La medida afectó al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), a la Izquierda Cristiana y a otras organizaciones de izquierda, entre ellas el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Su alcance fue mucho más allá de impedir la participación electoral. La dictadura dispuso la disolución de estas organizaciones, estableció mecanismos para la confiscación de su patrimonio y convirtió su continuidad organizativa en una actividad perseguida por el nuevo régimen. Posteriormente, otras disposiciones ampliaron las restricciones al conjunto del sistema de partidos.
Por Daniel Jadue
El 13 de Octubre de 1973, hace 53 años, la dictadura proscribió a los partidos políticos en Chile. Se iniciaba un periodo en el cual el principal objetivo de la dictadura sería borrar de la historia a la Izquierda chilena. El Decreto Ley N.º 77, publicado apenas un mes después del golpe de Estado, declaró ilícitas a las principales organizaciones políticas de la izquierda chilena, confiscó sus bienes y buscó desarticular sus estructuras. A 53 años de aquella decisión, recordar su significado permite comprender que la dictadura transformó profundamente las instituciones del país y las condiciones en que podían organizarse y participar políticamente los trabajadores y los sectores populares.
La historia de Chile conserva fechas que permiten comprender cómo se construyó el orden político surgido del golpe militar de 1973. El 11 de septiembre quedó asociado al derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende, al bombardeo de La Moneda y al inicio de la dictadura. Sin embargo, la transformación institucional que siguió al golpe fue desarrollándose mediante una sucesión de decretos, decisiones administrativas y medidas represivas que modificaron las bases del sistema político chileno. Entre ellas ocupa un lugar fundamental el Decreto Ley N.º 77, publicado el 13 de octubre de 1973, mediante el cual la Junta Militar declaró ilícitas y disueltas a las principales organizaciones políticas que habían integrado o respaldado a la Unidad Popular.
La medida afectó al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), a la Izquierda Cristiana y a otras organizaciones de izquierda, entre ellas el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Su alcance fue mucho más allá de impedir la participación electoral. La dictadura dispuso la disolución de estas organizaciones, estableció mecanismos para la confiscación de su patrimonio y convirtió su continuidad organizativa en una actividad perseguida por el nuevo régimen. Posteriormente, otras disposiciones ampliaron las restricciones al conjunto del sistema de partidos.
Desde una perspectiva histórica, la proscripción debe comprenderse en relación con la transformación del Estado chileno después del golpe. La Junta Militar había disuelto el Congreso Nacional, restringido las libertades públicas y concentrado el poder político en las Fuerzas Armadas y Carabineros. La eliminación legal de los partidos de izquierda formó parte de ese proceso de concentración del poder. Se trataba de organizaciones con representación parlamentaria, presencia sindical, implantación territorial y participación en múltiples expresiones de la vida social chilena.
La historia de esas organizaciones estaba estrechamente vinculada con la formación del movimiento obrero y popular. Desde las primeras sociedades de resistencia, mutuales y mancomunales hasta la fundación del Partido Obrero Socialista por Luis Emilio Recabarren en 1912, los trabajadores chilenos habían desarrollado formas propias de organización para intervenir en la vida pública. Durante décadas, sindicatos, partidos, federaciones estudiantiles y organizaciones territoriales participaron en luchas por derechos laborales, educación, vivienda, salud y representación política. La proscripción de 1973 interrumpió violentamente la actividad pública de una parte significativa de esa tradición histórica.
En términos de la teoría marxista del Estado, el episodio puede examinarse a partir de la relación entre coerción, organización social y poder político. Antonio Gramsci distinguió analíticamente entre los mecanismos de dominación ejercidos mediante la fuerza y aquellos mediante los cuales se construye consenso en la sociedad civil. La proscripción de los partidos constituye un ejemplo histórico de predominio de los mecanismos coercitivos en la reorganización del poder estatal. Al mismo tiempo, el proceso posterior permite estudiar cómo la dictadura impulsó transformaciones económicas, institucionales y culturales destinadas a establecer un nuevo orden de larga duración.
La persecución de los partidos políticos tuvo, además, una dimensión material que suele recibir menos atención. El Decreto Ley N.º 77 estableció que los bienes de las organizaciones proscritas pasarían al dominio del Estado. Esto significó intervenir sobre recursos, inmuebles y medios materiales que habían sostenido durante décadas la actividad política de esas colectividades. El Archivo Nacional ha estudiado este proceso como parte de la burocracia de la represión, mostrando que las disposiciones administrativas desempeñaron un papel importante en la ejecución de las políticas dictatoriales.
