doce militantes del Frente Patriótico. Lo de Quintay no fue un hecho excepcional dentro de una represión que ya declinaba, fue la continuación de una misma campaña sistemática contra una organización específica, sostenida durante todo ese año con recursos del Estado y bajo mando coordinado de distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
La justicia chilena, con la lentitud que caracteriza a estos procesos pero también con una persistencia que hay que reconocer, logró reconstruir buena parte de esta historia. El ministro en visita Mario Carroza estableció, tras años de investigación, la responsabilidad de decenas de exagentes en el secuestro calificado de los cinco frentistas. En marzo de 2017, la Corte Suprema condenó a 33 exagentes del Estado por estos hechos, entre ellos altos mandos como el exgeneral Hugo Salas Wenzel y el exjefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó esa decisión como un paso significativo contra la impunidad. Treinta años después de los hechos, la verdad judicial terminó confirmando lo que las familias y las organizaciones de derechos humanos habían sostenido desde el primer día.
Esa distancia de treinta años entre el crimen y la condena dice algo importante sobre cómo funciona la memoria democrática. No se construye espontáneamente ni por decreto, se construye con la persistencia terca de quienes se negaron a aceptar el silencio, familiares que golpearon puertas durante décadas, abogados que sostuvieron causas sin garantía de resultado, organizaciones de derechos humanos que documentaron cada caso cuando documentar era peligroso. Walter Benjamin escribió que la historia no puede reducirse a narrar la marcha triunfal de los vencedores, que también exige rescatar del olvido a quienes el poder quiso borrar del relato. Nombrar hoy a estos cinco compañeros es, exactamente, ese ejercicio.
Quiero ser preciso en algo que me parece fundamental. Recuperar esta historia no es un ejercicio de resentimiento ni una forma de perpetuar heridas para mantenerlas abiertas artificialmente. Es un ejercicio de responsabilidad democrática. La responsabilidad penal es siempre individual, y así lo estableció la justicia al condenar a personas concretas con nombre y apellido, no a instituciones enteras ni a generaciones completas. Pero existe otra responsabilidad, distinta y complementaria, que pertenece al conjunto de la sociedad, la de conocer lo que ocurrió, sin atajos ni medias verdades, porque solo desde ese conocimiento se pueden construir garantías reales de que nunca más vuelva a repetirse.
Como comunista, y como parte de una organización que vio caer a tantos de sus militantes bajo esa misma maquinaria, tengo una deuda particular con estos cinco nombres. José Julián Peña Maltés. Julio Orlando Muñoz Otárola. Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez. Alejandro Alberto Pinochet Arenas. Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete. Pronunciarlos hoy, en voz alta, es la forma más elemental de devolverles la identidad que la dictadura intentó hundir en el mar junto con sus cuerpos. Mientras sigamos preguntando, investigando y nombrando, ese propósito último de la desaparición forzada, convertir a un ser humano en pura ausencia, seguirá sin poder cumplirse del todo.