El narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada no nacen en un vacío. Prosperan allí donde existen exclusión social, economías informales, falta de oportunidades, segregación urbana y enormes flujos de capital ilícito que encuentran mecanismos para insertarse en el sistema financiero y económico. Mientras esas condiciones permanezcan intactas, el fortalecimiento de las facultades del Estado corre el riesgo de transformarse en una estrategia permanente de contención, más que en una solución de fondo.
Por Daniel Jadue
La reforma constitucional que busca fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y crear un nuevo estado de excepción para enfrentar situaciones graves de criminalidad organizada parte de un diagnóstico que pocos discutirían: el crimen organizado representa una amenaza real para la vida cotidiana de miles de personas, especialmente en los barrios populares. Allí donde el narcotráfico impone sus reglas, la libertad de los vecinos, el comercio local y la convivencia democrática quedan subordinados a la violencia y la intimidación. Negar esa realidad sería un ejercicio de ceguera política.
Sin embargo, reconocer el problema no implica aceptar sin cuestionamientos la solución propuesta.
El proyecto construye un relato donde el principal desafío del país es fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar organizaciones criminales. Desde esa lógica, la seguridad se convierte en el eje articulador del debate constitucional y la ampliación de las herramientas estatales aparece como una consecuencia inevitable. Pero esta mirada deja fuera una pregunta fundamental: ¿por qué el crimen organizado ha logrado acumular semejante poder?
La respuesta del proyecto es institucional. La respuesta que ofrece el materialismo histórico es estructural.
El narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada no nacen en un vacío. Prosperan allí donde existen exclusión social, economías informales, falta de oportunidades, segregación urbana y enormes flujos de capital ilícito que encuentran mecanismos para insertarse en el sistema financiero y económico. Mientras esas condiciones permanezcan intactas, el fortalecimiento de las facultades del Estado corre el riesgo de transformarse en una estrategia permanente de contención, más que en una solución de fondo.
El mensaje presidencial insiste en que la seguridad pública es condición para el ejercicio de los derechos y que el Estado debe contar con herramientas eficaces para proteger a la ciudadanía. Esa afirmación es razonable. Lo preocupante es que el debate constitucional se concentre casi exclusivamente en la dimensión coercitiva del Estado, mientras las políticas orientadas a disminuir las condiciones materiales que favorecen la expansión del crimen aparecen relegadas a un segundo plano.
La historia demuestra que las facultades extraordinarias otorgadas al Estado rara vez desaparecen por completo una vez superada la crisis que las justificó. Aunque el proyecto incorpora controles institucionales y enfatiza el respeto por el Estado de Derecho, la creación de un nuevo estado de excepción representa una ampliación significativa del poder estatal. La experiencia comparada aconseja observar estas transformaciones con prudencia, especialmente cuando las categorías jurídicas destinadas a enfrentar amenazas excepcionales pueden, con el tiempo, extender su ámbito de aplicación.
Existe además una ausencia que llama la atención. El proyecto describe con detalle las capacidades económicas, territoriales y de corrupción del crimen organizado, pero prácticamente no examina los circuitos financieros, empresariales y patrimoniales que permiten el lavado de activos ni las relaciones entre las economías ilícitas y la economía formal. El crimen aparece como un fenómeno principalmente policial y no como una expresión de complejas dinámicas económicas nacionales e internacionales.
Desde una perspectiva crítica, la seguridad no puede reducirse a la capacidad del Estado para ejercer coerción. También supone garantizar condiciones de vida dignas, acceso efectivo a derechos sociales, integración territorial y oportunidades reales para las comunidades más afectadas por la violencia. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de fortalecer su capacidad para intervenir sobre las consecuencias sin modificar las causas.
El combate al crimen organizado exige instituciones eficaces y un marco jurídico adecuado. Pero también requiere preguntarse por las condiciones que hacen posible su expansión. Una política de seguridad que no dialogue con la política social, el desarrollo económico y la reducción de las desigualdades difícilmente podrá ofrecer respuestas duraderas.
Fortalecer al Estado puede ser necesario. Fortalecer únicamente su capacidad coercitiva, sin abordar las raíces sociales y económicas del problema, puede terminar convirtiendo la excepción en la principal herramienta para administrar una crisis que, en el fondo, seguirá intacta.