El colapso de las arterias viales, el cierre de estaciones clave del Metro y los masivos cortes del suministro eléctrico exponen la vulnerabilidad de la metrópoli segregada frente a los eventos climáticos, revelando la desinversión estructural de las empresas concesionarias.
Por Daniel Jadue
El violento sistema frontal acompañado de granizos, intensas precipitaciones y actividad eléctrica que azotó a la Región Metropolitana —forzando la declaración de Alerta Roja por parte de las autoridades de Senapred— ha paralizado la vida cotidiana de millones de personas en la capital. Frente al caos provocado por los anegamientos en ejes como Gran Avenida e Irarrázaval, la inundación de pasos bajo nivel estratégicos y el cierre de estaciones fundamentales de la red de transporte como Pedro de Valdivia, Salvador o tramos de la Línea 2 del Metro, los grandes consorcios mediáticos han desplegado un cerco explicativo predecible. La narrativa hegemónica ha apresurado sus titulares para enmarcar la crisis bajo la categoría de un «evento meteorológico extremo e impredecible» o una simple «inclemencia de la naturaleza», naturalizando la parálisis de la ciudad y eximiendo de responsabilidad a la lógica mercantil que rige el diseño y mantenimiento de la infraestructura urbana.
Desde la perspectiva de la crítica de la economía política y el urbanismo de clase, la vulnerabilidad de la ciudad frente a las lluvias es la consecuencia directa del modelo de producción capitalista del espacio. La Región Metropolitana opera bajo un esquema de segregación socioespacial y especulación inmobiliaria donde las obras de drenaje pluvial, la mantención de los colectores de agua y la resiliencia de los servicios básicos no se planifican según las necesidades humanas de reproducción social, sino en función del retorno de inversión de las concesionarias privadas. La parálisis simultánea del sistema eléctrico, que afectó a más de 36 mil hogares en comunas populosas y sectores periféricos, evidencia la incapacidad del capital privado (monopolios de distribución como Enel y CGE) para garantizar la continuidad de un servicio esencial, prefiriendo recortar sus costos de mantenimiento preventivo para maximizar la masa de ganancias y dividendos transferidos a sus matrices trasnacionales.
En los puntos de trasbordo y en las cercanías de las estaciones del transporte público, la indignación popular ha transparentado el trasfondo estructural del colapso, con trabajadoras y trabajadores señalando que «mientras las tarifas del transporte y las cuentas de la luz suben de manera ininterrumpida bajo el pretexto de la modernización, bastan un par de horas de lluvia para que debamos arriesgar la integridad física, caminar a pie descalzo entre las aguas servidas o quedar varados sin poder retornar a nuestros hogares tras agotadoras jornadas de trabajo». Esta denuncia cotidiana desmonta el mito de la «ciudad inteligente y moderna», demostrando que la precariedad de la infraestructura pública la pagan exclusivamente los sectores asalariados con su tiempo de vida y la desvalorización de su fuerza de trabajo.
El cierre de tramos del Metro y el anegamiento de las vías principales no representan únicamente un problema de movilidad, sino una interrupción directa en la circulación de la fuerza de trabajo que dinamiza el centro financiero y comercial de la capital. Mientras las élites y el empresariado exigen «productividad», la arquitectura urbana privatizada demuestra su absoluta incapacidad para resistir los embates del cambio climático —a su vez producto de la acumulación extractivista irracional—. El desenlace de esta emergencia confirma que la solución a la crisis de la infraestructura no pasa por llamados cosméticos a la «coordinación de emergencias», sino por la estatización bajo control de las y los trabajadores de los servicios públicos esenciales y la redistribución del suelo urbano al servicio de la mayoría social.