El argumento oficial es que abaratar la mano de obra de los adultos mayores fomenta su “empleabilidad.” Es la misma lógica que produce los contratos cero horas, el trabajo en plataformas sin derechos y la precarización sistemática del empleo: si un trabajador es más barato, será más “atractivo” para el empleador. Lo que ese argumento no dice es qué tipo de empleo se genera cuando el mecanismo es la rebaja del precio del trabajo. No empleo digno. Empleo de subsistencia. Empleo que reproduce la pobreza en lugar de superarla.
Por Daniel Jadue
Mientras el gobierno presentaba con bombos el alza del salario mínimo general a $553.553, la derecha chilena aprobaba en silencio, dentro del mismo proyecto, una medida que dice todo lo que necesitamos saber sobre quiénes gobiernan y para quiénes: la rebaja del salario mínimo para los trabajadores mayores de 65 años desde $539.000 a $415.000. Una diferencia de $138.553 al mes. Más de 1,6 millones de pesos menos al año.
El mecanismo del salario diferenciado para mayores de 65 años existe desde el gobierno de Piñera. Eso es verdad y hay que decirlo. Pero lo que hizo Kast no fue mantenerlo: lo profundizó. Ensanchó la brecha entre el trabajador joven y el trabajador viejo hasta dejar a este último con el 75% del salario mínimo general. Y lo hizo en el mismo proyecto en que anunció el alza como un logro, usando la subida como cobertura del recorte. La maniobra tiene nombre en retórica: ocultar algo malo dentro de algo que parece bueno.
El argumento oficial es que abaratar la mano de obra de los adultos mayores fomenta su “empleabilidad.” Es la misma lógica que produce los contratos cero horas, el trabajo en plataformas sin derechos y la precarización sistemática del empleo: si un trabajador es más barato, será más “atractivo” para el empleador. Lo que ese argumento no dice es qué tipo de empleo se genera cuando el mecanismo es la rebaja del precio del trabajo. No empleo digno. Empleo de subsistencia. Empleo que reproduce la pobreza en lugar de superarla.
Hay que pensar quiénes son estos trabajadores. Son hombres y mujeres que pasaron décadas aportando al sistema previsional que la dictadura privatizó en 1981. El resultado es que hoy la mayoría de los adultos mayores chilenos jubila con pensiones que no superan los $200.000 mensuales. Eso los obliga a seguir trabajando en guardias, limpieza, comercio ambulatorio y servicio doméstico para complementar una jubilación que no alcanza. Son los que el sistema descartó dos veces: primero cuando les entregó el ahorro previsional al mercado de capitales, y ahora cuando fija un piso salarial inferior porque han cumplido 65 años.
El diputado republicano que defendió la medida argumentó que los adultos mayores necesitan “flexibilidad laboral, no imposiciones uniformes.” La “flexibilidad” es la palabra que el neoliberalismo usa cuando quiere decir precariedad. La “libertad de contratación” es la libertad del empleador de fijar condiciones que el trabajador, en posición de necesidad, no puede rechazar. No hay nada libre en un contrato que se firma bajo la presión del hambre.
Lo que esta medida revela es una concepción del ser humano como factor de producción con valor decreciente. Un trabajador joven produce plusvalía plena; uno mayor produce menos y por lo tanto vale menos. Esa lógica está en el corazón de toda economía organizada en función de la acumulación de capital. Lo que el capitalismo no puede reconocer es que el valor de una persona no se mide en su productividad, que la dignidad de quien trabajó toda una vida no disminuye porque su cuerpo ya no soporte el ritmo de los años anteriores, y que una sociedad se mide por cómo trata a sus mayores, no por cuánto puede extraerles.
El Registro de Vándalos que Kast anunció en su Cuenta Pública amenaza con quitarle la Pensión Garantizada Universal a quien raye una pared. El salario diferenciado le quita $138.553 al mes a quien lleva décadas trabajando. En el mismo período, la rebaja tributaria que beneficia al 2% más rico le costará al fisco entre 4.000 y 4.700 millones de dólares anuales. La aritmética de este gobierno es perfectamente coherente: quitar abajo para dar arriba, y usar la emergencia como coartada para que nadie calcule el total.
La oposición anunció un proyecto para eliminar el salario diferenciado y establecer un ingreso mínimo universal sin distinción de edad. Hay que empujarlo con urgencia. Pero el problema de fondo que obliga a las personas mayores a trabajar con salarios de miseria requiere algo más que parchar el ingreso mínimo: requiere la reforma del sistema previsional que once gobiernos desde la dictadura no han hecho. Mientras las AFP sigan transfiriendo el ahorro previsional de los trabajadores al mercado de capitales, habrá trabajadores de 65, de 70 y de 75 años que no pueden jubilarse porque lo que acumularon en décadas de trabajo no alcanza para vivir.
La CUT anunció que recurrirá a la OIT por violación del Convenio 111 que prohíbe la discriminación en el empleo por edad. Es el camino correcto. Y la consigna de quienes ya están en las plazas tampoco necesita traducción: “Ni un peso menos por los años entregados”. No es una reivindicación gremial. Es la descripción exacta de lo que una sociedad le debe a quienes la construyeron.
La pregunta que le hacemos a un gobierno que prefiere ajustar el salario de los viejos antes que los impuestos de los ricos es simple y no admite evasiva: ¿qué vale una vida de trabajo en el Chile de Kast?