Archivo Nacional
La propia fundamentación del decreto permite comprender el carácter ideológico de la medida. La Junta Militar sostuvo que la doctrina marxista era incompatible con su concepción de unidad nacional y declaró entre sus objetivos la eliminación de su influencia política. Así, determinadas ideas dejaron de ser tratadas como posiciones legítimas dentro del debate público y pasaron a constituir fundamentos para prohibiciones y sanciones penales. El artículo tercero del decreto llegó a prohibir expresamente la propaganda de la doctrina marxista y de otras consideradas sustancialmente concordantes con ella.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Este aspecto resulta especialmente significativo desde una perspectiva democrática. La libertad de asociación política supone que las personas puedan organizarse alrededor de proyectos diferentes, incluso cuando estos cuestionan profundamente el orden económico y social existente. La existencia de partidos comunistas, socialistas, liberales, conservadores o de otras orientaciones expresa precisamente el pluralismo que caracteriza a un sistema político democrático. La proscripción de organizaciones por su ideología, acompañada de sanciones penales, constituye una restricción radical de ese principio.
La dictadura extendió posteriormente las restricciones a las demás organizaciones políticas. El Decreto Ley N.º 78, promulgado el 11 de octubre y publicado el 17 del mismo mes, declaró en receso a los partidos que no habían sido comprendidos en el Decreto Ley N.º 77. Más adelante, el Decreto Ley N.º 1.697, publicado en marzo de 1977, dispuso también su disolución. Esta secuencia demuestra que el régimen avanzó desde la prohibición selectiva de determinados partidos hacia la eliminación general de la actividad partidaria legal.
Biblioteca del Congreso Nacional
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Sin embargo, la desaparición jurídica de los partidos no significó la desaparición de sus tradiciones políticas. Durante la dictadura, distintas organizaciones mantuvieron formas de actividad clandestina, redes de solidaridad y vínculos con organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de defensa de los derechos humanos. Sus trayectorias fueron diversas, al igual que sus estrategias y posiciones frente al régimen. El estudio de esa resistencia permite comprender la importancia que tuvieron las organizaciones políticas y sociales en la recuperación de las libertades públicas y en el proceso que condujo al término de la dictadura.
A cincuenta y tres años de la publicación del Decreto Ley N.º 77, esta historia también invita a examinar críticamente la relación entre democracia política y democracia social. Desde una perspectiva marxista, las instituciones representativas deben analizarse junto con las condiciones materiales que permiten a los distintos sectores de la sociedad ejercer sus derechos. La libertad de organización adquiere un significado concreto cuando trabajadores, estudiantes, pobladores y otros grupos sociales disponen de medios efectivos para participar en las decisiones colectivas.
La experiencia chilena de 1973 muestra, asimismo, que la legalidad puede ser utilizada para institucionalizar decisiones adoptadas mediante la fuerza. La existencia formal de un decreto no convierte automáticamente su contenido en compatible con los principios democráticos o con los derechos fundamentales. Precisamente por ello, el Estado de derecho requiere límites al ejercicio del poder, protección de las libertades públicas, independencia institucional y garantías para quienes sostienen posiciones políticas diferentes de las autoridades gobernantes.
Recordar la proscripción de los partidos políticos constituye, en consecuencia, un ejercicio de memoria histórica que trasciende a las organizaciones directamente afectadas. Permite comprender cómo se produjo la ruptura de la institucionalidad democrática, cuáles fueron los instrumentos empleados para consolidarla y qué consecuencias tuvo sobre la participación ciudadana.
La conmemoración del 13 de octubre ofrece también una oportunidad para recuperar las experiencias de quienes mantuvieron vivas sus convicciones políticas durante aquellos años, así como para estudiar críticamente sus decisiones, diferencias y contribuciones a la historia nacional. Una memoria democrática rigurosa requiere reconocer tanto las responsabilidades del régimen como la diversidad de actores que participaron en la oposición y en la posterior reconstrucción institucional.
La principal enseñanza histórica de aquella jornada reside en la importancia de proteger el derecho de asociación, el pluralismo y la participación política frente a cualquier intento de subordinarlos a una concepción única de la sociedad. La democracia necesita instituciones que garanticen esos derechos incluso en momentos de conflicto profundo, pues su fortaleza se manifiesta precisamente en la capacidad de permitir que proyectos distintos puedan expresarse, organizarse y disputar pacíficamente el rumbo del país.
El 13 de octubre de 1973 permanece así como una fecha fundamental para comprender la destrucción institucional de la democracia chilena y la importancia histórica de su recuperación.