La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó esta semana 45 medidas para combatir las “economías ilícitas”, en un informe que moviliza US$5.700 millones al año y que, según sus propias cifras, le cuesta al fisco US$1.500 millones anuales en impuestos no pagados. La iniciativa, elaborada junto a 30 gremios y 70 expertos, propone una política nacional contra las economías ilícitas, una unidad de inteligencia para rastrear el dinero, escáneres fijos en fronteras, sellos digitales y un sistema de denuncias anónimas. Pero lo que el discurso técnico oculta es la función de clase de esta ofensiva: el gran capital busca instrumentalizar el aparato estatal para perseguir a los pequeños infractores, los comerciantes informales y los migrantes, mientras sus propios negocios, el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de dinero, quedan cuidadosamente al margen de la mira. La clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la misma película: los mismos que recortan impuestos a las grandes empresas y flexibilizan los derechos laborales exigen ahora más vigilancia, más policía y más cárcel para los de abajo.
Por Equipo el Despertar
Santiago de Chile. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó este jueves el informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, un documento que, según sus autores, busca “enfrentar el negocio del crimen organizado desde diversas áreas”. El estudio, que movilizó a 30 gremios y cerca de 70 expertos, advierte que las economías ilícitas “dejaron de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza estructural para el desarrollo de Chile”.
El informe cuantifica el impacto del comercio ilegal en cifras que, a simple vista, resultan alarmantes: más de US$5.700 millones al año moviliza este “ecosistema económico paralelo operado por organizaciones criminales”, que genera pérdidas fiscales superiores a los US$1.500 millones anuales. Pero como toda estadística producida por el capital, estas cifras ocultan tanto como revelan. El propio informe reconoce que las economías ilícitas “generan competencia desleal, erosionan la recaudación fiscal, desincentivan la inversión, fomentan la informalidad y distorsionan decisiones económicas clave”. La traducción es clara: el problema no es el crimen, sino que el crimen le está quitando plata al capital.
El Estado como guardia privado del capital
El paquete de 45 medidas, agrupado en tres ejes —comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas—, propone una transformación del Estado en un aparato de vigilancia y control al servicio de los intereses empresariales. La primera medida es “establecer un marco de acción coordinado para las instituciones con competencias de prevención, fiscalización y persecución”. Es decir, una política nacional que coordine a todas las agencias del Estado bajo una misma lógica: la lógica de los patrones.
La segunda medida es la creación de una “Unidad de Economías Ilícitas” con capacidades de análisis estratégico e inteligencia, encargada de “integrar, procesar y sistematizar información proveniente de distintas fuentes institucionales y del sector privado”. En otras palabras, una suerte de superpolicía que opere con información privilegiada del sector privado, sin control ciudadano, sin transparencia, sin rendición de cuentas.
La tercera medida es el “fortalecimiento de la trazabilidad de los flujos financieros usando analítica avanzada e inteligencia artificial”, junto con “medidas que reduzcan la circulación del dinero en efectivo”. El objetivo declarado es “menoscabar el interés económico del grupo criminal”. El objetivo no declarado es extender el control sobre las transacciones de la clase trabajadora, que es la que utiliza efectivo, mientras los grandes capitales siguen moviendo sus fortunas a través de paraísos fiscales y sofisticados mecanismos de lavado que la inteligencia artificial no alcanzará a rastrear.
Escáneres, sellos digitales y la criminalización de los de abajo
En materia de control fronterizo y aduanero, las propuestas son una carta blanca para la militarización de las fronteras y la criminalización de la migración y el comercio informal. Se plantean “escáneres fijos” en pasos fronterizos y terminales de carga, “sellos digitales” para contenedores, “mayores exigencias para fiscalizar mercancías” y un “sistema interoperable que permita la trazabilidad de vehículos robados”. También se propone reforzar la protección de “materias primas provenientes de las industrias minera, forestal y acuícola”, es decir, los sectores donde el gran capital tiene sus principales inversiones.
El mensaje es inequívoco: el Estado debe gastar miles de millones en tecnología de vigilancia para proteger las cadenas de suministro del capital, mientras los trabajadores siguen esperando inversión en salud, educación y vivienda. Como ha señalado la propia presidenta de la CPC, Susana Jiménez, “las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile”. Pero el “desarrollo” del que habla la CPC es el desarrollo de las ganancias empresariales, no el bienestar de la mayoría.
La doble moral del gran empresariado
La hipocresía del gran empresariado alcanza niveles estratosféricos. Mientras exigen más control estatal para perseguir la “economía ilícita”, los mismos grupos empresariales son los principales beneficiarios de la economía legal que ellos mismos han diseñado: un sistema tributario que les permite evadir impuestos mediante paraísos fiscales y exenciones millonarias; un mercado laboral que precariza a los trabajadores; y un Estado que, en lugar de regular el capital, lo subsidia con rebajas tributarias y flexibilización de derechos.
La propuesta de la CPC no es una cruzada contra el crimen, sino una ofensiva contra los sectores populares. La “economía ilícita” que el gran empresariado quiere perseguir no es el narcotráfico ni el lavado de dinero de los grandes capos, sino el comercio ambulante, la venta de productos piratas, la migración irregular y todas aquellas formas de subsistencia que escapan al control del capital. La clase trabajadora debe entender que esta ofensiva no es una lucha contra el crimen organizado, sino una lucha del capital por extender su dominio sobre todos los aspectos de la vida social. Mientras los grandes empresarios se reúnen en sus oficinas para planificar cómo vigilar a los de abajo, los verdaderos responsables de la crisis económica —la evasión fiscal, la especulación financiera, el saqueo de los recursos naturales— siguen disfrutando de la impunidad que ellos mismos han construido.