En una inédita diligencia que remeció los cimientos del Poder Judicial, la Fiscalía y la PDI allanaron este lunes dependencias del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago y detuvieron a un funcionario del tribunal, investigado por filtrar información reservada a una organización criminal vinculada al narcotráfico a cambio de dinero. Mientras el discurso oficial se llena de “tolerancia cero” y “mano dura”, el corazón del sistema judicial chileno sangra con la misma lógica de la podredumbre que el gobierno dice combatir. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de que la ley no es un instrumento de justicia, sino un negocio que se negocia en las sombras, donde los de abajo son condenados y los de arriba se protegen.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana de este lunes, el Centro de Justicia de Santiago fue escenario de una diligencia que la prensa hegemónica calificará como “histórica”, pero que la clase trabajadora debe leer con otros ojos. Funcionarios de la PDI, bajo la dirección de la fiscal de San Bernardo Alejandra Vargas, ejecutaron una orden de entrada y registro en dependencias del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. El objetivo: desbaratar una trama de filtraciones de información reservada a una organización criminal vinculada al narcotráfico.
El operativo, que incluyó allanamientos simultáneos en dos domicilios del funcionario investigado en Santiago y San Bernardo, culminó con la detención de un funcionario del tribunal, quien es investigado por su eventual participación en delitos de cohecho y otros ilícitos contemplados en la Ley 20.000.
El negocio de la información: la justicia como mercancía
La hipótesis investigativa es tan simple como brutal: el funcionario del Poder Judicial habría tenido acceso a información relacionada con causas judiciales y presuntamente habría entregado antecedentes a integrantes de una organización criminal. A cambio, habría recibido beneficios económicos. Es la misma lógica que permite a los grandes empresarios evadir la justicia comprando testigos, a los políticos negociar sus votos y a los jueces fallar a favor de los poderosos: la ley como una mercancía que se compra y se vende al mejor postor.
El allanamiento a un tribunal no es un hecho aislado. Es la confirmación de que el Poder Judicial, lejos de ser un ente imparcial, es un espacio de poder donde la información circula como moneda de cambio. El funcionario detenido no es un “loco suelto”; es la expresión de una lógica de clase que ha convertido la administración de justicia en un negocio, donde los de abajo son condenados y los de arriba se protegen.
La hipocresía de la “mano dura”: el sistema que se pudre desde dentro
La detención del funcionario del TOP se produce en un contexto en que el gobierno de José Antonio Kast se ufana de su “mano dura” contra el crimen organizado y su “tolerancia cero” con la corrupción. Pero la realidad es tozuda: el mismo sistema que persigue a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores es el que permite que un funcionario judicial venda información reservada a cambio de dinero.
La contradicción es brutal. Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, el Poder Judicial sigue siendo un espacio de corrupción sistémica, donde la información se negocia y la impunidad es la norma. La “mano dura” que pregona la derecha no es contra la corrupción de los de arriba, sino contra los de abajo que se atreven a protestar.
La función de clase de la corrupción judicial
Desde una perspectiva marxista, el caso del funcionario del TOP no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el sistema judicial chileno. El Poder Judicial, como el resto del Estado, no es un ente neutral, sino un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. La corrupción judicial no es un accidente; es la forma en que el sistema garantiza que los intereses del capital prevalezcan sobre los derechos de los de abajo.
El funcionario detenido no es más que un eslabón de una cadena que incluye a abogados, jueces, fiscales y políticos que operan en las sombras para proteger a los poderosos. Mientras la prensa hegemónica se centra en el escándalo individual, la clase trabajadora debe entender que la corrupción no es un problema de “malos funcionarios”, sino una característica del sistema.
Epílogo: la podredumbre del sistema
El allanamiento al Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y la detención de un funcionario por filtrar información a una organización criminal no es el fin de la historia, sino su continuación. La investigación, que se mantiene en desarrollo, podría revelar nuevas conexiones entre el crimen organizado y el Poder Judicial. Pero la clase trabajadora no debe esperar que la justicia llegue desde los tribunales. La verdadera lucha contra la corrupción no se ganará con un allanamiento, sino con la organización de los que saben que el sistema no es justo: solo es de clase.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, el Poder Judicial sigue siendo un espacio de corrupción sistémica, donde la información se negocia y la impunidad es la norma. La clase trabajadora debe entender que la justicia, en el Chile de los patrones, es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres. Y que la única salida no es esperar que los tribunales hagan justicia, sino organizarse para construir un sistema que realmente castigue a los corruptos y repare a las víctimas.