La lógica parece simple: primero se disminuyen los ingresos fiscales beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos y a las grandes empresas; luego se declara que las finanzas públicas atraviesan una situación crítica; más tarde se justifica el recorte del gasto social porque “no hay plata”; y finalmente se recurre al endeudamiento para sostener el funcionamiento básico del Estado. Es el mismo libreto que el neoliberalismo ha aplicado una y otra vez en distintos países: desfinanciar deliberadamente al Estado para luego presentar su debilitamiento como prueba de su supuesta ineficiencia.Por Editor El despertar
Hay contradicciones que son decisiones políticas cuidadosamente diseñadas. Y una de las más evidentes del actual gobierno consiste en afirmar, al mismo tiempo, que el Estado “no tiene recursos” para garantizar derechos sociales, mientras impulsa una rebaja sustantiva de impuestos que reducirá precisamente la capacidad del Estado para recaudar esos recursos. Como si ello fuera poco, ahora se anuncia la intención de endeudar al país por cerca de seis mil millones de dólares para financiar aquello que, deliberadamente, se decidió dejar de recaudar.
No estamos frente a una política económica; estamos frente a una opción ideológica.
La lógica parece simple: primero se disminuyen los ingresos fiscales beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos y a las grandes empresas; luego se declara que las finanzas públicas atraviesan una situación crítica; más tarde se justifica el recorte del gasto social porque “no hay plata”; y finalmente se recurre al endeudamiento para sostener el funcionamiento básico del Estado. Es el mismo libreto que el neoliberalismo ha aplicado una y otra vez en distintos países: desfinanciar deliberadamente al Estado para luego presentar su debilitamiento como prueba de su supuesta ineficiencia.
Lo extraordinario es que esta estrategia continúa presentándose como una política de responsabilidad fiscal. Pero la responsabilidad fiscal no consiste únicamente en controlar el gasto; consiste también en preservar la capacidad permanente del Estado para financiar las necesidades colectivas. Un hogar que decide reducir voluntariamente sus ingresos mientras aumenta sus deudas difícilmente podría presentarse como un ejemplo de buena administración. Sin embargo, cuando esa misma lógica se aplica al Estado, algunos economistas insisten en llamarla prudencia.
La contradicción es aún más profunda cuando se observa quiénes resultan beneficiados y quiénes terminan pagando la cuenta. Las rebajas tributarias suelen favorecer principalmente al gran capital, a las rentas más altas y a quienes concentran una mayor proporción del patrimonio nacional. El endeudamiento, en cambio, será financiado por toda la sociedad mediante futuros impuestos, menores inversiones públicas o nuevas políticas de austeridad. En otras palabras, se privatizan los beneficios presentes y se socializan los costos futuros.
Marx observó que el Estado capitalista cumple una función decisiva en la reproducción de las condiciones generales de acumulación del capital. No se trata simplemente de un árbitro neutral que administra recursos escasos; interviene permanentemente para crear las condiciones institucionales, jurídicas y económicas que permiten la valorización del capital. Cuando un gobierno decide reducir la carga tributaria sobre los sectores de mayor poder económico mientras limita el financiamiento de derechos sociales, no está retirándose del mercado: está interviniendo activamente para modificar la distribución del ingreso en favor del capital.
Por eso resulta tan engañosa la idea de que el problema de Chile sea el exceso de gasto social. Nuestro país mantiene una carga tributaria significativamente inferior al promedio de las economías desarrolladas, mientras enfrenta enormes déficits en salud pública, vivienda, pensiones, educación, infraestructura y protección ambiental. El verdadero problema no es que el Estado gaste demasiado; es que recauda demasiado poco para responder a las necesidades de una sociedad profundamente desigual.
El endeudamiento público tampoco es, por sí mismo, un problema. Todos los Estados modernos utilizan crédito para financiar inversiones estratégicas. La diferencia radica en el propósito del endeudamiento. Una cosa es endeudarse para construir hospitales, universidades, infraestructura ferroviaria, investigación científica o transición energética; otra muy distinta es hacerlo para compensar ingresos fiscales que el propio gobierno decidió renunciar a percibir. En el primer caso, la deuda financia desarrollo. En el segundo, financia una política tributaria regresiva.
La paradoja adquiere ribetes aún más preocupantes cuando ese mismo gobierno sostiene que no existen recursos suficientes para fortalecer la salud pública, mejorar las pensiones, ampliar la educación o enfrentar el déficit habitacional. La escasez aparece siempre cuando se trata de garantizar derechos. Pero desaparece rápidamente cuando el debate gira en torno a beneficios tributarios para los grandes contribuyentes o incentivos destinados al capital.
Detrás de esta aparente contradicción existe una concepción muy precisa del Estado. Para el neoliberalismo, el Estado debe ser fuerte para proteger la propiedad, garantizar contratos y respaldar la estabilidad de los mercados; pero debe ser débil cuando se trata de redistribuir riqueza, garantizar derechos o corregir desigualdades. No estamos frente a un Estado pequeño. Estamos frente a un Estado selectivo, cuya fortaleza y debilidad se distribuyen según los intereses que protege.
Por eso el debate tributario nunca ha sido únicamente un debate contable. Es un debate profundamente democrático. Cada peso que el Estado deja de recaudar representa también una decisión sobre qué derechos podrán garantizarse y cuáles quedarán entregados a la capacidad de pago de cada familia. Reducir impuestos no es simplemente dejar dinero en el bolsillo de los contribuyentes; es decidir colectivamente cuánto estamos dispuestos a invertir en construir una sociedad más cohesionada, más igualitaria y más digna.
La historia económica demuestra que los países que alcanzaron mayores niveles de desarrollo no lo hicieron debilitando sistemáticamente su capacidad fiscal. Lo hicieron construyendo Estados capaces de recaudar progresivamente, invertir estratégicamente y garantizar bienes públicos de calidad. El verdadero dilema nunca ha sido Estado o mercado. El verdadero dilema es qué Estado y al servicio de quién.
Cuando un gobierno reduce deliberadamente sus ingresos y, acto seguido, afirma que debe endeudarse porque “no hay plata”, no estamos frente a una fatalidad económica. Estamos frente a una decisión política que pretende transformar un problema creado por el propio gobierno en argumento para justificar nuevas restricciones sobre los derechos sociales.
La pregunta que corresponde hacerse no es por qué el Estado necesita endeudarse. La pregunta es mucho más incómoda: ¿por qué un gobierno decide primero vaciar la caja fiscal para luego convencer a la ciudadanía de que la caja está vacía? Porque cuando la escasez es el resultado de una decisión política y no de una necesidad inevitable, deja de ser un problema económico. Se convierte en una forma de gobernar.