Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum da un paso histórico al elevar al plano penal la denuncia por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del ICE —un gesto que busca desnudar el racismo estructural del imperio—, en el plano doméstico la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, el primer opositor en caer en la ofensiva judicial del sexenio, revela la lógica de clase de un sistema político que utiliza el lawfare como herramienta para disciplinar a sus adversarios y oxigenar a un partido oficialista acorralado por escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. La clase trabajadora mexicana asiste a un doble espectáculo: la denuncia de un Estado que se atreve a enfrentar al imperio, pero que al mismo tiempo reproduce, en su propio territorio, la lógica de la justicia selectiva que condena a los de abajo y blinda a los de arriba.
Por Equipo El Despertar
La dignidad de los 17: México lleva al imperio al banquillo penal
La maquinaria diplomática mexicana ha roto el silencio cómplice que durante décadas acompañó la muerte de migrantes en territorio estadounidense. La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de Estados Unidos las 17 denuncias penales por la muerte de connacionales en operativos o centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 20 de enero de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica: “No podemos solamente seguir con notas diplomáticas que no han dado resultados. Por eso pasamos a pedir que se investigue a quien resulte responsable”.
Los casos documentados son una crónica de la barbarie del imperio. José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, detenido el 23 de febrero de 2025 en el centro de Adelanto, California, murió un mes después con niveles de glucosa superiores a 600 miligramos por decilitro, sin que el personal médico lo trasladara a un hospital. Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, falleció por paro cardiaco tras siete semanas de síntomas infecciosos no atendidos. Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, murió en Luisiana por un evento cerebrovascular que ningún médico trató. En los expedientes, el ICE antepone el historial migratorio y penal de las víctimas a la explicación de sus causas de muerte. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha identificado que nueve de esas 14 muertes en centros de detención ocurrieron en instalaciones operadas por dos compañías privadas, GEO Group y CoreCivic, revelando la alianza entre el Estado y el capital que convierte el encierro migratorio en un negocio multimillonario.
Las acciones del gobierno mexicano son cuatro: una denuncia ante el Departamento de Justicia; presentación de denuncias ante fiscalías estatales; envío de escritos de “cese y desistimiento” a los centros de detención; y una comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Sheinbaum ha subrayado que “no se trata de provocar conflictos ni mucho menos, pero tampoco se puede, como gobierno, guardar silencio por temor a que haya algún problema en la relación con el gobierno del presidente Donald Trump”. Es la primera vez que un gobierno mexicano eleva la defensa de sus connacionales al terreno penal, reconociendo que el imperio no responde a notas diplomáticas.
Sin embargo, la analista de la Jornada ha sido lapidaria: “Acudir a las leyes en ese país, desde fuera, es como gritarle a un sordo”. Estados Unidos ha permitido que, desde 2025, al menos 60 migrantes de distintas nacionalidades mueran bajo custodia del ICE. El racismo estructural que Donald Trump ha exacerbado no se detiene con denuncias, sino que requiere de una movilización popular que trascienda los límites de la diplomacia burguesa.
La justicia de clase en México: la caída de Ruffo como cortina de humo
Mientras México enfrenta al imperio en el plano internacional, en el ámbito doméstico el gobierno de Sheinbaum ha desatado una ofensiva judicial que ha cambiado el tablero político. La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer gobernador de oposición (PAN, 1989) que derrotó al PRI en las urnas, por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, ha sido presentada por el gobierno como un golpe contra la corrupción. Pero la jugada tiene una utilidad política inmediata: llega en medio de una de las semanas más complejas para Morena, cuando los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y las acusaciones del Departamento de Seguridad de Estados Unidos contra una decena de funcionarios de Sinaloa —incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa— habían puesto al oficialismo bajo el escrutinio nacional e internacional. Ruffo se ha convertido en la válvula de escape de una crisis que amenazaba con ahogar a Morena.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar. El lawfare no es una herramienta de justicia, sino un instrumento de dominación de clase. Mientras la maquinaria judicial se ensaña con un exgobernador opositor, los verdaderos responsables de la corrupción sistémica —los grupos económicos que financian campañas, los empresarios que evaden impuestos, los políticos que negocian con el narcotráfico— siguen operando con total impunidad. La detención de Ruffo no es un triunfo de la legalidad, sino un gesto de disciplinamiento político que busca oxigenar a un partido oficialista acorralado, utilizando al exgobernador como chivo expiatorio de una podredumbre que atraviesa todo el sistema.
La función de clase de la doble estrategia
El gobierno de Sheinbaum está ejecutando una doble estrategia que revela las contradicciones de un Estado que intenta posicionarse como defensor de los derechos humanos frente al imperio, mientras en su propio territorio reproduce la lógica de la justicia selectiva. La denuncia contra el ICE es un acto de dignidad que desafía la impunidad del imperio, pero también es un gesto de legitimación: Sheinbaum necesita mostrarse firme ante Washington para desviar la atención de las crisis internas que sacuden a Morena.
Por otro lado, la detención de Ruffo Appel es una señal de que el Estado mexicano, como todo Estado burgués, utiliza el aparato judicial para disciplinar a sus adversarios políticos y contener los escándalos que amenazan la estabilidad del régimen. La misma lógica que permite a un exgobernador opositor ser detenido por corrupción es la que blinda a los funcionarios del partido gobernante acusados de vínculos con el narcotráfico. La justicia, en México, es un arma de clase que se usa contra los enemigos del régimen, no contra los privilegios del poder.
Epílogo: la lucha de los de abajo
La denuncia de México contra el ICE es un paso adelante en la defensa de los derechos de los migrantes, pero no debe ocultar la verdadera naturaleza de un sistema que, tanto en Estados Unidos como en México, criminaliza a los pobres y protege a los poderosos. Los 17 mexicanos muertos bajo custodia del imperio son víctimas del racismo estructural que alimenta la maquinaria migratoria de Washington. Ruffo Appel, por su parte, es el rostro visible de una justicia de clase que se aplica con saña a los adversarios políticos y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital.
La clase trabajadora mexicana no debe celebrar la detención de Ruffo como un triunfo de la justicia, ni debe confiar ciegamente en las denuncias de un gobierno que, en el fondo, reproduce la misma lógica de dominación que denuncia en el exterior. La única justicia posible es la que se construye desde abajo, con organización popular y conciencia de clase, frente a un sistema que siempre encuentra una bala para los de abajo y una excusa para los de arriba.