En su primer gran movimiento de la segunda mitad del año, el Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional de ocho puntos que reabre la discusión que la clase política —y particularmente el progresismo neoliberal— creyó sepultada con los plebiscitos de 2022 y 2023. La iniciativa, que busca consagrar la seguridad como un “deber del Estado” y crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública con una duración inicial de 120 días prorrogables sin previa consulta al Congreso, ha sido presentada por el Mandatario como una “pequeña reforma” a la Carta Fundamental. Pero la historia es tozuda: lo que Kast intenta vender como un ajuste técnico es, en realidad, la continuación de la misma guerra de clases que los plebiscitos constitucionales pasados resolvieron en favor de la clase dominante.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Lo que el progresismo neoliberal dio por zanjado con el rechazo a la propuesta constitucional de la derecha en diciembre de 2023, el gobierno de José Antonio Kast lo ha resucitado con la fuerza de la urgencia. El lunes 18 de agosto, el Ejecutivo ingresó al Senado, con suma urgencia, un proyecto de reforma constitucional que plantea ocho modificaciones a la Carta Fundamental. La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), busca crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública, establecer un registro de organizaciones criminales y consagrar la seguridad como un “deber del Estado”.
El Presidente Kast, en su intento por desactivar las críticas, ha calificado la iniciativa como una “pequeña reforma” que no pone en discusión la Constitución en su conjunto. “Hoy día no estamos discutiendo la Constitución. Estamos discutiendo una pequeña reforma a la Constitución”, afirmó durante un encuentro empresarial. Pero la artimaña es tan transparente como la hipocresía que la sostiene. Lo que Kast está haciendo es exactamente lo que el progresismo neoliberal creyó haber evitado: reabrir el debate constitucional por la puerta de atrás, utilizando la seguridad como coartada.
El cheque en blanco al Presidente: el nuevo estado de excepción de seguridad pública
El corazón de la reforma es la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, una figura que permitiría al Presidente de la República decretar, sin control previo del Congreso, la suspensión o restricción de la libertad personal y de desplazamiento, los derechos de reunión y asociación, y la interceptación de comunicaciones. El estado de excepción podría extenderse por hasta 240 días sin necesidad de aprobación parlamentaria, con la posibilidad de prórrogas adicionales que requerirían el visto bueno del Legislativo. La medida, que ha sido comparada con el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, ha generado alarma en todo el espectro político, incluyendo sectores del propio oficialismo. la misma derecha que se nego a dar más atribuciones y poderes al pueblo soberano, hoy quiere transformar la figura presidencial en el Gran Dictador.
El abogado constitucionalista Javier Couso ha sido categórico al señalar que la reforma no es necesaria para combatir el crimen organizado. “No hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos que la agenda de seguridad del Gobierno plantea”, afirmó. El experto en seguridad Jorge Araya fue aún más lejos, calificando las medidas como “absolutamente abusivas que van contra cualquier sistema democrático”, y recordando que ni siquiera durante el estallido social de 2019 el expresidente Sebastián Piñera declaró un estado de sitio.
El anticomunismo de salón y la reforma constitucional
La reforma constitucional de Kast no es un hecho aislado. Es la continuación de la misma lógica de clase que ha guiado al gobierno desde su llegada a La Moneda. El mismo gobierno que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que autorizó la capitalización de Codelco con 2.400 millones de dólares y que prepara una reforma al mercado de capitales para atraer US$11.200 millones de capitales internacionales, dice ahora necesitar una reforma constitucional para “proteger” a los chilenos.
La hipocresía alcanza niveles grotescos cuando se contrasta el discurso de Kast con la realidad de su administración. El mismo gobierno que se llena la boca con acusaciones contra el “comunismo” y que acusa al Partido Comunista de “agitar las calles” es el que ahora busca constitucionalizar un estado de excepción que concentra el poder en la figura del Presidente, restringe derechos fundamentales y debilita los contrapesos institucionales. La misma derecha que se horroriza ante cualquier limitación a la “libertad” es la que ahora propone un régimen de excepción que la propia oposición ha calificado como “inédito en la democracia chilena”.
El silencio cómplice del progresismo neoliberal
La reforma constitucional de Kast ha revelado una verdad incómoda para el progresismo neoliberal: su “victoria” en los plebiscitos constitucionales no fue más que un espejismo. Al rechazar la propuesta de nueva Constitución en 2023, la centroizquierda y la derecha tradicional sellaron un pacto tácito para mantener la Carta Fundamental de 1980 intacta, con la ilusión de que el debate constitucional estaba cerrado. Pero Kast, que no tiene ninguna lealtad a ese pacto, ha vuelto a abrir la discusión por la puerta de atrás.
La reacción de la oposición ha sido, como era de esperar, la de siempre: críticas retóricas que no se traducen en una estrategia política efectiva. El expresidente Gabriel Boric ha cuestionado la medida, y la diputada Nathalie Castillo (PC) ha advertido que la iniciativa “cruza una línea muy peligrosa y abre la puerta al autoritarismo”. El senador Daniel Núñez (PC) ha instado al Ejecutivo a retirar la reforma. Pero el progresismo neoliberal, que gobernó durante décadas sin tocar las estructuras de poder que la Constitución de 1980 consagró, no tiene credibilidad para oponerse a una reforma que, en el fondo, es la continuación de la misma lógica de clase que siempre ha gobernado el país.
Epílogo: Unica solución, Asamblea Constituyente
La reforma constitucional de Kast no es una medida para combatir el crimen organizado, sino un paso más en la ofensiva de la derecha contra los derechos de la clase trabajadora. El nuevo estado de excepción, el registro de organizaciones criminales y la consagración de la seguridad como un “deber del Estado” no son herramientas para proteger a los de abajo, sino para disciplinarlos.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, la clase trabajadora chilena sigue esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones más básicas: empleo digno, salarios justos, salud pública, educación gratuita y vivienda accesible. La reforma constitucional no es una respuesta a la crisis de seguridad, sino una cortina de humo para ocultar el saqueo del erario que la derecha está consumando.
La verdadera lucha por la Constitución no se ganará en el Senado ni en los tribunales, sino en las calles y en la conciencia de los que saben que la Carta Fundamental de 1980 fue escrita para proteger los intereses de los de arriba, y que cualquier reforma que no toque sus cimientos no es más que una operación de maquillaje. La historia no la escriben los que tienen el poder de modificar la Constitución, sino los que tienen la fuerza para resistir y continuar la lucha por una Asamblea Constituyente de verdad.