El temporal que ha dejado al menos cuatro muertos, más de 1.600 damnificados y más de 16 mil evacuados desde Atacama hasta Los Lagos ha puesto a prueba la “mano dura” que el gobierno de José Antonio Kast pregona en seguridad, pero que en gestión de catástrofes se revela como una máquina lenta, burocrática y clasista. Mientras los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) exigen la declaración de Estado de Catástrofe y la liberación del 2% constitucional —un fondo de 1.400 millones de dólares que ya está presupuestado—, el Presidente se limita a decir que “estamos evaluando hora a hora”. La misma derecha que encontró tiempo y recursos para rebajar impuestos a las grandes empresas en más de 4.000 millones de dólares anuales, que aprobó un endeudamiento histórico sin titubear, ahora se toma el tiempo para decidir si ayuda a los damnificados. La clase trabajadora, una vez más, asiste a la confirmación de una verdad incómoda: el Estado de los patrones siempre encuentra plata para los de arriba, pero cuando se trata de los de abajo, el dinero aparece con cuentagotas y la burocracia se convierte en un muro.**
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El sistema frontal que ha azotado el país desde el jueves pasado ha dejado una estela de destrucción que, según los propios especialistas, constituye el temporal más intenso y destructivo de los últimos 30 años [6†L14-L15]. Las cifras son elocuentes: cuatro fallecidos, un desaparecido, 14 lesionados, 1.652 damnificados, 1.519 albergados y más de 16 mil personas evacuadas [6†L22-L23][6†L11]. Los daños materiales son igualmente devastadores: 21 viviendas destruidas, 554 con daño mayor y 12.681 con daño menor, además de miles de hogares sin suministro eléctrico, concentrados en la Región de Valparaíso [6†L24-L28][15†L32-L33].
El temporal no ha sido un evento sorpresivo. La Dirección Meteorológica de Chile había declarado alarma roja en las regiones centrales de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana por riesgo de saturación de suelos y lluvias intensas [1†L7-L10]. El gobierno sabía lo que venía. Y sin embargo, la respuesta ha sido, en el mejor de los casos, tardía y fragmentada.
La farsa del 2% constitucional: el dinero que el gobierno quiere esconder
El epicentro de la controversia es el 2% constitucional, un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares contemplado en la Ley de Presupuestos para situaciones como esta [13†L24-L25][14†L26]. Entre sus competencias está la recuperación de infraestructura y servicios básicos municipales, así como la reparación de infraestructura de atención primaria de salud, como Cesfam y consultorios, varios de los cuales han sufrido daños producto del temporal [4†L25-L28][14†L27-L32].
El presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, fue categórico al exigir su activación: “La situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe. Los vecinos de las regiones de Atacama y Coquimbo requieren soluciones hoy, y está a la vista la necesidad de ejecutar esta herramienta que tiene el presidente Kast” [13†L20-L23][14†L20-L23].
Mientras tanto, el Presidente Kast se ha limitado a declarar que “todavía estamos en una situación crítica” y que están “evaluando hora a hora la situación, región por región y comuna por comuna” [12†L18-L19][12†L30-L31]. El viernes 17, anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia [10†L22][11†L14], y el sábado 18, el gobierno anunció que dispondría de esos recursos [2†L4-L8]. Pero la demora es un síntoma de la lógica de clase que gobierna al Estado chileno: cuando se trata de salvar bancos o dar rebajas tributarias a las grandes empresas, la plata aparece de inmediato; cuando se trata de reconstruir las viviendas de los pobres, la burocracia se convierte en un muro infranqueable.
La hipocresía de la “mano dura” y el abandono de los de abajo
La paradoja alcanza niveles grotescos. El gobierno de Kast ha impulsado una rebaja del impuesto corporativo que le costará al Fisco más de 4.000 millones de dólares anuales en ingresos no percibidos. Ha solicitado al Congreso autorización para endeudar al país en US$6.200 millones adicionales, llevando la deuda pública a su nivel más alto de la historia. Ha encontrado tiempo y recursos para todo eso. Pero cuando se trata de liberar un fondo que ya está presupuestado y que no requiere de nuevos impuestos ni de endeudamiento adicional, la máquina se atasca.
Mientras el temporal arrasa con las viviendas de los sectores populares, el gobierno de Kast se toma el tiempo para “evaluar” si decreta el Estado de Catástrofe. La misma “mano dura” que pregona contra la delincuencia se convierte en “mano lenta” cuando se trata de tender la mano a los damnificados. El Estado de los patrones siempre encuentra plata para los de arriba, pero cuando se trata de los de abajo, el dinero aparece con cuentagotas.
El verdadero balance: la deuda del Estado con los de abajo
La AChM ha enmarcado su petición en un contexto económico más amplio: “Han sido años difíciles para los chilenos, con una economía estancada y, además, enfrentando desastres naturales que golpean directamente el bolsillo de las familias” [13†L33-L34][14†L33-L34]. Alessandri fue claro: “Creemos que esta decisión puede ayudar a que las personas que lo han perdido todo tengan una solución pronta” [13†L35-L37][14†L34-L36].
Pero la clase trabajadora no debe esperar soluciones prontas de un gobierno que ha demostrado, una y otra vez, que su prioridad no es el bienestar de las mayorías, sino los intereses de los grupos económicos que lo financian. La demora en liberar el 2% constitucional no es un accidente ni un error técnico; es la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno: un Estado que siempre encuentra plata para los de arriba y siempre encuentra excusas para los de abajo.
Epílogo: la resistencia como única salida
El temporal ha dejado al descubierto la podredumbre de un sistema que abandona a los suyos en el momento de la emergencia. Mientras los vecinos de Atacama y Coquimbo esperan soluciones, el dinero del 2% constitucional sigue congelado en las arcas del Estado. La clase trabajadora debe exigir que se active de inmediato el 2% constitucional y que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Pero también debe entender que esta demora no es un accidente, sino la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba. La lucha por una respuesta rápida y efectiva ante la catástrofe es parte de una lucha más amplia: la lucha por un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de las élites.