Bajo el paraguas del «realismo técnico» y la pretendida eficacia de la mano dura, la extrema derecha prometió estabilidad; no obstante, la experiencia cotidiana ha expuesto la verdadera naturaleza de su ejercicio del poder: un «autoritarismo híbrido» que vacía las instituciones democráticas desde dentro para favorecer a redes corporativas y dinastías políticas.
Por Daniel Jadie
Durante la última década, las expresiones de la extrema derecha e iliberales lograron erigirse globalmente como las supuestas depositarias de la rebeldía anti-sistema. Bajo la promesa de barrer con la corruptela de las «élites tradicionales», restaurar un orden nacional idealizado e imponer una mano dura intransigente frente a la inseguridad y la crisis económica, distintos proyectos autoritarios alcanzaron el poder en diversos rincones del globo.
Sin embargo, la brecha insalvable entre el discurso demagógico y las condiciones materiales de existencia ha terminado por fracturar la ilusión. Hoy, vastos sectores populares y movimientos sociales se levantan en las calles frente a gobiernos que no solo han profundizado la precariedad y erosionado las garantías democráticas, sino que han quedado hundidos en los mismos esquemas de corrupción, tráfico de influencias y saqueo estatal que prometían erradicar.
El fenómeno no responde a episodios aislados ni a coyunturas aleatorias. Este tipo de regímenes opera habitualmente amparándose en una «urgencia fabricada» o en estados de excepción permanente para justificar el recorte de libertades y la entrega de prebendas a grandes conglomerados económicos.
Bajo el paraguas del «realismo técnico» y la pretendida eficacia de la mano dura, la extrema derecha prometió estabilidad; no obstante, la experiencia cotidiana ha expuesto la verdadera naturaleza de su ejercicio del poder: un «autoritarismo híbrido» que vacía las instituciones democráticas desde dentro para favorecer a redes corporativas y dinastías políticas.
El detonante que hoy moviliza a multitudes es el descaro de la impunidad y el enriquecimiento ilícito. El mito del «líder incorruptible» se desmorona ante hallazgos escandalosos: desde tramas de tráfico de influencias y redes de favores judiciales en el cono sur, hasta redes de tráfico de permisos e ingresos opacos que salpican al entorno íntimo de figuras como Viktor Orbán en Europa Central, o imputaciones por desfalco, lavado y esquemas fraudulentos que persiguen a referentes ultraconservadores en América Latina y Estados Unidos.
La contradicción se vuelve insoportable para la ciudadanía cuando, mientras las familias trabajadoras enfrentan la inflación, la pérdida de empleo y el desmantelamiento de los servicios públicos, la casta gobernante que pregonaba austeridad y rectitud moral acumula fortunas desmedidas o promulga «leyes de gatillo fácil» y blindajes penales para garantizar la impunidad de sus propios agentes y aliados.
Ante esta realidad, la narrativa hegemónica intenta encasillar las movilizaciones como «desórdenes de grupos radicales» o «crisis de vocería» comunicacional. Sin embargo, la lectura crítica y materialista desenmarca esa distorsión. La ilusión del Estado de Derecho burgués, «las instituciones judiciales y el aparato público no habitan un vacío ideológico; constituyen la cristalización de relaciones de poder de clase». Cuando el Estado penal y la desregulación económica se combinan para proteger el lucro privado mientras desprotegen la vida de las mayorías, la paz social impuesta por la fuerza —la Concordia Mercantilis— resulta insostenible.
Las protestas que hoy recorren distintos continentes marcan el agotamiento del chantaje autoritario. La ciudadanía ha comenzado a comprender que el autoritarismo y la mano dura no fueron pensados para devolver la seguridad a los barrios ni para erradicar el privilegio, sino para disciplinar la disidencia y proteger la acumulación impune de unos pocos.
El desafío del momento para los movimientos populares y democráticos trasciende la mera denuncia de los escándalos de corrupción: exige articular la indignación en una alternativa política soberana, capaz de desmontar las leyes de impunidad, democratizar las instituciones y reconstruir la palabra colectiva desde las bases para impedir que el autoritarismo reaccionario vuelva a secuestrar el futuro de nuestras sociedades.
