Mié. Nov 18th, 2026

La legalidad burguesa como farsa: Contraloría revela que el Estado chileno cobija a más de 300 condenados mientras persigue a los trabajadores y a los enemigos del sistema

Nov 18, 2026
Foto Athena LAB

Un informe de la Contraloría General de la República confirma que 315 funcionarios con condenas vigentes —84 de ellos en Carabineros— siguen ocupando cargos públicos en flagrante violación de la ley, desnudando un aparato estatal que administra la impunidad para sus agentes mientras criminaliza la protesta social.

Por Equipo El Despertar

La Contraloría General de la República ha confirmado lo que la crítica marxista del Estado venía señalando desde hace décadas: la legalidad en el capitalismo no es un principio universal, sino un instrumento de clase que se aplica con rigor contra los explotados y con laxitud vergonzosa cuando se trata de los aparatos armados y burocráticos del orden. Según el informe dado a conocer este 17 de noviembre, 315 funcionarios y servidores públicos mantienen condenas vigentes por crímenes o simples delitos, incumpliendo la prohibición expresa de ejercer un cargo público. El dato, extraído del cruce del Registro Nacional de Condenas con los sistemas de personal del Estado, no es una anomalía estadística: es la prueba material de que el Estado chileno no es un árbitro neutral por encima de las clases, sino un engranaje activo en la reproducción de la impunidad de sus propios cuerpos represivos.

El desglose del informe es revelador de la función que cumple cada institución en el entramado estatal. Carabineros de Chile lidera la lista con 84 funcionarios condenados, seguido del Ejército con 22, la Armada con ocho y la Fuerza Aérea con cinco. Es decir, las instituciones encargadas de la coerción física del Estado —las que reprimen la protesta social, las que aplican el monopolio de la violencia— son precisamente las que albergan al mayor número de condenados por crímenes y delitos. No se trata de un descuido administrativo: se trata de la lógica de un aparato que protege a sus agentes porque su función es garantizar el orden que permite la acumulación de capital. La misma Contraloría reconoce que 73 de estas personas fueron condenadas por crímenes y 244 por simples delitos, y que al menos dos funcionarios registraron más de una condena. El Estado no “olvidó” verificar los antecedentes: los ignoró deliberadamente porque la lealtad al cuerpo y la preservación de la cadena de mando pesan más que la legalidad que dice defender.

La situación es aún más grave cuando se examina el vínculo entre estas contrataciones irregulares y la población más vulnerable. Entre 2020 y agosto de 2025, 164 personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes en 72 instituciones del Estado. Solo durante 2025, 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con menores desempeñaron funciones en instituciones públicas, en su mayoría municipios y Servicios Locales de Educación Pública, incumpliendo la normativa que obliga a verificar los registros de condenas antes de cualquier contratación. El informe de El Mostrador detalla que la mayoría de los casos se concentra en el área educativa —profesores, asistentes de la educación, auxiliares de aseo— y que 72 entidades públicas incumplieron la normativa establecida en el Decreto Ley N° 645 al no verificar los antecedentes exigidos. La conclusión es inescapable: el mismo Estado que predica la “protección de la infancia” y la “seguridad ciudadana” como consignas de campaña, contrata y mantiene en sus filas a condenados por delitos sexuales contra menores. La hipocresía no es un accidente: es estructural.

El caso del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante el Censo 2024 ilustra la profundidad de la descomposición. La Contraloría detectó que 16 personas con antecedentes penales por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas para cumplir funciones censales. En seis de esos casos, los certificados de antecedentes indicaban expresamente las condenas, pero la empresa encargada de la selección no cumplió con su deber de validarlos ante el Registro Civil. En otros diez casos, el INE directamente no acreditó que haya requerido los certificados. Además, se contrató a 14 extranjeros no habilitados para trabajar en el país, incluido uno con expulsión administrativa pendiente. La Contraloría formuló un reparo por más de 300 millones de pesos y envió el informe al Ministerio Público. Lo que emerge de estos datos no es un “error puntual” de un servicio público: es un patrón sistemático de descontrol, tercerización de responsabilidades y externalización de los costos de la fiscalización hacia empresas privadas que, al no ser sancionadas (el INE no aplicó multas por $131.972.500), reproducen la lógica de impunidad del capital.

La narrativa hegemónica intentará reducir estos hallazgos a una cuestión de “fallas de control” o de “omisiones administrativas”, y exigirá “sumarios” y “sanciones” como si el problema fuera de individuos negligentes. Pero la perspectiva marxista permite ver lo que esa narrativa oculta: el Estado no falla al aplicar la ley; la aplica selectivamente según los intereses de clase. La misma institucionalidad que mantiene a 84 carabineros condenados en sus filas es la que procesa, persigue y encarcela a manifestantes por delitos menores; la que exige certificados de antecedentes a un trabajador para acceder a un empleo precario es la que los ignora cuando se trata de un funcionario de las fuerzas armadas; la que habla de “transparencia” y “probidad” es la que permite que 72 instituciones contraten a personas inhabilitadas para trabajar con niños. La legalidad burguesa se revela, así, como lo que siempre fue: una fachada que legitima la dominación de clase mientras protege a los guardianes del orden.

El informe de Contraloría no es una crítica al sistema: es una radiografía de su funcionamiento normal. La tarea de la clase trabajadora no es exigir “más contraloría” ni “mejores filtros” dentro de un Estado que estructuralmente la excluye y la reprime, sino organizarse para disputar el poder real y construir un aparato estatal que responda a los intereses de la mayoría explotada. Mientras tanto, la impunidad de los condenados en Carabineros, en el Ejército y en las municipalidades seguirá siendo la prueba cotidiana de que, bajo el capitalismo, la justicia es un privilegio de clase, no un derecho universal.

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