Las controversias internas en el oficialismo ante el tránsito de exautoridades del gobierno de Boric hacia directorios corporativos y consultoras privadas desmantelan el mito de la “nueva política”, revelando la inevitable cooptación del reformismo por el aparato económico del gran capital.
Por Equipo El Despertar
El incipiente debate que sacude a las filas del Frente Amplio tras la migración de altos funcionarios y asesores del gobierno de Gabriel Boric hacia ejecutivos, lobbistas y consultores del sector privado ha sido catalogado por los medios de comunicación hegemónicos y la prensa corporativa como un “dilema ético individual”, un “desafío de estándares de probidad” o una simple “falta de prolijidad en el desempeño profesional”. La narrativa dominante intenta encuadrar el fenómeno en el plano moralista de las conductas personales o en vacías discusiones sobre la regulación de plazos de carencia para el lobbying, ocultando la naturaleza estructural de la circulación de cuadros entre el aparato estatal y las corporaciones.
Sin embargo, desde una lectura dialéctica y materialista de la economía política, el fluido paso de la burocracia estatal oficialista hacia los directorios del gran capital no constituye un extravío moral ni una traición puntual de principios, sino la confirmación histórica del papel que cumple la gestión socialdemócrata dentro del régimen burgués. Tras prometer el “fin de las malas prácticas de la vieja política”, la capa gerencial del reformismo terminó adaptándose orgánicamente a los mecanismos de valorización e influencia del empresariado. La experiencia acumulada por estos profesionales en la tramitación de regulaciones ambientales, laborales y sanitarias se transforma, una vez fuera de los ministerios, en una codiciada mercancía que el gran capital compra para aceitar sus negocios y capturar rentas públicas.
Esta “puerta giratoria” desnuda cómo la estructura del Estado burgués asimila y neutraliza a los proyectos que pretenden administrar el capitalismo sin alterar sus relaciones de propiedad. Lejos de actuar como un árbitro neutral al servicio del “interés nacional”, la alta burocracia opera como un puente de continuidad estratégica para la clase dominante. Como advertía el teórico e intelectual marxista Vladimir Lenin al diseccionar la naturaleza del oportunismo y la cooptación de las élites administrativas: «La burguesía sabe perfectamente que la fortaleza del régimen capitalista no solo reside en la coacción abierta, sino en su capacidad para integrar a los administradores del Estado en la red de intereses del capital financiero, convirtiendo el servicio público en un trampolín para el enriquecimiento y la tutela corporativa».
Pretender resolver la mercantilización del conocimiento público mediante meras leyes de transparencia o códigos de conducta interna es perpetuar la ilusión normativa que despolitiza la crisis. Para la clase trabajadora y los sectores populares, las disputas internas del Frente Amplio sobre la “puerta giratoria” confirman que no es posible humanizar el modelo ni transformar la sociedad desde la acomodación a la gestión del capital. Romper con el circulo vicioso del clientelismo corporativo exige construir una alternativa política propia, independiente de las elites tecnocráticas y orientada a someter el aparato productivo y los bienes comunes al auténtico control democrático de la mayoría trabajadora.